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10ene21
Bruselas asume que el déficit de España seguirá a cierre de 2022 por encima del 8%
La Comisión Europea confía en el que déficit de las Administraciones Públicas de la zona euro inicie su senda de contención este año, pasando del 8% del PIB en que ha terminado 2020 de media -según sus estimaciones- al 3,9% al término de 2022. Para España, no obstante, Bruselas se muestra mucho menos optimista.
Según recoge el Banco Central Europeo en su último boletín económico, la Comisión Europea tiene asumido que ni siquiera a cierre de 2022 España habrá conseguido bajar el déficit público del 8% del PIB -el máximo que se alcanzó en 2020 de media en la eurozona-. El resto de países se acercarán ya entonces al nivel del 3% que marca la diferencia entre el procedimiento de déficit excesivo y el preventivo, mientras que el español será todavía de más del doble.
En concreto, pronostican un desfase presupuestario para España superior al 12% del PIB para 2020 (más de 140.000 millones de euros de diferencia entre lo que ingresa y gasta el Estado), del 9,6% para 2021 y del 8,6% para 2022, lo que sitúa al país a la cola de la Eurozona.
El Gobierno todavía no ha hecho un ejercicio de proyección para 2022, ya que sólo ha incluido en su Programa de Estabilidad y en el Plan Presupuestario un pronóstico para 2020 y 2021, para los que prevé desfases del 11,3% del PIB y del 7,7%, respectivamente.
Mientras que el Ejecutivo cree que en este año ya conseguirá bajar el déficit de 8%, Bruselas no confía en que esto sucede ni en 2022. El dato de 2020, que podría finalmente quedar por encima del 11,3% del PIB, será el más elevado de la historia del país.
Más gasto por la pandemia
Inclina la balanza a favor de la hipótesis de la Comisión el hecho de que el Gobierno apenas tuviera en cuenta cuando elaboró los Presupuestos medidas de gasto para seguir conteniendo los efectos de la pandemia durante este ejercicio.
Ahora, la virulencia de la enfermedad y las restricciones administrativas impuestas, probablemente le lleven a prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el mes de junio, con lo que esto supone de aumento del gasto en prestaciones por desempleo y de merma de ingresos por cotizaciones sociales a la Seguridad Social.
A este incremento del gasto público hay que sumar la caída de la recaudación por el hundimiento del consumo -menos ingresos por IVA-, a la incierta evolución del empleo -menos recaudación por IRPF-, o la caída de beneficios de las empresas -merma de ingresos por Impuesto de Sociedades-, entre otros efectos que reducen los ingresos del Estado y engordan la brecha con los gastos.
[Fuente: Por Alejandra Olcese, Vozpópuli, Madrid, 10ene20]
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