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28abr18
Aeropuerto de Ciudad Real: de tumbar CCM al buenismo concursal del juez Carmelo
La llegada del juez Carmelo Ordóñez al juzgado mercantil de Ciudad Real parecía un buen comienzo para un wéstern de John Ford, del tipo El hombre que mató a Liberty Valance.
El juez Ordóñez, nacido en Ciudad Real, de orígenes humildes, con fama de hombre honesto, llegaba a su pueblo para poner orden en el gran desaguisado de la región: la venta del aeropuerto de Ciudad Real, un proceso atascado durante años y con cientos de millones enterrados bajo una pista de aterrizaje y despegue construida para que el mismísimo A-380 -el mayor avión de pasajeros del mundo- pudiera emplearlo.
El magistrado puso patas arriba todo el proceso de liquidación que hasta su llegada al juzgado, en octubre de 2015, se había organizado para vender el aeropuerto de Ciudad Real. Suspendió una subasta anterior e inició un nuevo proceso. Manos a la obra, aprobó la venta, en abril de 2016, a un empresario voluntarioso y que decía que tenía el dinero y el plan de negocio necesario para relanzar el aeródromo. Pero a día de hoy, la película del aeropuerto de Ciudad Real todavía no ha terminado, y más bien entra en la categoría del género del destape, una de Ozores, Esteso y Pajares.
Caída de Caja Castilla La Mancha
Varios empresarios manchegos de la época del boom financiero e inmobiliario español, con Domingo Díaz de Mera a la cabeza, proyectaron a principios de siglo la construcción del primer gran aeropuerto privado de España. Con buenos contactos, amistades en el PSOE, que entonces gobernaba Castilla-La Mancha, consiguieron los apoyos necesarios para construirlo, frente al pueblo de Argamasilla de Calatrava, a 20 kilómetros de Ciudad Real.
Caja Castilla La Mancha se involucró en el proyecto hasta las trancas, llegando a convertirse en el primer accionista de la empresa creada para construir el aeródromo, CR Aeropuertos. A través de Corporación Empresarial Caja Castilla La Mancha, la entidad financiera se convirtió en el primer accionista de la compañía privada. También se unieron a la aventura como pequeños accionistas la Universidad de Castilla-La Mancha, el grupo Isolux Corsan, o Iberdrola.
La generosidad de la caja con los empresarios del aeropuerto fue grandiosa. La entidad accedió a financiar la entrada de inversores pignorando las acciones. Es decir, que la caja prestaba a los inversores el dinero suficiente para comprar las acciones de CR Aeropuertos a cambio de que estos dieran en garantía las mismas acciones que compraban: que los empresarios no podían hacer frente a sus pagos comprometidos al aeropuerto, no hay problema, la caja se quedaba con su participación. Ante tal bicoca, conocidos del boom inmobiliario, como la familia Sanahuja, entraron en el capital.
Según un informe de Banco de España, CCM asumió un riesgo de 337 millones de euros en el proyecto aeroportuario. La cantidad total de dinero invertido, y perdido, de momento, en el aeropuerto de Ciudad Real, no se ha llegado a precisar, pero se habla de entre 400 y 1.000 millones de euros.
La finalización de la construcción del aeropuerto de Ciudad Real coincidió con la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera mundial. A finales de marzo de 2009, Caja Castilla La Mancha era intervenida por el Banco de España, la primera desde Banesto. CR Aeropuertos fue declarada en concurso necesario de acreedores en junio de 2010, un año después de que fuera inaugurado el aeropuerto manchego.
Narcos y fondos fantasma
El juzgado mercantil a cargo del concurso de CR Aeropuertos inició el intento de venta del aeródromo en el proceso de liquidación de la empresa, abierto en 2013. Desde entonces, y también antes, se han interesado por el activo todo tipo de personajes, desde narcotraficantes hasta fondos fantasma de inversión, pasando por empresarios quebrados. Pero ninguna compañía aeronáutica, industrial, constructora o fondo de inversión que diera seguridad financiera.
En noviembre de 2011 una operación policial puso fin a las actividades de una organización internacional dedicada al narcotráfico y extorsión, siendo arrestadas 150 personas, intervenidos 27 millones de euros, y decomisados 300 kilos de cocaína. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) informó que la banda había contactado con un empresario inmobiliario de una compañía cotizada para alquilar o comprar la terminal de carga del aeropuerto de Ciudad Real.
La administración concursal de CR Aeropuertos recibió ofertas de fondos árabes, chinos o británicos, pero cuando llegaba la hora de presentar avales, desaparecían. Los administradores organizaron una puja en 2014, a la que sólo se presentó el empresario Francisco José Ortiz, que aseguraba a los medios de comunicación que ofrecía 120 millones. Pero tampoco él presentó los avales necesarios.
En abril de 2015, la administración concursal optó por organizar una subasta para desprenderse del aeropuerto. En junio de ese año, cuando debía celebrarse la subasta, sólo una sociedad, Tzaneen International, había presentado los avales necesarios para participar en la misma. El 17 de julio de 2015, Tzaneen, tras la cual habría inversores chinos, se adjudicó el aeropuerto presentado una oferta de 10.000 euros.
Al ser el precio ofrecido por Tzaneen inferior al precio de venta estimado por la administración concursal, 40 millones de euros, se abrió la posibilidad a que otro postor pujara por el aeropuerto. Entre los nuevos postores se encontraba Melville Ten Cate, al frente de la empresa ECA Programs, que ofreció varias entrevistas a medios nacionales para asegurar que disponía de 80 millones para comprar el aeródromo manchego. Pero, como publicó este diario, el empresario en realidad estaba en quiebra, y poco podría ofrecer.
El juez Ordóñez y Rafael Gómez Arribas
En estas llegó al juzgado mercantil de Ciudad Real el juez Carmelo Ordóñez, dispuesto a despejar la venta del aeropuerto. Nada más arribar, en octubre de 2015, convocó a los acreedores y empresarios interesados en la compra, a los que trasladó su total disposición.
"Se encerró en el juzgado durante semanas, se llevó una cama a su despacho, era él quien abría y cerraba las puertas del juzgado mercantil, todo para empaparse del concurso del aeropuerto", recuerdan empresarios cercanos al proceso.
Un mes después de hacerse cargo de la liquidación del aeropuerto, el juez Ordóñez dio un volantazo al proceso seguido dejando en suspenso la subasta ganada por Tzaneen e iniciando una nueva operación de venta.
En abril de 2016, el juez adjudicó el aeropuerto a la empresa que más dinero (56 millones de euros) ofreció en el proceso que él había organizado, CR International Airport (Cria). Como publicó este diario un mes después, al frente de esta sociedad se encuentra el empresario Rafael Gómez Arribas, que aparece en el listado de grandes morosos que Hacienda publica anualmente.
Pero tampoco Gómez Arribas ha cumplido con el compromiso de aportar la cantidad ofrecida en el proceso de venta organizado por el juez Ordóñez. El magistrado ha ido ampliando los plazos otorgados para que se efectuara el pago debido de forma sucesiva, hasta que puso como fecha final el pasado 20 de abril.
Llegado el día, Gómez Arribas ofreció una rueda de prensa en Ciudad Real para admitir que no había sido capaz de reunir el dinero suficiente. Comentó que un fondo inglés, Round Shield Partners, con el que había estado negociando, le había dejado tirado y no había acudido a la notaría para hacer entrega del dinero.
Esta semana, Gómez Arribas ha contado que ha denunciado en un juzgado una supuesta trama para impedir la operación, que consistiría en haber enviado al fondo con sede en Londres información tributaria confidencial sobre su persona. "Nuestros abogados han recibido informaciones de origen desconocido sobre Cria", dicen fuentes del fondo británico con las que se ha puesto en contacto este diario, pero, apuntan, "en última instancia, hubo varias condiciones incumplidas que nos impidieron comprometer capital".
El juez Carmelo Ordóñez dictó un auto el lunes en el que informaba que el próximo 21 de mayo iniciará un nuevo proceso de venta del aeropuerto. Pero todavía el magistrado deja la puerta abierta a que Gómez Arribas siga insistiendo en la compra, al explicar que este ha solicitado más tiempo y la posibilidad de que fuera penalizado con medio millón de euros si incumpliera, otra vez, los plazos.
En el auto el magistrado indica que el precio de salida de venta del aeropuerto es de 56 millones de euros, y que para acceder a la documentación hay que consignar el 10%. El precio mínimo de puja, por tanto, es el máximo al que se llegó en la anterior subasta, y para estudiar el cuaderno de venta hay que entregar antes 5 millones de euros. Unas condiciones que no parecen vayan a ilusionar a muchos. Pero a estas alturas, cualquier cosa que ocurra con el aeropuerto de Ciudad Real ya poco puede sorprender.
[Fuente: Por Alberto Ortín, Vozpópuli, Madrid, 28abr18]
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