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21oct15
La Guardia Civil detiene al tesorero de CDC, Andreu Viloca
Efectivos de la Guardia Civil han detenido al tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Andreu Viloca, en el marco de la investigación del llamado caso 3%, sobre el que este miércoles se están reanudando los registros y del que se esperan más detenciones. Sobre Viloca, administrador de CDC y de su fundación afín CatDem, pesa la sospecha de que habría mediado en el cobro de comisiones irregulares del 3% para su partido a cambio de adjudicaciones de obra pública. Tras la detención, los agentes han entrado en la sede de la formación catalana, sita en la calle Córcega de Barcelona, con Viloca detenido y esposado. Junto a Viloca, los agentes también han detenido a una decena de personas, entre los que se encuentran empresarios de las sociedades públicas y privadas.
De hecho, la Guardia Civil ha entrado en las sedes de la empresa GISA, empresa de la Generalitat de Catalunya, que impulsa la obra pública autonómica, y ha detenido a su director, Josep Antoni Rosell. También ha detenido al consejero delegado del Grup Soler, un grupo de empresas de los sectores de las instalaciones, construcción, mantenimiento y servicios energéticos. Además los agentes han entrado en la sede de COPISA, empresa constructora con oficinas en L'Hospitalet de Llobregat.
Los registros de la Guardia Civil se extienden por varias poblaciones de Catalunya, como Olot o Sant Fruitós de Bages. En esta localidad, los agentes sospechan que se habrían hecho donaciones desde el ayuntamiento a la fundación de CDC con dinero público. Así, la investigación busca indicios que demuestren que la donación que el Grup Soler habría hecho a CDC serían a través de certificaciones de obra presuntamente falsas.
La operación policial sigue abierta y y no se descartan más detenciones. A media mañana se ha producido la llegada de los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo, que también han atravesado las puertas de la sede del partido.
Las nuevas pesquisas de hoy son el resultado del análisis de toda la documentación incautada el pasado 28 de agosto en los registros simultáneos que se hicieron en la sede de CDC y los ayuntamientos de Sant Cugat, Lloret de Mar y Figueres, así como en el domicilio del extesorero de Convergència, Daniel Osàcar. Aquel 28 de agosto, a las puertas de la campaña electoral del 27S, reapareció el fantasma del 3%. Agentes de la Guardia Civil, encabezados por dos fiscales anticorrupción, registraron la sede CDC buscando documentación relativa a la Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem), vinculada al partido que preside Artur Mas. Ese día, también se registraron las sedes de los ayuntamientos de Sant Cugat, Lloret de Mar y Figueres, así como el domicilio del extesorero de Convergència, Daniel Osàcar.
Todos estos registros se enmarcaron en la investigación sobre el supuesto pago de comisiones ilegales del 3% de la constructora Teyco al partido nacionalista. Teyco es propiedad de la familia Sumarroca, una saga empresarial estrechamente ligada a CDC y vinculada personalmente a Jordi Pujol.
Ese registro del 28 de agosto deparó sorpresa a los investigadores. Para empezar, la entrada en Convergència se tuvo que improvisar tras comprobar en la sede de la fundación CatDem que Viloca, tenía toda la documentación en un despacho del partido. Por eso se solicitó por fax la entrada en el edificio de la calle de Còrcega, centrando el registro en la documentación referida a CatDem. En ese despacho, tras la caja fuerte pegada a la pared, una guardia civil encontró una misteriosa carpeta que había ido a parar a ese rincón. En su interior encontraron un contrato entre dos mercantiles. Y en ese mismo contrato se apreciaba una anotación a mano: "tres por ciento". En esa misma carpeta también había un poder notarial a nombre de Andreu Viloca como administrador de CatDem otorgado por alguna de esas dos empresas. Otro hallazgo "sospechoso" fueron la casi decena de folios que aparecieron en la trituradora y en las que se adivinaba el anagrama verde de Teyco.
En las últimas semanas, el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil ha logrado reconstruir casi en su totalidad los documentos. Esos registros se enmarcaron en la segunda parte de la denominada Operación Petrum, que se inició hace más de un año en Torredembarra. La Guardia Civil de Torredembarra y esos dos fiscales anticorrupción, asentados en Madrid, investigaron al exalcalde convergente Daniel Masagué acusado de haber recibido 1,43 millones de euros de siete empresas controladas por la familia Sumarroca a cambio de contratos de obras públicas, como la construcción de un aparcamiento y la gestión del alcantarillado.
En el transcurso de esa investigación, el pasado 23 de julio fueron detenidos el exalcalde Masagué, por segunda vez, y el exconsejero delegado de Teyco Jordi Sumarroca, así como dos familiares de este. Jordi Sumarroca pasó 19 días en prisión y quedó en libertad tras pagar una fianza de 600.000 euros.
En los registros de su domicilio y de la sede de Teyco, la Guardia Civil encontró una caja fuerte y en su interior documentación con anotaciones a mano sobre una especie de contabilidad que según algunas fuentes vinculaban contratos públicos con aportaciones a la fundación convergente por unos importes que coincidían con el 3% del total de las obras. Y en algunos casos, a renglón seguido aparecían cantidades aportadas a CatDem. Dos de estos pagos, de 50.000 euros cada uno, los días 4 y 10 de mayo del 2009.
Toda esta investigación se dirige desde el juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, porque el caso empezó a partir de una denuncia de una exconcejal de ERC de Torredembarra, aunque las pesquisas superan con creces el ámbito local. Desde el primer momento, la constructora Teyco ha negado haber pagado comisiones a CDC a cambio de contratos de obra pública con la Generalitat. Y aunque ha reconocido las donaciones que con los años ha hecho a fundaciones de diferentes partidos políticos, ha asegurado que esas partidas nunca han tenido "fines ilícitos".
[Fuente: La Vanguardia, Barcelona, 21oct15]
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