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24nov23
La Fiscalía pide 27 años de cárcel por terrorismo a los CDR que el PSOE incluye en su amnistía
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes su escrito de acusación contra los radicales de los CDR que presuntamente planearon atentados, sabotajes y un asalto del Parlament para lograr la independencia. El fiscal solicita 27 años de cárcel para ocho de ellos por los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. A otros cuatro los sitúa un escalón por debajo y pide ocho años de cárcel al acusarles solo del primer delito.
El siguiente paso consistirá en fijar fecha para el juicio, pero la ley de amnistía que el Gobierno ha pactado con los independentistas pone en peligro el futuro de la causa: aunque su artículo 2 excluye "los actos tipificados como delitos de terrorismo" de la amnistía, limita esta salvedad a aquellos casos en los que "haya recaído sentencia firme". Los 12 miembros de los CDR ni siquiera han llegado a sentarse en el banquillo, por lo que quedarían fuera de esa excepción.
La Guardia Civil detuvo a los 12 acusados en septiembre de 2019. Según los investigadores, formaban parte de un subgrupo de los CDR llamado Equipos de Respuesta Táctica (ERT) que planeaba atacar infraestructuras de comunicaciones, electricidad y edificios públicos para generar una escalada de violencia que desembocara en la ruptura de Cataluña con el resto de España. "Habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable", sostiene el escrito de acusación.
Entre sus supuestos objetivos, destacaba la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Barcelona, así como miembros, vehículos e instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El fiscal destaca que planeaban utilizar "los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".
Su plan estrella era asaltar el Parlament de Cataluña coincidiendo con la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 1-O. "La ocupación se realizaría por la puerta principal del Parlament ya que, supuestamente, se les facilitaría el acceso desde el interior", explica el escrito de acusación de la Fiscalía. "Junto a un reducido grupo de personas, cooperarían con el grupo denominado CNI catalán, y se encargarían del alquiler de inmuebles y locales que les proporcionasen seguridad y el establecimiento de bases de intendencia, para permanecer en el interior del edificio al menos una semana".
Los 12 acusados son Eduardo Garzón, Esther Garcia, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas Aubeso, Alexis Codina, Jordi Ros, Rafael Joaquín Delgado, Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero. La Fiscalía atribuye a todos ellos un delito de pertenencia a organización terrorista y, a los ocho primeros, les suma también los de fabricación de explosivos y estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.
Foto: La comparación que realizaba la Generalitat en su informe con las estrategias de inteligencia artificial de otros países.
El fiscal que firma el escrito de acusación es Miguel Ángel Carballo, el mismo que ha descartado el delito de terrorismo en la investigación sobre Tsunami Democràtic que mantiene imputados al expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. En este procedimiento paralelo, Carballo considera que ninguna de las pruebas recabadas permite "sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni tampoco su carácter terrorista".
La petición fiscal tiene lugar precisamente en un momento en el que la postura del fiscal general del Estado frente a algunos extremos del acuerdo del PSOE y Junts está siendo cuestionada por una parte de la carrera. En repetidas ocasiones, Álvaro García Ortiz ha repetido que no puede posicionarse públicamente sobre la cuestión debido a que el Ministerio Público tendrá que informar sobre la aplicación de la ley en múltiples casos. Este mismo es uno de ellos.
[Fuente: Por Beatiz Parera, El Confidencial, Madrid, 24nov23]
Radio Nizkor
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