Equipo Nizkor - El asalto del soberanismo a la Cámara de Comercio de Barcelona: votos nulos y peritos dudosos.

Las elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona celebradas en 2019 fueron manipuladas por los independentistas para hacerse con el control de la institución. En el proceso, que se celebró en el mes de mayo, resultó elegido el soberanista Joan Canadell, que hoy es diputado de JxCAT, gracias a las trampas que se urdieron desde la Administración. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 15 de Barcelona ha anulado el resultado y determinado que se vulneró el "derecho a la igualdad". A través del voto telemático, la Generalitat, que diseñó todo el proceso, instituyó una estrategia por la cual se anularon aquellos apoyos no ligados a la órbita independentista. Así, el control del órgano se dio a la candidatura Eines de País, auspiciada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). En la presidencia del Govern estaba entonces Quim Torra, que llegó a hacer un llamamiento al empresariado para que votase dicha opción, y como consejera de Empresa estaba Àngels Chacón, actual líder del PDeCAT y aspirante a ser la cabeza visible de una nueva fuerza del catalanismo moderado.

La Cámara de Comercio de Barcelona fue la primera institución relativamente importante, más allá de las estructuras políticas, que cayó en manos del independentismo. La Generalitat maniobró entre bambalinas para facilitar un sistema que pudiese beneficiar a los suyos. Y para blindar la candidatura de la ANC auspició un sistema de voto electrónico que administraciones como la suiza rechazaron por poco fiable. Un año después del proceso para designar al presidente del órgano, Scytl, la empresa que prestó la infraestructura, fue a concurso de acreedores, en medio de una gran polémica por su labor en el recuento de votos en las elecciones norteamericanas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya determinó que el decreto de la Generalitat que convocaba las elecciones era nulo de pleno derecho, lo que implica repetir los comicios. El recurso contra el decreto fue interpuesto por la empresa Staff Pavillon, que ganó el pulso en los tribunales. Ese expediente está paralizado en la actualidad, aunque fuentes cercanas al caso no descartan una nueva demanda contra el Gobierno catalán por no aplicar la sentencia.

Un presidente ilegal

La victoria de Canadell despertó suspicacias desde el principio. Y ahora es el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 15 de Barcelona el que ha dictaminado que las elecciones fueron irregulares. En ese juzgado, se habían interpuesto 16 demandas de impugnación de afectados por la decisión de la anulación arbitraria de votos. “Si no hubiesen hecho trampas, Joan Canadell nunca habría conseguido ser presidente de la Cámara de Comercio, sino que lo habría sido Carles Tusquets”, señala una fuente cercana al caso. El juzgado estima en parte los recursos presentados y dictamina que la actuación administrativa impugnada “ha vulnerado el derecho a la igualdad” y declara “la nulidad de pleno derecho de los resultados definitivos relativos a las vocalías 8.5, 8.7, 9.1, 12.4 y 12.6 aprobados por los acuerdos de la junta electoral en fecha 13 de mayo de 2019”.

Las vocalías citadas son las que representan a importantes sectores industriales o de servicios. El capítulo 8.5, por ejemplo, fue clave: los independentistas anularon cientos de votos para que no saliese elegido el vocal de la empresa Infinit Planet y para favorecer a Joan Font, propietario de los supermercados Bon Preu, que pudo de ese modo ocupar un sillón en el pleno del órgano. Si las cosas se hubieran hecho legalmente, jamás habría tenido ese puesto. Font es uno de los empresarios públicamente alineados con el secesionismo, miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), asesor de Artur Mas en el camino hacia la ruptura. En octubre de 2019, su cadena de tiendas decidió no abrir sus puertas (fue una decisión patronal) para sumarse a la huelga general convocada por el independentismo para protestar contra la sentencia del 1-O. Pero en otoño de 2017 la sede de su sicav, Portfoli GT, ubicada en Manresa, pasó a establecerse en Madrid.

Lo mismo ocurre con los otros capítulos: en el 8.7, que corresponde al sector de los electrodomésticos y farmacéutico, entraron sendos vocales soberanistas y se excluyó al empresario Luis Vendrell, de Unión Suiza, al anular sus votos. El sector de la hostelería es otro de los damnificados: el empresario Joan Gaspart quedó fuera gracias a las trampas independentistas. En el capítulo 12.4 eran tres los vocales a elegir para el sector inmobiliario: de ellos, Pere Vinyoles es el único no independentista, pero si no se hubieran anulado determinados apoyos, los soberanistas no hubieran conseguido ninguno de los otros dos. Y en el apartado 12.6, relativo a actividades empresariales de servicios, se dio una situación similar a las anteriores.

Cientos de votos anulados

Los empresarios que impugnaron las elecciones se quejaron de que no hubo voto en papel, sino solo electrónico y en dos modalidades: presencial y remoto. Del total de 16.225 sufragios emitidos por la segunda modalidad, más de 1.300, según la sentencia, “fueron sometidos a estudio, control o auditoría y 668 de ellos fueron definitivamente anulados o no computados. La debilidad del sistema hizo que después de emitidos los votos, muchos de ellos fueran anulados o no contabilizados”. Ese número de papeletas es importante, puesto que en ocasiones los independentistas se adjudicaban una vocalía por apenas media docena de votos.

El desastre en el proceso fue tal que no se identificaron los votos en el sistema de remoto, “hasta el punto de que fue necesario 'a posteriori' poner ‘en estudio’ un determinado número de votos ‘sospechosos’, para después llevar a cabo una serie de investigaciones, incluidas llamadas electrónicas a los electores, determinar la validez o no del voto”. Para el juez, la necesidad de realizar esas llamadas evidencia que "el sistema no garantizaba la identificación fehaciente del votante. O, dicho de otro modo, el sistema permitió votar a pesar de que el elector no estaba plenamente identificado", lo que trajo consigo otra serie de cuestiones que igualmente vulneraban el derecho a la igualdad, como considerar el voto múltiple desde una misma IP o declarar nulos —o no computarlos en el recuento— determinados votos "por razones ajenas a las causas tasadas de nulidad previstas en la legislación".

Esta acusación hace referencia al hecho de que la mesa electoral de la Cámara de Comercio anuló votos no independentistas de un capítulo aduciendo que estaban emitidos desde la misma IP que los de otros apartados, lo cual es normal, puesto que una gran empresa puede pertenecer a varios sectores a la vez y utiliza el mismo ordenador para votar a los vocales del 7.5 y a los del 7.6, por ejemplo. La coincidencia, sin embargo, sirvió a la Generalitat para expulsar de la Cámara a los no secesionistas.

El consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, señaló este lunes, tras conocerse la sentencia, que la Generalitat la recurrirá. El republicano explicó que los letrados del Govern están estudiando el fallo y lamentó la “dinámica judicializada” del caso.

Un perito nada neutral

No se quedan ahí las trampas: para oponerse a los recursos, la Generalitat presentó un dictamen de un perito supuestamente neutral con el fin de justificar su actuación en todo el proceso. El informe estaba firmado por Raül Rabionet, en representación de la sociedad Agtic Consulting. Lo que ocultaba el Govern era que ese especialista tenía muy poco de objetivo. En realidad, conforme señala un informe de la Fiscalía enviado al juzgado el pasado mes de mayo, “el director del equipo de auditores que supervisó el desarrollo del proceso electoral es la misma persona que ahora suscribe el informe aportado por el letrado de la Generalitat como pericial de parte”.

El duro texto del Ministerio Público señala que “este perito es abogado y su informe está trufado de valoraciones jurídicas que nada tienen que ver con el carácter técnico que debe presidir todo dictamen que merezca ser tenido por prueba pericial”. El fiscal apoya a los impugnadores de las elecciones y subraya en uno de sus párrafos que el especialista “no solo es parte interesada en el asunto, por haber sido auditor antes que perito y coincidir el objeto de ambas ocupaciones, de ahí que todos los esfuerzos que emplea compongan una suerte de ditirambo sobre su actuación, sino que además el contenido jurídico de su informe sobrepuja los conocimientos técnicos”.

El escrito del fiscal termina recordando que la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que “al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito”. En este caso, el perito debía decidir sobre un sistema electoral que él mismo había puesto en marcha. Las tripas del mayor pucherazo electoral de Cataluña comienzan a salir a la luz gracias a la Justicia.

13dic21

El asalto del soberanismo a la Cámara de Comercio de Barcelona: votos nulos y peritos dudosos

[Fuente: Por Antonio Fernández, El Confidencial, Madrid, 13dic21]

Information
Bookshop \| Donate Derechos \| Equipo Nizkor