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04oct21
La Justicia italiana suspende la extradición de Puigdemont a la espera del TJUE
El Tribunal de Apelación de Sassari deja en el aire resolver sobre si entrega o no al expresidente catalán hasta que la Justicia europea se pronuncie por la cuestión prejudicial planteada por Llarena sobre las euroórdenes.
La Justicia italiana ha suspendido la extradición de Carles Puigdemont. El Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña) ha declinado tomar ya una decisión acerca de si entregar o no al expresidente de la Generalitat de Cataluña al Tribunal Supremo, que le reclama para juzgarle por la causa del procés. El Tribunal de Apelación de Sassari ha preferido de esta forma aguardar a la respuesta del TJUE en relación a la cuestión prejudicial planteada por el magistrado Pablo Llarena.
El tribunal responde de esta manera en similar sentido al que se pronunció Bélgica al dejar en el aire la resolución de la petición de entrega. El objetivo es aguardar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva sobre la cuestión planteada en marzo por Llarena en relación a las euroórdenes. El instructor del procés recurrió a Europa después de que Bélgica declinara entregar al exconsejero catalán Lluig Puig. El objetivo era preguntar si a esta autoridad judicial le está permitido rechazar la entrega a pesar de que existe una orden de detención sobre él.
De esta forma la Justicia italiana pone un paréntesis al conflicto que arrancó tras la detención de Puigdemont el pasado 24 de septiembre en el aeropuerto de Alguero (Cerdeña). La Policía italiana le detuvo cuando acudía a participar a un acto de folklore popular catalán y le puso a disposición de la autoridad judicial, la cual le dejó en libertad sin medidas cautelares y le emplazó a comparecer este lunes para celebrar la vista de extradición.
Mientras tanto el Tribunal Supremo ha movido ficha en los últimos días con el fin de conseguir que se materialize la euroorden dictada en octubre de 2019. Al respecto, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha emitido dos oficios al tribunal de apelación de Sassari recordando que las euroórdenes dictadas contra él tras conocerse la sentencia condenatoria del procés, seguían vivas. El instructor de esta causa pidió su entrega inmediata recordando que nunca las desactivó y desmintió a la Abogacía General del Estado insistiendo en que no era cierto que hubieran decaído.
El asunto de fondo reside en la cuestión prejudicial que Llarena planteó al TJUE en relación a la negativa de Bélgica de entregar a Lluis Puig. El exconsejero catalán –que también se fugó de la Justicia tras el arranque de la investigación en la Audiencia por la fallida declaración de independencia en Cataluña- logró evitar ser entregado a España a comienzos de año. Ello llevó a Llarena a plantear una cuestión prejudicial a la Justicia europea para aclarar si Bélgica tiene permitido rechazar su entrega, teniendo en cuenta que pesaba sobre él una orden de detención y que, a diferencia de Puigdemont, no es europarlamentario.
La inmunidad como telón de fondo
Paralelamente, el Supremo abrió una segunda vía en Europa en relación a las inmunidades de Puigdemont y de los también huidos Antonio Comín y Clara Ponsatí. La Sala de lo Penal (que juzgó el procés) envió unos suplicatorios de suspensión de inmunidad de todos ellos a comienzos de año con el fin de que se aplicasen las órdenes de detención europeas dictadas contra todos ellos. El procedimiento arrancó en enero y tuvo su último movimiento el 30 de julio. Ese día, el TGUE determinó en una resolución que Puigdemont perdía la inmunidad de manera cautelar mientras se resolvía todo lo relativo a la cuestión prejudicial planteada por Llarena.
El documento en cuestión –que es la piedra angular en la que se sustenta la decisión de Italia de no entregarle por el momento- razona que las euroórdenes no están vigentes porque Europa está tramitando la duda planteada por Llarena. Es decir, que hasta que no resuelva sobre este asunto, carece de inmunidad en todo lo que no sean desplazamientos para acudir al Parlamento, pero tampoco hay riesgo real de detención. Llarena, por su parte, asegura que eso no es así, y por ello pidió que se entregase de manera inmediata al líder del PDeCAT porque las euroórdenes jamás se anularon.
Al respecto razonó que la Abogacía General del Estado (que representa al Reino de España en estos litigios en Europa) era conocedora de la situación puesto que figura como personada en la causa en el marco de la cual se dictaron las órdenes de arresto y entrega. Tanto es así, que este mismo lunes ha vuelto a dirigirse al tribunal italiano por tercera vez en estos días para recordarle que sobre Ponsatí y Comín también pesan las mismas medidas cautelares.
En su providencia ha recordado que la situación de la OEDs libradas contra ellos es “semejante” a la que se comunicó sobre Puigdemont. Por ello ha pedido también su entrega haciéndose eco de las informaciones publicadas en prensa acerca de que ambos líderes independentistas se habrían desplazado a Cerdeña para apoyar al expresidente catalán en esta nueva cita con la Justicia.
[Fuente: Por Gema Huesca, Vozpópuli, Madrid, 04oct21]
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