Equipo Nizkor - Decenas de policías se enfrentan a condenas por las cargas del 1-O en juzgados catalanes.

Decenas de policías y guardias civiles permanecen imputados acusados de hacer un uso excesivo de la fuerza en las cargas para impedir el referéndum ilegal del 1-O. Sus causas se encuentran repartidas en varios juzgados de Cataluña, que han investigado durante más de tres años y medio por debajo del radar. La lista de agentes implicados ha ido creciendo eclipsada por otros procedimientos más mediáticos como el que se siguió en el Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés' recién indultados o el que absolvió a la cúpula de los Mossos d’Esquadra en la Audiencia Nacional.

Solo en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona que dirige el magistrado Francisco Miralles se instruye una macrocausa que acumula hasta 28 piezas separadas, una por cada colegio electoral de la Ciudad Condal en el que se presentaron denuncias contra agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informan a El Confidencial que el magistrado tiene intención de terminar la causa próximamente. Precisan que ha citado a declarar a media docena de agentes durante el mes de julio.

Tras ello, espera poder cerrar el caso y decidir a cuántos agentes lleva al banquillo de los acusados para que sean juzgados por un magistrado de lo Penal o la Audiencia Provincial, en función de las penas que pidan las acusaciones. Será en ese punto cuando se pueda establecer una cifra exacta de policías y guardias civiles imputados. Según las mismas fuentes oficiales consultadas, superan fácilmente la treintena, pero es complejo fijar el dato exacto porque hay casos de agentes que están imputados por su actuación en varios centros de votación.

El elevado número de partes personadas en estos procedimientos es uno de los motivos de su ralentización. Son muchos actores presentando recursos y solicitando diligencias. Eso ha alargado la instrucción, indican fuentes jurídicas. Entre ellas está la Generalitat de Cataluña, que actúa contra los policías por medio de sus servicios jurídicos. Además de particulares, también ejercen la acusación las plataformas independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, lideradas en el 1-O por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, dos de los condenados por sedición indultados.

"Más de cien policías"

Otra de las razones para una investigación tan larga son los cientos de vídeos que ha habido que solicitar y visionar para acreditar las denuncias presentadas y el presunto uso desmedido de la fuerza por parte de los policías. Con motivo del tercer aniversario del referéndum, un grupo de personas que resultaron lesionadas durante las cargas anunciaron la plataforma Defensem 1-O. Decidieron organizarse en torno a esa marca para ejercer una acusación común en los juicios que están por venir. En su presentación, se felicitaban por haber "conseguido sentar en el banco de los acusados a más de 100 policías" en varias causas en toda Cataluña.

También se investiga a las fuerzas de seguridad en otros juzgados como el número 2 de Manresa, donde se analiza la actuación policial en el Ayuntamiento de Fonosolla. La Audiencia Provincial —que estudia los recursos— consideró en febrero que la Generalitat de Cataluña no tiene legitimidad para actuar contra los agentes como acusación popular. Ante el Juzgado 7 de Barcelona, el Govern pidió sin éxito investigar una denuncia por abuso sexual de un policía a una votante.

La Fiscalía pidió el archivo

En el otro lado se ubican tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno socialista de Pedro Sánchez. En casi todos los casos, ambas instituciones defienden a los agentes y se oponen a las pretensiones de las acusaciones. En marzo, el Ministerio Público pidió el archivo de la pieza principal que instruye el Juzgado número 7 de Barcelona y sus casi 30 piezas separadas. Son las Diligencias Previas 1439/2017 y en ellas se investigan las causas comunes de todas las cargas y sus responsables últimos.

En el marco de esta causa declaró como testigo el que fuera secretario de Estado de Seguridad durante la consulta, José Antonio Nieto, quien defendió ante el juez la actuación de las fuerzas de seguridad. Las acusaciones han pedido en varias ocasiones su imputación y la de mandos policiales como el máximo responsable de los antidisturbios de la Policía Nacional en el momento de los hechos, el comisario Ruiz Igusquiza, actualmente agregado en la Embajada de España en Moscú.

La Fiscalía pidió el archivo y seguir investigando solo cinco procedimientos independientes por delitos leves y dos por lesiones graves. Entre ellos pedía continuar investigando los hechos en torno a la actuación policial que le costó un ojo a un votante llamado Roger Español por el impacto de una pelota de goma. El propio Español también fue imputado por enfrentarse a los policías. En sus argumentos a favor del sobreseimiento, la Fiscalía apelaba a los argumentos de la sentencia por sedición del Tribunal Supremo, pero la Audiencia Provincial desestimó sus pretensiones en un auto del pasado abril. Los jueces defendieron que se trata de procesos diferentes.

En otro auto de abril, la Audiencia Provincial también afirmó que “hay imágenes de ese día absolutamente lamentables e injustificables”. Así se expresaba sobre la labor de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el referéndum. A su juicio, “es innegable que en algunos casos la actuación de agentes policiales concretos no estaba justificada y pudiera integrar hechos delictivos”.

En la mayoría de los casos se trata de acusaciones por lesiones provocadas a personas que acudieron el 1 de octubre de 2017 a votar en los colegios electorales a pesar de la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional. Les asistía el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que les ordenó hacer cumplir esa prohibición. Entre distintos sectores policiales cunde una sensación de abandono, acrecentada ahora tras el indulto a los condenados por liderar el proceso soberanista que motivó el despliegue policial.

A esta impresión, se suma la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió al mayor de los Mossos d’Esquadra, José Luis Trapero, y a la cúpula del cuerpo autonómico. Establecen un relato de los hechos desfavorable a la actuación de la Policía y la Guardia Civil al proceder a las cargas. Los fundamentos jurídicos no solo no reprochaban la presunta pasividad de los policías catalanes, sino que avalaba su actuación por tratar de "minimizar daños". De ese modo, la Audiencia Nacional ponía en duda la gestión de la situación que habían hecho las fuerzas de seguridad del Estado.

29jun21

Decenas de policías se enfrentan a condenas por las cargas del 1-O en juzgados catalanes

[Fuente: Por Alejandro Requeijo, El Confidencial, Madrid, 29jun21]

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