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09jun21
La justicia europea tumba una iniciativa ciudadana impulsada por Puigdemont
En 2019 el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido de la justicia española desde 2017 y residente en Bélgica, donde desde principios de 2020 ocupa un escaño en el Parlamento Europeo, comenzó una campaña de recogida de firmas con el objetivo de utilizar uno de los instrumentos a la disposición de los ciudadanos, la Iniciativa Ciudadana Europea, para obligar a la Comisión Europea a que se pronunciara sobre la calidad democrática de España.
El Ejecutivo comunitario rechazó siquiera el registro de la iniciativa, presentada por el Consell per la República que lidera el propio Puigdemont y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), argumentando que no cumplía con los requisitos mínimos del reglamento que regula dicho instrumento. La iniciativa, titulada 'Derecho de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas', tenía que recoger un millón de firmas de siete Estados miembros distintos para poder ser aceptada. Pero no fue necesario llegar a ese punto, porque Bruselas rechazó su registro.
Las peticiones del Consell y de ACN eran muy generales, y solamente se invitaba a la Comisión y al Parlamento a “activar mecanismos que permitan ayudar a la mejora de la calidad democrática en España”, por lo que se puede entender explorar la aplicación del artículo 7 de los tratados, una cláusula pensada para castigar a los Estados miembros que violan los valores fundamentales de la Unión, como la independencia judicial. En julio de ese mismo año la Comisión rechazó el registro, argumentando que la iniciativa no invitaba a Bruselas “a presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión”. Pero los promotores de la misma reclamaron ante los tribunales europeos.
La sentencia del Tribunal de General de la Unión Europea es muy clara respecto al recurso presentado por la ANC y el Consell: la Comisión Europea estaba en lo correcto al rechazar el registro de la iniciativa. “El Tribunal General considera que manifiestamente no se invitó a la Comisión a que presentara una propuesta de acto jurídico de la Unión, por lo que la citada institución consideró acertadamente en su decisión que la propuesta de iniciativa ciudadana europea estaba claramente fuera del ámbito de sus competencias”, señala la alta corte de Luxemburgo.
Desde el sector independentista se ha estado defendiendo que Bruselas se escondía tras asuntos técnicos para no abordar el fondo del asunto. Pero los jueces señalan que no es así: sencillamente no han utilizado de forma adecuada el instrumento, pensado para que ciudadanos europeos y organizaciones de la sociedad civil puedan reclamar a la Comisión Europea que presente una iniciativa legislativa al respecto.
[Fuente: Por Nacho Alarcón, El Confidencial, Madrid, 09jun21]
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