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23sep20
El Gobierno tramitará los indultos de los presos del 'procés' a partir de la próxima semana
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles que su departamento comenzará la semana que viene a tramitar las peticiones de indulto para los condenados por delitos de sedición por su participación en el proceso de independencia de Cataluña. Campo se ha manifestado así en la sesión de control al Gobierno del Congreso a una pregunta de la diputada de JxCat Laura Borrás "sobre las medidas del Gobierno a la vista de la deriva en la que está instalada la justicia española".
El titular de Justicia ha explicado además que el Gobierno mantiene su idea de reformar en el Código Penal, entre otros delitos, los de rebelión y sedición para adaptarlos a la nueva realidad social y a la normativa de otros países.
Laura Borrás ha comentado que este miércoles el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, estaba "declarando por segunda vez en siete días por una pancarta y desde el jueves pasado todo el mundo está especulando sobre cuándo va a salir su sentencia en el Tribunal Supremo".
"¿Sabe por qué la de la Gürtel no ha salido todavía y llevan siete meses deliberando cuando es el mismo ponente?, ha preguntado Borrás, subrayando que la ley dice literalmente que todo debería resolverse por orden de llegada. "¿El turno se altera por ser catalán e independentista?", ha preguntado la diputada al ministro.
Borrás ha comentado que "esta semana nos hemos encontrado con que el teniente fiscal del Tribunal Supremo denunció presiones de dos fiscales que acudieron a su despacho a intentar influir contra su decisión de pedir el archivo de las 21 querellas presentadas contra el Gobierno en su gestión de la crisis del COVID".
"En esta ocasión, estos dos juristas parece que actuaron absolutamente esclavos de su ideología, pero cuando ellos mismos actuaron contra los líderes independentistas insistiendo hasta la náusea de acusarles de rebelión entonces se limitaron a aplicar criterios jurídicos y supieron contener sus ideas", ha añadido.
A juicio de Borrás "la justicia española es más española que justicia" ha añadido: "Gestionen el conflicto que mantienen con Cataluña" y "háganlo desde la política abandonando la judicialización", ha dicho.
Campo ha mantenido: "Nuestros jueces no son menos independientes aunque dicten resoluciones que a usted no le gusten y somos un estado social y democrático de derecho donde cada uno tiene que cumplir el papel constitucional que le corresponde".
"Estamos plenamente dispuestos al diálogo que es la manera de resolver los conflictos políticos y afrontamos con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige y reclama la sociedad", ha añadido.
Y ha abundado en que su Ministerio "impulsa normativamente aquello que son los designios del Gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos", para concluir diciendo: "Por cierto esos que a usted le preocupa, porque les toca, comenzarán a tramitarse la semana que viene".
El proceso supera los seis meses
Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que los expedientes de indulto de los doce condenados por el proceso independentista se tramitarán de forma individual, en un procedimiento que suele superar los seis meses.
El primer paso, apuntan las fuentes del Ministerio, será reclamar los informes del tribunal sentenciador, el Supremo, y de la Fiscalía.
Se tramitarán doce expedientes porque la primera solicitud que entró en el registro del Ministerio, en enero, pedía el indulto para los doce condenados, aunque sólo nueve fueron condenados a penas de prisión: Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Cada expediente es individual y arrastra las distintas soluciones que se hayan registrado para la misma persona, añaden las fuentes, que explican que la tramitación comienza ahora tras superarse el atasco provocado por la pandemia.
Los indultos, una medida de gracia discrecional en manos del Gobierno, se rigen por una normativa de 1870, que determina que, una vez recibida la solicitud, el ministro de Justicia debe enviarla al tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, para que emita su informe.
Ese tribunal debe solicitar el correspondiente informe al Ministerio Fiscal antes de remitir la respuesta al Ejecutivo, pero su posición no es vinculante, ya que corresponde al Gobierno la decisión definitiva. En el caso de ser favorable a los reos, debe acordarse vía real decreto publicado en el BOE.
Los indultos pueden ser totales o parciales y pueden condicionarse al cumplimiento de determinados requisitos, correspondiendo al tribunal sentenciador la vigilancia de que se cumplan.
La mayoría de las peticiones no superan el proceso: el año pasado se tramitaron 4.022 indultos y se concedieron 39, el 0,97 %; y en el ejercicio anterior se otorgaron solo 17 indultos de los 4.382 tramitados.
Puede pedir la medida de gracia el condenado o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de tener un poder escrito que acredite su representación.
El PP pregunta si hay algo a cambio
Por otro lado, y volviendo al Congreso, el diputado del PP Luis Santamaría ha preguntado si la reforma de los delitos de sedición y rebelión es una imposición del nacionalismo para negociar los presupuestos generales del Estado.
"Tenemos que reformar el Código Penal porque hay un nuevo orden que proteger y tenemos que analizar por qué nuestro derecho se separa de códigos penales como el francés, el italiano y el alemán", ha insistido el ministro.
Luis Santamaría ha recordado que el 18 de febrero el líder del PP, Pablo Casado, le ofreció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "firmar un compromiso por España para poder pactar aquellas cuestiones que al margen de independentistas y populistas pudieran servir para construir una España mejor que todos anhelamos".
Pero "la respuesta va a consistir no en un indulto sino en una amnistía a los presos condenados por el procés y eso se llama una traición al compromiso de diálogo que usted nos está diciendo", ha lamentado el diputado popular.
Reacciones del independentismo
Tras el anuncio de Campo, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha descartado que el inicio del análisis de las peticiones de indultos sea un "gesto" del Gobierno, sino que se trata de un trámite que marca la ley.
"Es una cuestión que se tiene que hacer por la fuerza; no es ningún gesto ni ninguna voluntad añadida, es una tramitación que marca la ley", ha subrayado Vilalta, que ha insistido en que para ERC la solución al conflicto catalán pasa por la "amnistía" y la autodeterminación.
La dirigente de ERC, junto con otros cargos independentistas, ha acompañado este martes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, hasta las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde estaba citado por la segunda causa por desoír la orden de retirada de la pancarta de los políticos presos. Una vez ante el juez, se ha negado a declarar.
Por su parte, el presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha tachado este miércoles los indultos de "cantos de sirena", y ha afirmado que no solucionan el conflicto, ya que cree que la solución pasa por la amnistía, aunque ha manifestado su respeto para todas las soluciones personales que puedan haber para los dirigentes independentistas encarcelados.
En esa misma línea, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha defendido que la solución política para los presos del 1-O es aprobar la ley de amnistía y ha considerado que el indulto "no sirve más allá de la solución personal a la que cualquier persona represaliada tiene derecho".
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 23sep20]
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