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18ene20
Pedro Sánchez desmonta la estrategia de Josep Borrell contra el soberanismo
La nueva política de diálogo con Quim Torra y de «desjudicialización del conflicto» que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez tras su acuerdo con ERC ha llegado también a uno de los asuntos que más encontronazos provocó entre el Ejecutivo de España y la Generalitat la legislatura pasada: las famosas embajadas del Govern.
El Gobierno ha dado ahora su visto bueno a la apertura de las delegaciones de la Generalitat en Argentina, México y Túnez. Las mismas que Josep Borrell impidió que abrieran cuando era ministro de Asuntos Exteriores gracias a los recursos que interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Hoy, Moncloa ya no tiene «ninguna objeción» a los nuevos decretos del Govern que crean estas nuevas delegaciones en el exterior y que fueron aprobados el pasado martes.
El cese de hostilidades se refleja en la actuación de las dos partes, no sólo desde Madrid. En esta ocasión, el Govern de Quim Torra ha informado a Exteriores del texto de los decretos antes de aprobarlos. Y el departamento que ahora dirige Arancha González Laya ha presentado alegaciones que la Generalitat aceptó tal cual, sin siquiera negociarlas, según Exteriores.
Eso sí, los nuevos decretos de la Generalitat fueron aprobados con Margarita Robles como responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores en funciones y antes del nombramiento de González Laya como nueva ministra.
Además, fuentes del Ejecutivo recuerdan en conversación con EL MUNDO que podrá volver a pedir judicialmente el cierre de las delegaciones en cualquier momento si consideran que su actividad «vulnera la legalidad o son contrarias a los intereses de España».
La apertura de estas tres delegaciones de la Generalitat en el exterior había sido suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en noviembre a petición del Gobierno, que impugnó los decretos por considerar que su objetivo auténtico era promover fuera de España las tesis del independentismo catalán.
Aquel recurso fue admitido por TSJC, que aceptó también las medidas cautelares reclamadas por Exteriores y que impedían la apertura de las delegaciones. Tras el batacazo judicial, la Generalitat redactó de nuevo los decretos.
Pero esta vez informó previamente a Exteriores de su contenido, según explican desde el Ministerio. Posteriormente, la Consejería de Acción Exterior terminó incorporando las peticiones que realizó el Ministerio de Asuntos Exteriores para garantizar que dichas oficinas no producían «interferencias en la política exterior del Estado», según explicó ayer la que entonces era ministra en funciones, Margarita Robles.
En declaraciones a los periodistas, Robles explicó este viernes que la Generalitat atendió los requerimientos que le hizo el Gobierno «al decirle que no podía tener unas delegaciones que hicieran política exterior, sino que se tenían que limitar a aquellos aspectos de carácter comercial, cultural y de otro tipo».
Los nuevos decretos aprobados por la Generalitat y publicados ayer ya no hablan de «relaciones bilaterales» de Cataluña con estos países y asumen que la ley catalana de Acción Exterior debe ser interpretada conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional que se pronunció sobre ella. Los textos dicen que la «representación institucional» del Govern se desarrollará «en relación con las materias que son competencia de la Generalitat o de interés para Cataluña». Después de que se incluyeran estas correcciones, Asuntos Exteriores dictaminó que «el Gobierno no tiene objeciones respecto a la literalidad de los mismos».
A la vez que se conocía este cambio en las relaciones del Gobierno con el Govern, la justicia anuló ayer el paquete de embajadas que abrió la Generalitat en 2018. El TSJC estimó el recurso interpuesto por el Ejecutivo central y anuló el decreto del Govern de junio de 2018 por el que se restablecen las delegaciones de la Generalitat en el Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia. Además, impone a la administración catalana el pago de las costas de la demandante hasta un límite de 2.000 euros.
Con el apoyo político del Gobierno en la mano, la Generalitat se apresuró ayer a decir que no cumplirá con la anulación realizada por el TSJC. Según Acción Exterior, este decreto quedó sustituido por la aprobación en septiembre de 2019 de seis nuevos que regulan estas seis delegaciones y que «nadie ha impugnado». Por eso aseguran que la sentencia no pide que se cierre ninguna delegación de la Generalitat.
Nada más conocerse el giro de Exteriores, el PP pidió la comparecencia de la ministra en el Congreso para que explique el cambio de criterio. Teodoro García Egea explicó que se trata de saber si la apertura de nuevas oficinas en el extranjero es parte del «pago de Sánchez a los independentistas» por la investidura. Por su parte, Ciudadanos presentó una proposición de ley para «garantizar la coordinación, cooperación y lealtad institucional de las comunidades autónomas en el desarrollo de la acción exterior del Estado».
[Fuente: Por Luis Ángel Sanz y Germán González, El Mundo, Madrid, 18ene20]
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