El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) dictó ayer una sentencia, que ha
trascendido este viernes, en la que declara nulo el decreto del catalán en la sanidad balear,
aprobado en marzo de 2018 por el Ejecutivo que entonces presidía ya la socialista Francina
Armengol. El TSJIB ha estimado ahora el recurso presentado en su momento por el sindicato
CSIF, que consideraba que varios de los preceptos de la nueva norma limitaban los derechos del
personal sanitario. La resolución judicial ha sido avanzada por el digital «mallorcadiario.com» y
confirmada por ABC.
El citado decreto lingüístico regula el conocimiento de catalán que deben tener en la actualidad
los médicos y los enfermeros que deseen trabajar en la sanidad pública balear. Como se ha
indicado, dicha norma fue aprobada en la pasada legislatura, en la que la consejera de Salud del
Ejecutivo presidido por Armengol era la también socialista Patricia Gómez. En el presente
mandato ambas mandatarias están ejerciendo de nuevo los mismos cargos.
Cabe recordar que el decreto aprobado finalmente, más flexible que el originariamente previsto
por el Govern, estableció que se podrían presentar a las distintas oposiciones que convocase el
IB-Salud todos los profesionales sanitarios que lo deseasen, aunque en el momento de
examinarse no tuvieran la preceptiva titulación lingüística fijada para cada categoría laboral, que
deberían conseguir más adelante.
En sentido estricto, el catalán no es hoy un requisito previo para que un médico o un enfermero
puedan trabajar en la sanidad pública balear, sino un requisito diferido. Así, el decreto estableció
que quienes se presentasen a las distintas oposiciones previstas por el IB-Salud dispondrían de un
plazo de dos años, como máximo, para poder conseguir el diploma de catalán una vez obtenida
una plaza fija en el Servicio de Salud. Los médicos y los enfermeros han de acreditar, según el
decreto, un nivel elemental --B1-- de catalán. De no hacerlo así, no pierden su plaza, pero no
pueden pedir traslados ni acceder al complemento de carrera profesional.
Argumentación jurídica
La sentencia del TSJIB conocida este viernes señala, citando jurisprudencia previa, que «el nivel
de conocimiento de la lengua catalana exigible ha de ser razonable; esto es, conectado de algún
modo con la capacidad requerida para desempeñar la función», por lo que «una aplicación
desproporcionada del nivel de conocimiento requerido puede vulnerar el principio de igualdad
recogido en el artículo 14 de la Constitución».
El fallo del tribunal reconoce más adelante que si bien el Govern puede fijar el conocimiento del
catalán como un «requisito general de acceso a las actividades públicas», no obstante el nivel de
conocimiento exigido «ha de guardar proporción con aquel que precisa el tipo y nivel de la
función o puesto a desempeñar». En ese contexto, la progresividad en el proceso de
normalización lingüística iniciado en los años ochenta en Baleares «puede verse excepcionada en
algún caso, justamente en atención a la ineludible garantía de los intereses generales más
prioritarios, esto es, para salvaguardar la prestación efectiva -y satisfactoria- de los servicios
publicos esenciales».
Tal como había denunciado el CSIF, la sentencia considera por último que no se ajusta a la ley el
hecho de no poder pedir traslados ni poder acceder al complemento de carrera profesional en
caso de no lograr finalmente la titulación de catalán establecida en el decreto. Una vez hecho
público ahora el fallo judicial, el Govern podrá presentar un recurso de casación.
Casi dos años después de la puesta en marcha del mencionado decreto, se estima que una
treintena de profesionales sanitarios habrían abandonado el Archipiélago por su desacuerdo con
la exigencia del catalán. Paralelamente, en estos últimos meses se estaba a la espera de saber si el
decreto acabaría siendo o no invalidado en los tribunales, como ahora finalmente ha sucedido,
tras los recursos presentados en su momento por el CSIF y por Mos Movem.
Los partidos que directa o indirectamente apoyan a Armengol, que son el PSOE, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca, siempre habían defendido que la regulación
lingüística aprobada por el Govern era legal y positiva en su conjunto, posición que también
mantenía el Sindicato de Enfermería (Satse). En cambio, desde la oposición el PP, Cs y Vox
habían mostrado su oposición frontal al mencionado decreto, al igual que el Sindicato Médico de
Baleares y diversas entidades cívicas, como la ya citada Mos Movem.
[Fuente: Por Josep María Aguiló, ABC, Madrid, 17ene20]
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