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19nov19
Anulan los autos de prisión de 4 de los CDR: su defensa no tuvo información suficiente
La Audiencia Nacional ha anulado los autos con los que el juez Manuel García-Castellón acordó el ingreso en prisión provisional de cuatro de los CDR acusados de terrorismo el 26 de septiembre. La Sala de lo Penal considera que el magistrado se extralimitó al escudarse en el secreto de las actuaciones para no proporcionar información a sus abogados, impidiendo así que desplegaran "su arsenal de defensa para poder impugnar la situación de privación de libertad". Tras conocer la anulación, García-Castellón ha citado a los cuatro CDR este miércoles para decidir si les mantiene en prisión provisional.
En cuatro autos distintos, la Sala de lo Penal atiende en parte los recursos de apelación interpuestos por Eduardo Garzón, Guillem Xavier Duch, Xavier Buigas y Alexis Codina, pero todavía le queda resolver los de otros dos recurrentes: Jordi Ros y Ferran Jolis, los dos únicos que respondieron a las preguntas de la Fiscalía y el juez en su declaración previa al ingreso en la cárcel. Al quedar los autos de prisión anulados, el tribunal no se pronuncia sobre los motivos de la prisión, que también eran objeto de recurso.
"Respecto de los efectos que debe tener esta resolución, que decreta la nulidad del auto de prisión y con ello repara el derecho a la libertad del recurrente de la que se ha visto privado sin seguirse el procedimiento previsto en la ley, estimamos que únicamente debe conllevar el que quede sin efecto la prisión, correspondiendo al juzgado seguir pronunciándose sobre si procede la libertad definitiva o, por el contrario, en la forma y siguiendo el procedimiento legalmente previstos, determinar que lo adecuado es la prisión provisional, debiendo en este caso dictar nuevo auto en el indicado sentido", sostiene la Sala de lo Penal.
Los magistrados María José Rodríguez Duplá, Fernando Andreu y José Ricardo de Prada apoyan su decisión en la doctrina del Tribunal Constitucional, que establece que debe proporcionarse una mínima información esencial en aras de garantizar el derecho de defensa, por mucho que la causa esté bajo secreto. El tribunal sostiene entonces que García-Castellón cometió un error al no permitir este acceso a los elementos básicos de la investigación, "compaginándolo en su caso con el secreto, pero sin que pueda denegar de forma absoluta cualquier clase de acuerdo amparándose de forma general en el secreto".
A los magistrados tampoco les convence el argumento expuesto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que justificó esta falta de información subrayando que con posterioridad a su encarcelamiento se levantó el secreto de sumario: "No subsana ni da validez al acto procesal de estructura contradictoria en el que se decreta la prisión", explica la Sala de lo Penal. Según expone en sus cuatro autos, al no proporcionarles los elementos básicos de las pesquisas, los abogados no pudieron "estar en condiciones de rebatir los argumentos expuestos por el Ministerio Fiscal".
Nueve miembros de los CDR fueron detenidos por la Guardia Civil el 23 de septiembre. Siete de ellos se encuentran en prisión provisional y la Fiscalía les acusa de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y conspiración para causar estragos con la finalidad de subvertir el orden constitucional. El juez Manuel García-Castellón considera que forman parte de los equipos de respuesta táctica (ERT), una organización vinculada a los CDR que cuenta con estructura jerarquizada y pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas: "El ERT es una organización con capacidad suficiente como para llevar a cabo tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización", sostiene en el auto con el que acordó su ingreso en prisión.
[Fuente: Por Pablo Gabilondo, El Confidencial, Madrid, 19nov19]
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