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26sep19
El juez decreta prisión sin fianza para los siete CDR detenidos acusados por delitos de terrorismo
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decretado prisión provisional para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes, a quienes la Fiscalía acusa de ultimar acciones terroristas de cara al próximo aniversario del 1-O, han informado a Efe fuentes jurídicas. El magistrado ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía haya solicitado prisión incondicional para los siete por los delitos de integración en grupo de naturaleza terrorista, conspiración para cometer estragos y tenencia ilícita de explosivos.
El juez García Castellón considera que existen "indicios de que todos ellos formaban parte" de una organización denominada ERT (Equip de Resposta Tàctica), una facción de los CDR con una "estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta".
El magistrado ha tomado esta decisión después de tomar declaración a los siete investigados, a los que imputa delitos de pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. En los autos de prisión -que no han sido facilitados a los medios de comunicación al estar secreta la causa-, el juez individualiza las acciones concretas que atribuye a cada uno de los investigados, así como su función dentro de la organización.
García Castellón entiende que en el presente caso concurren los requisitos para acordar la prisión, como son la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas que tendrían los detenidos en caso de estar en libertad, la posible sustracción a la acción de la justicia, así como la posible reiteración delictiva.
Tras las comparecencias judiciales, en las que cinco de los detenidos sólo han respondido a las preguntas de su defensa y los otros dos -que están asistidos por abogados de oficio- han contestado tanto al juez como al Ministerio Público, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha solicitado prisión provisional sin fianza para todos y cada uno de ellos.
La Fiscalía considera que la organización de la que forman parte presuntamente los detenidos tiene "naturaleza terrorista" y su finalidad era "subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública". A su juicio, la gravedad de las penas que acarrean estos delitos así como el "riesgo de que se pudieran materializar las conductas que se planeaban y de destrucción de pruebas" han llevado a solicitar la medida de prisión provisional sin fianza.
Los dos investigados que han llevado su estrategia de defensa al margen de los otros cinco, presentaron ayer un 'habeas corpus' -denuncia por detención ilegal- en la Audiencia Nacional por boca de sus familiares, según informan en fuentes jurídicas.
Fueron recibidos por el juez de guardia anoche en la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ante quien reafirmaron su interés en mantener la misma asistencia letrada de oficio que habían recibido a su detención y declinaron presentar denuncia alguna. Este jueves, en un momento previo al inicio de las declaraciones, se les ha vuelto a consultar y han reafirmado su intención de seguir adelante con la misma asistencia letrada.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 mantiene esta causa bajo secreto mientras se analiza la numerosa documentación incautada a los detenidos en los diez registros que se practicaron el lunes en distintos puntos de la provincia de Barcelona.
En los diez registros practicados en esta operación, la Guardia Civil encontró que habían realizado consultas en Google, y disponían de información y planos sobre edificios públicos, incluida una casa cuartel de la Guardia Civil.
La operación, que se encuentra bajo secreto, es fruto de una investigación de más de un año durante el que se han practicado numerosas intervenciones telefónicas.
Delgado anticipa que hay pruebas "importantes" contra los detenidos
La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha señalado este jueves que hay un "acervo probatorio que es importante" contra los detenidos. Delgado ha hecho estas declaraciones en Valencia tras presidir un acto de entrega de 18 certificados de reparación y reconocimiento personal a familiares de represaliados de la guerra civil y la dictadura al ser preguntada por la "operación Judas" desarrollada por la Guardia Civil y que está bajo secreto de sumario.
La ministra también se ha pronunciado sobre la calificación de los hechos por parte de la Fiscalía y ha adelantado que, "parece ser" que acusa por delitos de terrorismo, no por rebelión.
Ha añadido que le parece una "irresponsabilidad cuestionar todo un procedimiento judicial con una serie de acciones si tampoco sabemos finalmente cual va ser el resultado. Vamos conociendo algunos datos y son preocupantes". "No debemos entrar en valoraciones pero debemos ser muy rigurosos, escrupulosos y sobre todo respetar la división de poderes", ha señalado.
Ha indicado que hay "un acervo probatorio que es importante, pero lo más importante es que vivimos en un Estado de Derecho, hay una investigación judicial iniciada hace tiempo y con resoluciones judiciales donde se valora la proporcionalidad, la necesidad de determinadas medidas como son las intervenciones telefónicas o la interceptación de las comunicaciones".
Ha añadido que se han producido unas detenciones, en unas actuaciones en las que también ha participado la Fiscalía y los órganos judiciales, "Esto es lo importante, porque al final la justicia funciona para garantizar la seguridad de la gente y todo responde a un proceso penal", ha recalcado la ministra.
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 26sep19]
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