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10jul19
El Govern exige el cese de Borrell y eleva una queja internacional por carta
El Govern de la Generalitat exige la dimisión del ministro de Exteriores y que probablemente será el nuevo jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, por el supuesto caso de espionaje contra las delegaciones del Gobierno en el exterior "instigado" por el responsable ministerial y del que dan cuenta varios medios este miércoles, pero también hará una campaña internacional para denunciar las prácticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez y mostrar su preocupación al respecto con una carta de queja dirigida a las principales cancillerías europeas e internacionales.
Después de conocer que el Gobierno central controlaba las comunicaciones de la Generalitat con sus 'embajadas', el presidente del Govern se ha reunido de urgencia con el vicepresidnete Pere Aragonés, la consellera portavoz Meritxell Budó, y el conseller de Exteriors, Alfred Bosch, para decidir las actuaciones a realizar en un caso que supone "un paso más en la deriva represiva del Estado español y un nuevo ejemplo de las formas autoritarias de un ministro que ahora quiere ser el máximo responsable de la diplomacia y la seguridad común europeas".
En un comunicado de Presidència tras acabar la reunión, el Govern anuncia tres medidas concretas: por un lado la exigencia de la dimisión del ministro Borrell o su cese inmediato, por entender que "el uso de los recursos públicos, organismos y aparatos del estado para perseguir 'delitos de opinión' no deben ser tolerados". Pero también la remisión de una carta a todos los eurodiputados, a las cancillerías europeas e internacionales firmada por el presidente y el conseller de Exteriors exponiendo esta misma preocupación. Por último, el Ejecutivo catalán presentará alegaciones contra la decisión del Gobierno de detener la actividad de las delegaciones de la Generalitat en Berlín, Ginebra y Londres.
El Govern sostiene que "el espionaje político, la persecución de las opiniones y las ideologías no deberían tener lugar en una democracia europea", y expresa su "apoyo absoluto" a los delegados afectados por el supuesto espionaje, que hace extensivo "al resto de afectados", entre los que sitúan "diputados, gobernantes, periodistas y ciudadanos europeos".
La polémica ha estallado después de conocer que por medio de la documentación aportada por la Abogacía del Estado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el Gobierno reclamaba el cierre de las delegaciones catalanas en Londres, Ginebra y Berlín, y que el Ministerio de Exteriores, con Josep Borrell al frente, era el encargado de vigilar todas estas acciones independentistas en el extranjero. Aunque en un primer momento, desde el ministerio se negaron a valorar la documentación filtrada por estar en un proceso judicial en marcha, más tarde reconocieron esta práctica que forma parte de su trabajo. Se trataba de "vigilar de cerca cualquier actividad que pretenda menoscabar la imagen de España en el exterior y, en particular, todas aquellas cuyo fin sea llevar a término el proyecto independentista", han acabado reconociendo.
Es cometido de este Ministerio detectar el uso indebido de fondos y recursos públicos para menoscabar la imagen de España e intentar consumar el proyecto separatista", ha asegurado por medio de una nota el portavoz de Exteriores, Amador Sánchez-Rico.
Como consecuencia de estas informaciones, el Govern ha reaccionado con dureza contra Borrell y el Ejecutivo central durante toda la jornada. Durante la sesión de control al Govern, tanto Torra como Bosch han exigido la dimisión de Borrell y han denunciado el caso asegurando que se trata de un "escándalo" con el que en el Gobierno "se han pasado de frenada", ha avisado. "No es que las cloacas bajen llenas, es que están colapsadas y la represión en este Estado está llegando a un punto absolutamente intolerable", ha afirmado.
Torra ha advertido de que es "gravísimo" que, a su juicio, "las cloacas del Estado" actúen con "impunidad" y de forma "desbocada". "Esta vez se han pasado de frenada, se ha espiado no sólo a las delegaciones sino a diputados y periodistas extranjeros y se tienen que asumir las responsabilidades por este escándalo", ha juzgado.
Por su parte, el conseller Bosch ha asegurado que se trata "de un grave caso de espionaje político en el que se utilizan recursos de las cloacas del Estado" en contra de las instituciones de la Generalitat. "El objetivo es coartar la acción exterior, por ejemplo, pidiendo el cierre cautelar de tres delegaciones que hacen un trabajo legal y absolutamente necesario para que Catalunya no pierda peso en el ámbito internacional".
Así, "tratan de prohibir que hablemos de la situación política de Catalunya, que es un trabajo necesario y obligado" y, al mismo tiempo, "se difunde un falso relato sobre el supuesto mal uso de nuestro recursos", ha recriminado.
[Fuente: Por Luis B. García, La Vanguardia, Barcelona, 10jul19]
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