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05jul19
El TSJC vuelve a investigar al conseller Buch por desobediencia y prevaricación en el 1-O
El conseller de Interior ha citado a declarar al conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, como investigado por un presunto delito de desobediencia y prevaricación por ceder locales el 1-O. El tribunal le ha citado para el próximo 16 de julio a las 10:00 horas tras reabrir la causa que la Sala Civil archivó a finales de enero contra él. El objeto de la investigación es la supuesta colaboración de Buch cuando era el presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM) para ceder locales para el referéndum del 1-O.
El TSJC revocó en abril el archivo de la causa contra el exalcalde de Premià de Mar por presunta desobediencia grave y ordenó reabrirla para pronunciarse sobre si en su condición de edil cedió locales para el 1-O. La reapertura se produjo tras estimar los argumentos de la Fiscalía Superior de Catalunya en su recurso de apelación, donde señalaba al tribunal la necesidad de pronunciarse sobre las diligencias que abrió la Fiscalía del Área de Mataró-Arenys de Mar contra el conseller en su condición de alcalde. Bajo dicha condición, el conseller presuntamente firmó el decreto de 7 de septiembdre de 2017 en apoyo al 1-O y “habría ofrecido locales que pudieran ser utilizados como centros de votación durante la jornada del referéndum”.
La Fiscalía también aportaba como pruebas varios correos de Buch y la exalcaldesa de Vilanova i la Geltrú y expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, que fue investigada por el tribunal junto al conseller inicialmente. Bajo su condición de presidentes de las respectivas entidades municipales, ambos habrían remitido estas comunicaciones electrónicas a los alcaldes de Catalunya en las que se les pedía confirmación sobre si los locales de cada municipio donde se instalarían las mesas electorales serían los mismos que los utilizados en anteriores convocatorias electorales. En uno de los correos remitidos también se informaba sobre la confección de carteles informativos para la campaña electoral del referéndum.
Fue la Fiscalía Superior de Catalunya la que inició el proceso judicial contra ambos, al presentar una querella por desobediencia, prevaricación y malversación en septiembre de 2017 que fue archivada al considerar que los comportamientos de ambos dirigentes al frente de las respectivas asociaciones “no supusieron la comisión de ningún delito”.
Buch y Lloveras ya declararon ante el TSJC como investigados el 6 de noviembre de 2018 y defendieron que no desobedecieron al Tribunal Constitucional, que sólo hicieron recomendaciones y no ordenaron nada a nadie. El alto tribunal suspendió cautelarmente la ley de referéndum y advirtió a los 948 alcaldes catalanes y a 62 cargos de la Generalitat que no podían participar en la organización del 1-O.
La Fiscalía General del Estado instó en 2017 a investigar a cerca de 700 alcaldes de Catalunya, pero sólo presentó querellas finalmente contra media docena que, en algunos casos, ya han sido archivadas. Entre los que permanecen investigados figura el exalcalde de Molins de Rei y actual director de la oficina del president de la Generalitat, Quim Torra, Joan Ramon Casals, que acudió a declarar ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 7 de Sant Feliu de Llobregat. En su declaración, Casals aseguró que la cesión de locales para el referéndum cuando era el jefe consistorial fue “legal”.
[Fuente: Por Luis B. García, La Vanguardia, Barcelona, 05jul19]
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