Equipo Nizkor - El juicio del 'procés' queda visto para sentencia tras un alegato político de los doce procesados.

El juicio por lo ocurrido en otoño de 2017 en el camino hacia la declaración unilateral de independencia de Cataluña ha quedado este miércoles visto para sentencia en el Tribunal Supremo cuatro meses después de su inicio. Ha sido la 52ª y última sesión del juicio del "procés", que comenzó el pasado 12 de febrero y cuya sentencia se espera para después del verano. Ahora, el tribunal presidido por Manuel Marchena y formado siete magistrados debe pronunciarse sobre lo que ocurrió en aquellos días. Es decir, discernir si hubo una rebelión, como sostiene la Fiscalía; o si fue sedición, como plantea la Abogacía del Estado; una mera desobediencia, como admiten las defensas, o algún tipo intermedio. Los doce acusados han aprovechado su último turno de palabra para apremiar al tribunal para que dicte una sentencia que devuelva la cuestión catalana a la política y no agrave más la situación y lograr una sentencia absolutoria.

Durante estos cuatro meses exactos de juicio, los siete magistrados han escuchado a los doce acusados, 422 testigos -entre políticos, guardias civiles, policías nacionales, mossos, visitantes internacionales, votantes y otros miembros de la sociedad civil- y una docena de peritos. También han visionado cerca de 200 vídeos de lo ocurrido el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017, tras lo cual llegó el momento de los informes finales, tanto de las acusaciones como de las defensas.

Los últimos alegatos de los acusados se han extendido durante unas dos horas, en las que casi todos han apelado al tribunal para que dicte una sentencia que "solucione" lo que han denominado como un "problema político" que el Poder Judicial no puede corregir.

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha pedido "devolver la cuestión al terreno de la política", de donde, según ha dicho, "no debería haber salido", y ha reiterado que "votar y defender la república" no puede ser delito. Junqueras, que se enfrenta a 25 años de prisión por un delito de rebelión agravada con malversación, ha utilizado el turno de última palabra para lanzar un último alegato político en el Tribunal Supremo en favor del "diálogo" y ha lamentado que se haya traspasado a la Justicia "la responsabilidad de dictar sentencia".

Junqueras se ha mantenido firme en sus "convicciones políticas, cívicas, democráticas, pacíficas, republicanas y cristianas" y en su "compromiso irrenunciable con la bondad y el respeto a la dignidad humana", y ha insistido en que "votar y defender la república desde el Parlamento no puede ser un delito".

En apenas cinco minutos y apoyándose en sus notas, el que fuese vicepresidente del Govern ha reconocido que "cualquier político, como cualquier persona, comete errores", si bien ha querido dejar claro que él se desmarca de la política "que niega el diálogo, la negociación y el acuerdo": "Siempre he evitado esa mala política".

El principal acusado del juicio del "procés" en el Supremo ha querido dejar claro que "hablar y escuchar es la base de todo entendimiento" y ha agradecido a la Sala la oportunidad de hacerlo: "Si algo debo agradecer es el hecho de haberme dado voz después de tanto tiempo privado de ella". Junqueras se ha presentado como un "padre de familia y profesor" que se dedicó a la política de forma tardía con la "voluntad de servicio" y de "ser útil" par "construir un mundo más justo y más libre".

Romeva pide "valentía" al Supremo

Por su parte, el exconseller de Exteriores Raül Romeva ha seguido la línea de Junqueras y ha apostado por la política, convencido de que si los jueces son valientes puede abrirse una "oportunidad" para avanzar "desde la confianza, el respeto y el reconocimiento" a las opiniones del otro.

En su turno de última palabra, Romeva, que se enfrenta a 16 años de prisión por rebelión agravada con malversación, ha pedido ser conscientes de que en el banquillo no se sientan solo doce personas, sino que hay más de dos millones de personas que se sienten concernidas. Personas, ha advertido, que no van a cambiar de ideas por la "fuerza ni la represión" y que esperan una decisión "valiente".

"La solución que existe se llama política, y, más allá, democracia", ha subrayado el exconseller antes de garantizar que, pase lo que pase, seguirán "con la mano tendida a todo el mundo, con el verbo sereno incluso ante aquellos que nos insulten" para resolver desde sus convicciones republicanas problemas que afectan a todos. "Y seguiremos mirando a los ojos de nuestros hijos e hijas con dignidad, con la misma con la que millones de personas en todo el mundo se baten por defender los derechos fundamentales", ha concluido.

Romeva ha considerado que a lo largo del juicio las acusaciones han buscado en todo momento "escarmentar, castigar una ideología" y ha cuestionado unos informes finales que dibujan una realidad "que nunca ha existido", describiendo un "odio irracional contra España" que es "falaz" e "irresponsable". Lo que mueve a quienes defienden el derecho a la autodeterminación es, a su juicio, la frustración y la incomprensión. Si convocaron unilateralmente un referéndum, ha afirmado, fue porque no pudieron hacerlo de forma acordada con el Estado y desde el convencimiento de que "hacer un referéndum, incluso si éste es ilegal, no es un delito".

Forn incide en el carácter "pacífico" del "procés"

El exconseller de Interior Joaquim Forn ha reivindicado el carácter "pacífico" del "procés", con el que el Govern buscaba llegar a una "salida pactada", y ha criticado que el juicio del Supremo supone un "castigo al desafío político" del referéndum del 1-O.

Forn, que se ha proclamado defensor del derecho a la autodeterminación, ha hecho uso de su derecho a la última palabra para recalcar que ni él ni ningún miembro del Govern dio instrucciones a los Mossos para que "dejaran de cumplir sus obligaciones como policía judicial". En su intervención también ha negado "rotundamente" que su actuación "como miembro del gobierno de Cataluña tuviera como objetivo liquidar la Constitución y atacar el orden constitucional utilizando la violencia".

"Si hoy estamos en este tribunal es por un fracaso de la política y como castigo al desafío político que representó la organización del referéndum del 1 de octubre", que contaba "con el apoyo muy mayoritario de la sociedad catalana". Y ha añadido que desde el Govern siempre pensaron "que había otra manera de interpretar la ley" y que "una interpretación más flexible" permitiría llegar "a una salida pactada a sus reivindicaciones. "Esta voluntad de pacto se manifestó antes y después del referéndum", pero "nunca" encontraron respuesta por parte del Gobierno español. "Puedo haber cometido errores, pero en ningún caso he obrado comprometiendo la seguridad de los ciudadanos", ha asegurado.

"Estoy convencido de que no he cometido ningún delito", ha asegurado el exconseller, para añadir que se mantiene fiel a sus ideales de defensa del derecho a la autodeterminación y de que "solo desde el diálogo se puede resolver el conflicto político".

Sànchez: "Es mejor sufrir una injusticia que cometerla"

"El poder judicial no puede resolver un problema político, pero ustedes tienen una responsabilidad, que es no agravar la crisis política", ha dicho el exlíder de la ANC Jordi Sànchez dirigiéndose a los magistrados. Sànchez ha afirmado que se considera "víctima de una injusticia, de un dolor causado por el Estado" y ha mostrado su convencimiento de que "no hay ideas ni principios que deban ser silenciados por miedo a un poder que amenaza los derechos y libertades".

Visiblemente emocionado, ha defendido la "no violencia" que se practicó a su juicio en Cataluña, la cual "no es pasividad, quedarse escondido ante el temor y la amenaza de un Estado represivo", sino "asumir las consecuencias como lo hizo Sócrates, a pesar de que sean injustas y causen dolor". En ese sentido, ha denunciado el "dolor" que los "poderes del Estado" le han causado no solo a él y a sus familiares, sino también a la sociedad catalana, aunque ha celebrado que "paradójicamente" ello ha generado oleadas de solidaridad y un refuerzo de los valores cívicos de convivencia que han hecho que Cataluña tenga "el mejor capital social en hace años".

Para Jordi Sànchez, con la sentencia del caso 'procés' está en juego no sólo un conflicto territorial, sino el límite de los derechos fundamentales y políticos y, en última instancia, la "profundidad" de los valores democráticos en España y en Cataluña.

El líder de la ANC ha añadido que su estancia en la cárcel le ha enseñado, entre otras muchas cosas, el "uso y abuso de la prisión preventiva" que se hace en España, principalmente por parte de la Fiscalía, que a su parecer la utiliza para forzar acuerdos con acusados que acaban por reconocerse culpable sin serlo, para evitar las elevadas penas que el ministerio público pide para ellos. Tras recordar que organismos que merecen el "máximo respeto" cuando hablan de Venezuela y la India, como Amnistía Internacional o el grupo de trabajo de la ONU, han dado su opinión sobre el 'caso procés', Sànchez ha insistido: "el debate no es solo la autodeterminación, sino también los derechos y libertades".

"En política no hay puertas que se resistan si una mayoría lo quiere", ha reivindicado el expresidente de la ANC, que se ha mostrado convencido de que, aunque no pueda ver la independencia en vida, en un futuro los catalanes podrán votar "con un acuerdo político con el Estado español", como, ha precisado, han hecho los escoceses. "Una urna nunca puede ser una amenaza a la democracia. Una urna no es un instrumento de ningún golpe de Estado. Nunca jamás", ha defendido Sànchez, que ha añadido que, aunque se diga "mil veces y más alto", no se podrá convencer de que hubo violencia a la gente que fue a votar el 1-O, un referéndum que a su parecer fue "una gran expresión cívica, de desacuerdo político" y el acto de desobediencia "más importante de Europa".

Turull: "Las acusaciones quieren descabezar el independentismo"

Por su parte, el exconseller de Presidencia Jordi Turull ha criticado a las acusaciones "por tratar de escarmentar" y "descabezar el independentismo" desde "una absoluta falta de rigor" para solucionar lo que considera un "asunto político con soluciones penales". Turull, para quien la Fiscalía solicita 16 años de prisión por delitos de rebelión y malversación, ha arrancado su última palabra subrayando que está sentado en el banquillo por sus ideas y porque no renunció jamás a su actividad política: "Soy independentista, lo soy y lo seré, no lo voy a esconder".

El acusado, que en su día aspiró a presidir el Govern de la Generalitat y que está suspendido de sus funciones como diputado, ha manifestado su "total y profunda discrepancia con las acusaciones" que, a su juicio, han "confundido la discrepancia, la crítica y la protesta con el ataque y la falta de respeto", una lógica que ha atribuido a "mentalidades inseguras de si mismas o autoritarias".

Pero además, ha dicho que "a los independentistas se nos quiere aplicar unas reglas del juego distintas a los mortales porque para las acusaciones todo les ha valido (…) para que perpetre un escarmiento que descabece al independentismo a costa de lo que sea", aunque eso implique, ha subrayado, retroceder muchos años en libertades y derechos fundamentales. "Toda la acción de las acusaciones ha destilado el propósito de escarmiento con una absoluta falta de rigor sobre personas, hechos, fechas y una realidad de la sociedad catalana y del Parlament que hace sonrojar, no es una opinión, es puramente una constatación".

Tiene claro que "el origen y los hechos de esta causa es político", de manera, ha remarcado, que "no se puede ignorar la voluntad del pueblo de Cataluña de decidir su futuro político", del que ha dicho que "la violencia nunca ha formado parte de su código de conducta". "Allí donde algunos han querido decir miradas de odio yo le puedo hablar de miles y miles de ojos brillantes de la emoción que les producía", ha dicho Turull que ha destacado que el 1-O "no hubo murallas humanas de violencia pasiva, sino montañas de dignidad".

Forcadell: "Se me juzga por quien soy"

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha señalado que está siendo juzgada por su trayectoria política y no por los hechos que cometió, y "prueba de ello son los desesperados y descarados intentos de cambiar la realidad" para sostener la acusación contra ella. "Afirmo que estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, por ser quien soy, no por mis actos, no por mis hechos", ha lamentado Forcadell, para quien se pide 17 años de cárcel y quien ha asegurado que hizo "exactamente" lo mismo que sus compañeros de Mesa, acusados de desobediencia en Cataluña.

La expresidenta del Parlament, acusada de "promotora" de la rebelión desde la Cámara catalana, ha defendido que "la palabra en el Parlamento tiene que ser libre": "No podemos convertir el Parlamento en un órgano censor, la censura no debe entrar en el Parlamento". Ha insistido en que las iniciativas parlamentarias no son nunca de la Mesa y ha denunciado que durante el juicio se haya hecho "un extraordinario esfuerzo" en que saliera su nombre "cuantas más veces, mejor" para diferenciarla de sus compañeros de Mesa e incriminarla "con falsos testimonios" pero "sin ninguna prueba".

Forcadell cree que ha habido una "férrea voluntad" de incriminarla y que por eso la Fiscalía dijo en su informe final que no pudo acudir a la reunión clave sobre seguridad el 1-O celebrada el 28 de septiembre de 2017 entre el Govern y la cúpula de Mossos: "Es falso, nadie me convocó, me enteré de esa reunión en esta Sala. ¿Cómo puede ser que lo único que se cambie (del escrito de Fiscalía) sea esa falsedad?". "Parece que estos cuatro meses de juicio no han servido para nada", ha opinado Forcadell, que ha lamentado también que las acusaciones hayan mantenido sus tesis pese a haber tenido la oportunidad de cambiar sus escritos tras la prueba practicada.

"Tras 447 días de prisión injusta y después de cuatro meses de juicio", ha dicho Forcadell, "resulta totalmente incomprensible" que esté sentada en el banquillo del Supremo sin que, a su juicio, haya nada, "ningún acto, ningún tuit, ningún correo, ni llamada, ni wasap que justifique" que esté separada de sus compañeros de Mesa, que se enfrentan a una petición de inhabilitación.

Rull: "No habrá cárceles suficientes"

El exconseller Josep Rull ha advertido al tribunal que tiene en sus manos marcar los límites de derechos y libertades, con los ojos de Europa puestos en él, y le ha garantizado que tras ellos "siempre vendrán más": "No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo". En su turno de última palabra, Rull, para el que la Fiscalía pide 16 años de prisión por un delito de rebelión agravado con malversación, ha considerado que se le acusa por ejercer la libertad de expresión y sus derechos de reunión y manifestación.

Los eurodiputados que estuvieron en Cataluña el 1-O y después los visitaron en la cárcel, ha explicado, han puesto de manifiesto la relevancia de este juicio; el tribunal tiene la "altísima responsabilidad" de decidir qué limites se ponen a los derechos y libertades, algo que puede tener consecuencias "absolutamente negativas" en una Europa asediada por la extrema derecha, ha avisado. "La democracia se defiende con más democracia y los derechos con más derechos"; "Aquí hay un problema político y se puede resolver políticamente", ha afirmado en sintonía con otros acusados que han tomado la palabra antes que él.

Rull ha considerado que ha dado la cara; ha asegurado que tiene la conciencia tranquila por su actuación en un proceso caracterizado por "la negación de la política y del diálogo"; y se ha mostrado convencido de que fue acusado por rebelión porque no renunció a su actividad política. "Un Estado de derecho fuerte no necesita estos instrumentos para protegerse de no sabemos qué amenazas", ha señalado el exconseller antes de lamentar que se busque resolver un problema político por la vía penal: "Los débiles imponen el no diálogo", ha recalcado.

Los jueces, con su encarcelamiento, ha dicho, le han impedido ver crecer a sus dos hijos, pero, sea cual sea su sentencia, no le impedirán darles testimonio de su "lucha democrática y tenaz para conseguir que el día de mañana puedan vivir en un país mejor, libre, una república catalana donde sea simplemente imposible que uno pueda ser encarcelado por haber defendido pacíficamente sus ideales". El exconseller de Territorio, que ha referido a su familia brevemente en catalán, ha mostrado su "gratitud infinita al pueblo de Cataluña": "Esta inmensa ola de libertad y esperanza es imparable".

Cuixart: "Lo volvería a hacer"

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha dicho al tribunal que no tiene "ningún tipo de arrepentimiento" y que está convencido de que todo lo que hizo lo volvería a hacer, por lo que acepta todos los actos y consecuencias que se deriven de su participación en lo ocurrido en otoño de 2017. Cuixart, para quien la Fiscalía pide 17 años de prisión por rebelión, ha dicho que lo sucedido en Cataluña fue una "desobediencia en toda regla" que "no merece ningún reproche penal".

El acusado, en prisión desde el 16 de octubre de 2017, ha tomado la última palabra no para defenderse ni para intentar reducir la pena sino para reafirmarse en todos los ejercicios de derechos fundamentales que le han reprochado en este juicio, una labor en la que "la extrema derecha" ha tenido mucho que ver y decir.

Cuixart cree que "hay miedo a escuchar y a conocer mejor las razones de los unos y los otros" que impide dar respuesta a un conflicto político, transformado ahora en un "juicio a la democracia", que teme termine enfrentando a pueblos hermanos. "No van a lograr que nos enfrenten entre los distintos pueblos de España por muchas firmas que recoja el PP o por muchas policías que nos envíen. Consideramos a los pueblos de España pueblos hermanos, como los pueblos de Europa", ha señalado Cuixart.

Ha destacado que la cárcel le ha servido de "altavoz" para denunciar "la violación de derechos fundamentales y la falta de democracia" en España e incluso ha llegado a decir que su "prioridad ahora ya no es salir de prisión, aunque no sea legítima, sino seguir luchando para seguir avanzando en la resolución de un conflicto político". Y a modo de reflexión ha asegurado: "Si la violencia policial no pudo contra miles de personas, ¿alguien se cree que una sentencia va a dejar que los catalanes dejen de luchar por su derecho a la autodeterminación? Estoy convencido de que no". "Lo volveremos a hacer pacíficamente, serenamente", ha avisado.

Bassa apela al "mandato democrático"

Por su parte, la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa ha afirmado ante el Supremo que apoyó el referéndum porque era un "mandato democrático" y "no quería desobedecer la demanda del 80 % de la población que quería votar". "Desobediencia habría sido presentarnos con un programa y no cumplirlo. Nosotros lo hemos cumplido". En su turno de última palabra, Bassa también ha apelado al tribunal que le juzga junto a otros once acusados: "Las generaciones que vienen dependen de su sentencia", que ha esperado absolutoria, y ha recordado que ha pedido su libertad para esperarla. "Su sentencia no será solo mi libertad, sino la libertad en mayúscula de muchas generaciones".

Bassa ha recordado sus "idas y venidas de Alcalá Meco", la cárcel madrileña en la que está ingresada, a lo largo de las 52 jornadas que ha durado el juicio, "478 días de mochila de un encarcelamiento en una celda en la prisión". Y ha negado los hechos que le imputan: "Soy inocente y lo quiero decir con voz alta y clara, soy inocente" porque, ha asegurado, ninguna de las pruebas contra ella "han podido ser comprobadas" y las "acusaciones carecen de fundamento".

La exconsellera ha afirmado que durante el juicio a veces se ha "indignado", otras "escandalizado" y la mayoría "entristecido", sobre todo ante los argumentos de las acusaciones apoyadas en hechos "que pueden haber sido verdad o falsos". A su juicio, en el "procés" hubo desórdenes públicos de personas concretas que no deberían "ser imputables a una rebelión de un gobierno legítimo ni una organización civil". "No sé si estamos en un juicio político o no, no soy yo quien tengo que decirlo, pero sí puedo afirmar que, ante la exposición de estos argumentos de la Fiscalía, subyace un trasfondo político". Ella, ha añadido, se considera "republicana, feminista, independentista y demócrata" y mantiene esas ideas y convicciones. "Sigo siendo la misma".

Borràs niega la malversación

La exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs ha afirmado que ella y el resto del Govern tenían "muy claro" que "no habría gasto público" en la organización del referéndum del 1-O porque "hacerlo exponía a funcionarios y trabajadores públicos". "Esta era mi firme voluntad y estoy segura que de los otros miembros del gobierno", ha dicho Borràs en el alegato final del juicio del "procés", en el que se le acusa de malversación y desobediencia pero no de rebelión.

Borràs ha empezado su turno de última palabra recordando un poema de Joan Maragall en catalán que dice: "Escucha, España, la voz de un hijo que habla en lengua no catalana".

"Cataluña es una realidad histórica", ha defendido, una "nación sin estado que ha reivindicado su derecho a ser, a existir", pero "sin imponer nada a nadie, al revés, escuchando a todo el mundo". "Nuestro capítulo es uno más en esta historia de supervivencia de nuestro país, Cataluña", en el que los miembros del Govern intentaron hacer "un referéndum pactado, dialogado" pero "sin imponer nada a nadie".

Borràs a opinado que "no hubo clima de violencia ni de insurrección" en el 'procés' y que lo que existe es "un conflicto político, que no es poco". "A ninguno de ellos se le pasó por la cabeza la utilización de la violencia", ha dicho sobre el resto de miembros del ejecutivo de Carles Puigdemont. Y ha concluido haciendo una petición: "Alguien debería tener en cuenta, y pienso humildemente que también este tribunal, que hay nuevos políticos, que vendrán nuevos, y que el anhelo de buena parte de Cataluña de decidir su encaje en la Europa moderna continuará". "Soy positiva y quiero pensar que en democracia sabremos encontrar entre todos el camino de una solución adecuada, dialogada y que nos pueda satisfacer a todos. Muchas gracias".

Vila rechaza la "leyenda negra" de España

El exconseller de Empresa Santi Vila ha asegurado que siempre procuró "ser fiel al espíritu y la letra" de la Constitución de 1978, "tanto en privado como en público", y ha expresado su "plena confianza" en el Tribunal Supremo, tras rechazar la "leyenda negra" de que España no es una democracia plena. Vila ha hecho uso de su derecho a la última palabra ante el Supremo, al que ha recordado que no dimitió antes de la DUI porque pensara que sus compañeros en el Govern iban a cometer una ilegalidad sino porque se sintió "frustrado" al percatarse de que Puigdemont "no podía o no quería" convocar elecciones "ajustadas a derecho".

Tras recalcar que no comparte la idea de que España no es "homologable" a las democracias de su entorno, Vila ha recordado que el juicio del "procés" lleva a una "encrucijada" en la que España puede encontrarse con "la peor" de sus tradiciones o, por el contrario, entroncar con "la democracia liberal que arranca de las Cortes de Cádiz". En ese sentido, y en la línea de lo que han defendido el resto de procesados, ha expresado su confianza de que los jueces que juzgan a la cúpula independentista "formen parte de la solución y no del agravio del problema", en el que, ha añadido, "nunca deberíamos habernos metido".

El exconseller ha asegurado que a lo largo de toda su carrera, y especialmente en la legislatura anterior en Cataluña, tanto él como sus compañeros del Govern actuaron "de buena fe" y "respetando la legalidad". "Creo que siempre comprometí mi actuación como político respetando el espíritu y la letra de la Constitución del 78, que definió a España como una nación de naciones", ha afirmado Vila, que ha recordado que ha recibido "palos" y "hachazos" en Cataluña por ser fiel a esa idea, por reconocer al Constitucional como "árbitro" y por oponerse a cualquier decisión "unilateral".

El exconseller ha defendido que "no fue una ingenuidad" pensar que en el proceso independentista entre el Gobierno de España y el de la Generalitat "era posible" el diálogo y que, por eso, tanto él como muchos de sus compañeros lo intentaron para "evitar el colapso" ante la "crisis institucional" que ocurrió en octubre de 2017. "Lo intentamos hasta el último día, hasta el último minuto", ha subrayado Vila, que ha lamentado que "entre todos" se había roto "el marco, las condiciones necesarias" para alcanzar un acuerdo en una "democracia madura" como la que, a su entender, debía haber sido la española en esos momentos.

Mundó lamenta fracaso de la política

Por último, el exconseller de Justicia Carles Mundó ha pedido la libertad para sus compañeros encarcelados y ha considerado que el juicio del 'procés' es "el resultado de un fracaso de la política", pero se ha mostrado seguro de que todavía hay tiempo para "buscar caminos que nos acerquen a las soluciones". La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden siete años por desobediencia y malversación para él, al igual que para Santi Vila y Meritxell Borrás, y los tres son los únicos acusados en libertad.

Ha sido breve y ha dedicado su intervención a lamentar el "fracaso de la política" que, a su entender, supone que una cuestión que tiene un origen político se haya convertido en un proceso penal cuando la política es escuchar a la gente y proponer soluciones. Para Mundó, trasladar el problema a los tribunales hace un "flaco favor a la política y en nada ayuda a la justicia", pero "nunca es tarde para buscar soluciones", huyendo de callejones sin salida y posiciones enrocadas, y la sentencia pude contribuir a ello. "Mi más sincero deseo es que ante la realidad social que reclama soluciones dialogadas y pactadas todo el mundo sepa estar a la altura del momento", ha subrayado.

Y se ha mostrado convencido también de que son también millones de personas, sean cuales sean sus ideas, las que quieren que sus nueve compañeros en prisión preventiva puedan salir en libertad, regresar a sus casas y abrazar a sus familias.

12jun19

El juicio del 'procés' queda visto para sentencia tras un alegato político de los doce procesados

[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 12jun19]

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