Equipo Nizkor - Los jueces advierten: “Hay riesgo de convertir la justicia en un ring político”.

Los intentos por limitar la acusación popular han sido una constante a lo largo de los años, pero en las últimas semanas el Supremo ha vuelto a dar un tirón de orejas a los políticos al alertar del riesgo de que los partidos usen esta figura para convertir los juzgados en una especie de ring por sus disputas.

Fue precisamente a raíz de la causa del “procés”, donde está personado Vox, que siempre ha sido el más duro con los líderes independentistas acusados, cuando el Tribunal Supremo volvió a poner el debate sobre la mesa.

Frente a la petición del presidente de Omnium, Jordi Cuixart, de apartar de la causa al partido, el Supremo no tuvo más remedio que consentir que Vox siguiese en el caso, no sin antes alertar sobre la necesidad de una regulación.

De aquel auto se desprende que al alto tribunal no le hace ninguna gracia aceptar a partidos políticos en procedimientos judiciales, ya sea ahora con Vox o anteriormente con el PSOE en la causa contra la que fuera alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ante “el riesgo de trasladar al proceso penal la contienda política”.

Porque un partido político “no es un tercero imparcial”. Solo se le exige “buena fe”, un término ambiguo en Justicia que las fuerzas políticas interpretan en muchas ocasiones desde su óptica interna.

Lo que ocurre es que el marco vigente lo autoriza. “Y a ese marco jurídico hemos de atenernos”, dijo el Supremo con el mismo tono de resignación que el magistrado Cándido Conde Pumpido (ahora en el Tribunal Constitucional) manifestó cuando impuso al PSOE una fianza de 3.000 euros en la causa de Barberá.

Dicho de otro modo, una formación política ejerció la acusación popular en una causa penal contra una peso pesado de su archienemigo natural, una práctica que el magistrado llegó a calificar como “desconocida en los sistemas penales de los países de nuestro entorno”. Y esto solo desde el prisma del Supremo.

En la Audiencia Nacional es un ‘rara avis’ encontrar una causa en la que no haya un partido personado. Y es que casi ninguno renuncia a estar en los grandes casos de corrupción de este país.

La lista es larga: el PSOE en la Gürtel o Lezo, el PP en el caso de los ERE (en este caso, en la Audiencia de Sevilla), Podemos en la causa contra el excomisario José Manuel Villarejo o el caso de los Pujol, o Izquierda Unida en Lezo; además este partido ha pedido recientemente estar en la Kitchen, sobre el uso de fondos reservados para hacerse con documentación de Luis Bárcenas, a quien ya acusa en el procedimiento de los ordenadores.

Sin hablar de que algunos de los partidos fueron los propios querellantes que dieron lugar al procedimiento, como UPyD con la salida a Bolsa de Bankia, que se está juzgando en estos momentos, o IU con los papeles de Bárcenas.

Todo ello mientras desde instancias judiciales se insta a limitar la acusación popular a los partidos políticos, una petición que no solo ha sido impulsada por el Tribunal Supremo.

Recientemente, en una entrevista con Efe, el hasta ahora presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, alertó de que la acusación popular ejercida por partidos políticos “ha permitido que se traslade a la vía judicial conflictos políticos y eso no es bueno”

Y lanzó un mensaje claro a los partidos: “Si quieren despolitizar la Justicia no se puede judicializar la política.

Con todo, el reciente fallo sobre Vox no es el primero en el que el Supremo cede y, ante el complejo panorama político actual, tampoco tiene pinta de que sea el último habida cuenta de que ni el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni el resto de partidos tienen intención de modificar la figura de la acción popular.

Pero esto no siempre fue así; los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy ya elaboraron sendas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que recogían la prohibición expresa del ejercicio de la acción popular por los partidos.

Por tanto, si no es un problema de quorum (pues los dos partidos que se han alternado en el poder están de acuerdo), es inevitable que surja la pregunta: ¿Qué impide sacar a los partidos de juzgados y tribunales?.

02dic18

Los jueces advierten: “Hay riesgo de convertir la justicia en un ring político”

[Fuente: Por Rafael Martínez y Miriam Mejías, República de las ideas, Efe, Madrid, 02dic18]

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