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05nov18
La Abogacía del Estado ve vía libre para intervenir las cuentas de Torra sin el artículo 155
El Gobierno de Pedro Sánchez ya no tiene argumentos legales para mantener desactivada la intervención de las cuentas de la Generalitat de Cataluña. La Abogacía del Estado ve vía libre para que el Gobierno pueda restablecer el control previo de los pagos de la Generalitat de Cataluña sin necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Así lo desliza en su escrito de acusación contra los líderes del procés. Aunque no tenía por qué hacerlo, la Abogacía sostiene que "merece la pena" dedicar una parte del escrito a evocar una sentencia de la Sala Tercera del Supremo emitida el pasado día 17 de octubre que pasó inadvertida y que puede cobrar ahora un nuevo interés político ante las nuevas amenazas de Quim Torra al Estado.
"La sentencia citada señala que la medida acordada por el Ministerio de Hacienda es independiente de la declaración y aplicación del artículo 155 de la Constitución, es decir, supone el ejercicio de competencias administrativas propias del Estado", recalca la Abogacía del Estado. El argumento del Alto Tribunal es que mientras la Generalitat de Cataluña siga rescatada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) debe aceptar las órdenes que establezca el Gobierno para evitar riesgos de desvío de fondos para fines no previstos legalmente. La sentencia corrige así la versión que dio el Gobierno el pasado 8 de junio para justificar que desactivaba estos controles sobre la Generalitat. La ministra portavoz, Isabel Celaá y la de Hacienda, María Jesús Montero, sostuvieron que lo hacían por "estar vinculados al artículo 155".
El restablecimiento del control previo de los pagos tendría el apoyo del PP y de Ciudadanos, que criticaron en junio la desactivación. El Gobierno consideró también entonces que tal retirada ayudaba a "normalizar relaciones" con la Generalitat. Y eso pese a que el vicepresidente económico catalán es Pere Aragonès, al que informes policiales vinculan con el montaje de estructuras de Estado ilegales.
Esta medida de control, la más eficaz hasta la fecha para evitar malversaciones de caudales públicos, fue implantada por el Gobierno de Rajoy el 15 de septiembre de 2017 ante la inminencia del referéndum ilegal. Consistía en el control previo que tenía el Ministerio de Hacienda a través de las entidades financieras sobre todas las órdenes de pago de la Generalitat. Los bancos debían pedir visto bueno a Hacienda antes de tramitar transferencias ordenadas por el Govern de Puigdemont. De ese modo se abortó, por ejemplo, el pago de facturas a TV3 para anuncios del referéndum.
La Sala Tercera del Supremo resolvió hace dos semanas en favor del Ministerio tras un recurso presentado el pasado año por el entonces vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras. El líder de Esquerra pidió la nulidad de las medidas de control previo ordenado por el entonces ministro Cristóbal Montoro de sus cuentas, porque no respetaba la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Según Junqueras, sólo podía intervenir sus cuentas si se desviaba en el déficit -cosa que no hizo la Generalitat en 2017- y si se seguían los pasos previos de advertencia establecidos en la citada ley. El Supremo ha rechazado el recurso y certifica la legalidad de la actuación entonces del Gobierno de Mariano Rajoy. El Alto Tribunal establece en la sentencia que "la Generalitat se ha adherido voluntariamente al FLA con todas las consecuencias. Es evidente que dicha adhesión le obliga a respetar el marco normativo del FLA en el que se insertan no solo las normas legales sino también las disposiciones de desarrollo y los acuerdos que pueda adoptar la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos".
En contraste, la Generalitat recibe cada año cerca de 8.000 millones del FLA sin que las medidas de vigilancia vigentes -un mero control mensual a posteriori certificado por la interventora general de la Generalitat- garanticen nada. Al menos eso sostienen tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado que creen que el equipo de Puigdemont actuó "burlando los controles establecidos en garantía de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Cataluña". Por eso le calculan 1,9 millones de malversación.
La sentencia corrige también a Montoro que, ante las dudas de legalidad de la medida, decidió insertarla en diciembre dentro del paraguas del artículo 155. Pero esa precaución legal, que permitió a Torra exigir su retirada, se ha revelado innecesaria.
La dependencia de la Generalitat de Cataluña del FLA es gigantesca. Actualmente adeuda 57.119 millones al Estado sobre un endeudamiento total de 78.459 millones. El Gobierno tiene derecho y el deber de asegurar que Torra usa el dinero para lo esencial.
[Fuente: Por Carlos Segovia, El Mundo, Madrid, 05nov18]
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