Equipo Nizkor - El demoledor informe sobre los CDR que ha preparado la eurodiputada Pagazaurtundú.

Los comités de defensa de la república (CDR), es decir, los activistas responsables de la agitación callejera en Cataluña, dependen de una cúpula formada, al menos, por 22 personas, algunas de ellas vinculadas directamente a partidos políticos u organizaciones soberanistas. Así se afirma en un informe elaborado por la oficina de la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, distribuido la última semana a cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia de toda Europa. Pagazaurtundúa, premio Sajarov a los Derechos Humanos, es eurodiputada de UPYD y forma parte del grupo ALDE. Se ha especializado en la lucha contra el terrorismo internacional, la radicalización y el auge del fanatismo religioso. Es una de las impulsoras del Libro Blanco y Negro del Terrorismo en Europa.

Según explican fuentes de su oficina, el informe se envió en primer lugar a la Fiscalía General del Estado para que tome medidas ante las acciones de los CDR y, al igual que hacen con otros textos elaborados por la eurodiputada, se estudia en estos momentos presentarlo tanto ante la Comisión de Libertades Civiles como la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo. "Necesitamos que el resto de los diputados sepan lo que pasa", explican en este sentido, añadiendo además que no descartan organizar un evento con otros eurodiputados para dar a conocer las conclusiones de su trabajo.

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, lleva un escueto título: ‘Comités de defensa de la república’. Y un subtítulo ya no tan aséptico: ‘Organizados para alterar el orden democrático y la libertad de conciencia en Cataluña’. En sus páginas, recoge no solo cómo nacieron y se organizan, sino que reúne un compendio de sus acciones más significativas, desmenuza su cúpula y denuncia el apoyo que reciben desde los máximos órganos de la Generalitat.

El texto recoge, entre otras cosas, otro informe de 139 páginas que la Guardia Civil de Cataluña elaboró con “evidencias que relacionarían a los CDR con los cuperos y las dos organizaciones sociales que estuvieron en el origen de las grandes movilizaciones antes del referéndum ilegal”. Y aclara que “el objetivo de la movilización social para la consecución de la república catalana es común para ANC, Òmnium y los comités, contando estos últimos con una mayor eficacia y repercusión en términos de llamamientos a la población para movilizarse y emprender su estrategia de resistencia y desobediencia civil”.

En este dosier se identifica “con nombres y apellidos a 22 cabecillas de los CDR (son los encargados de coordinar el conjunto, sin que cada CDR tenga por qué saber qué función juegan los demás), de los cuales cinco están directamente vinculados a los partidos u organizaciones sociales que promovieron el ‘procés’. Se trata de Rubén Wagensberg, diputado de ERC en el Parlament; Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium; Joan Vallvé, vicepresidente segundo de Òmnium; Ariadna Isern, de ANC, y Antonio Baños, exdiputado de la CUP. Lejos de considerarlos esencialmente pacíficos, el informe afirma que alternan la 'desobediencia civil y la resistencia, tanto activa como pasiva'. Una resistencia activa que mostró su rostro el 1-O contra la Policía y que les llevó a figurar en el sumario del juez del Tribunal Supremo contra la cúpula secesionista de Cataluña”.

El texto afirma que “la función actual de los CDR es conseguir que se cumpla la declaración unilateral de la independencia catalana aprobada en el Parlament el 27 de octubre de 2017 (…) En paralelo, trabajan en deslegitimar las instituciones españolas y disuadir del cumplimiento de la ley. A todas luces, radicalizan los métodos de acción no violenta de Gene Sharp, ya abiertamente emprendidos hace años por la ANC y Òmnium”.

Sin un líder definido

En el informe se destaca que los CDR se organizan “en las redes, se reúnen semanalmente, no hay líderes ni autoproclamados, sus miembros son variables y muy heterogéneos (desde estudiantes hasta profesores o anarquistas con señalamientos judiciales) y nadie concurre como representante de ninguna otra asociación”.

En el informe se citan fuentes de los Mossos d’Esquadra para afirmar que “son los mismos que se organizaron para esconder las urnas y colocarlas en los centros electorales aquel día [se refieren al 1 de octubre de 2017] los que ahora están detrás de los sabotajes en los peajes”. Y cita también un informe de la Guardia Civil que asegura que “nacieron para impedir la acción de la Justicia mediante movilizaciones”.

También recoge, tal y como había publicado El Confidencial, que hay 390 CDR repartidos por toda Cataluña, además de uno en Marinaleda, otro en Vitoria y un tercero en Goierri-Tolosaldea. Además, otros 22 se encuentran en el extranjero: Francia, Alemania, Canadá, Japón, Venezuela, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, México y Austria.

Respecto a la financiación, el informe destaca que, contrariamente a lo que pasa con la ANC y Òmnium, “cuantiosamente subvencionadas con dinero público de la Generalitat (…) se supone que los CDR están autofinanciados y, aunque abiertos a cualquiera y muchos provenientes de la ANC y Òmnium, a los más activos y radicales se los asocia principalmente con la CUP”. El nexo de unión con la organización antisistema serían los dos principales partidos que forman su núcleo duro: Endavant-OSAN y Poble Lliure. “Sin embargo, ellos no quieren ser asociados con ningún otro partido o movimiento. Y aunque se cree que varios miembros de la CUP han actuado directamente en campañas con los CDR, nunca reivindican sus acciones como propias”.

Un engranaje de presión

El informe destaca que existe todo un engranaje que organiza la presión violenta que amenaza las libertades públicas. “Casi una decena de CDR alberga a los más duros, a profesionales de la lucha callejera, y colaboran en la creación de un clima de tensión”. Los diferentes comités tienen, no obstante, una gran libertad de acción y operan autónomamente tomando decisiones sin consultar a ningún órgano supremo.

Esta peculiaridad dificulta su control por parte de los cuerpos de seguridad. “A diferencia de lo que les ocurrió a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart [presidentes de la ANC y de Òmnium cuando los hechos de octubre, actualmente encarcelados], a la cabeza de las dos asociaciones que lideraron el ‘procés’ desde antes de 2014, que acabaron en la cárcel, estos son menos ‘controlables’ y logran mejor evadir la justicia: todos son responsables de sus actos pero nadie, al menos sobre el papel, dirige las operaciones”.

El informe llama a prestar especial atención a la plataforma En Peu de Pau, “a la que se hace responsable de impartir talleres para enseñar a los ciudadanos cómo practicar la ‘resistencia pacífica”. También denuncia el peculiar 'modus operandi' convocando y desconvocando acciones relámpago, como se vio perfectamente los últimos días: “Aunque muchas de sus campañas se prolonguen hasta causar desórdenes públicos, con daños evidentes a las personas y al mobiliario urbano, los coordinadores se encargan de mandar tuits desconvocando las concentraciones antes de que se puedan adjudicar las peores consecuencias de sus acciones a una campaña orquestada (con intención) por su organización”.

Durante el reciente asalto al Parlament y asedio a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña el pasado 1 de octubre, la cúpula de los CDR esperó a que algunos de sus comandos estuvieran preparados para la acción. En cuanto se pusieron en orden de combate y se calaron los pasamontañas, la organización desconvocó las concentraciones, según las órdenes impartidas a través de las redes sociales, a las que ha tenido acceso este diario. A los dos minutos exactos, comenzaron los disturbios… Evidentemente, por los mismos que se habían preparado con antelación.

Trampas contra los antiindependentistas

Ello lleva a la oficina de la europarlamentaria a afirmar que “por lo tanto, si la organización de presión y ejercicio de la violencia requiere tanto de los CDR pacíficos como de los violentos, si todo es un engranaje con unidad de acción y objetivos claros y comunes, y si hay una coordinación desde la cúpula y una estrategia clara para evadir la responsabilidad ante la Justicia, cabe preguntarse porqué no se actúa judicialmente contra ellos como un todo”.

En respuesta a lo que debería ser la ofensiva judicial, el informe recoge la operación Cadera, en la que fue detenida Tamara Carrasco (una activista que había difundido un audio con órdenes para realizar cortes de carreteras y autopistas durante la Semana Santa), y desvela que los juzgados catalanes “han ordenado abrir 109 diligencias relacionadas con las acciones de los autodenominados CDR”. Asimismo, denuncia que “al corte de carreteras y al levantamiento de barreras en peajes para que no se pagaran impuestos a la vuelta de la Semana Santa, se han sumado múltiples campañas de patrimonialización del espacio público". Entre esas acciones, se cuentan “la colocación masiva de lazos amarillos, cruces en las playas y esteladas en cualquier lugar público”.

Ante la respuesta de otros ciudadanos retirando esos símbolos, el informe denuncia que “los CDR comenzaron a colocar objetos con intención de hacerles daño, como imperdibles o alfileres para pincharse, ladrillos atados a ramas o piedras como contrapeso, pero también clavos, cuchillas de afeitar, pesos en las esteladas para que caigan cuando las quiten e incluso productos químicos abrasivos en los lazos, que incrementan las posibilidades de causar daños”. Se adjunta con el informe el enlace a un vídeo en el que se ve “cómo colocan maderas, escondidas bajo tierra, con largos clavos para herir a quienes vayan a quitar los objetos colgados por los independentistas”.

El texto termina criticando al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por arengar públicamente a los CDR a “apretar” en la calle. “Con esta declaración pública, el presidente de la Generalitat y responsable del mantenimiento del orden público en Cataluña se vinculaba a los CDR, incitando a la tensión y manifestaciones violentas del 1 de octubre de 2018”.

08oct18

El demoledor informe sobre los CDR que ha preparado la eurodiputada Pagazaurtundú

[Fuente: Por Antonio Fernández, El Confidencial, Madrid, 08oct18]

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