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31ago18
Así es el bufete belga que defenderá a Llarena por más de medio millón de euros
Un prestigioso bufete especializado en Derecho Internacional, Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick, ha sido el elegido por el Ministerio de Justicia para defender los intereses de España y del juez Pablo Llarena ante la demanda interpuesta por Puigdemont en Bélgica. La ministra de Justicia sí ha hecho caso en esta ocasión a la Abogacía del Estado y ha aceptado su propuesta de contar con un despacho que fue elegido mejor firma del año en 2016. El entorno de Llarena ha acogido esta elección con satisfacción.
Su socio Hackim Boularbah, quien presumiblemente asumirá personalmente el caso, es profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Lieja, y está reconocido a nivel internacional como un especialista en litigios civiles y mercantiles. De hecho, fue elegido por la Comisión Europea para formar parte del grupo de expertos encargado de redactar la propuesta de derecho bancario transfronterizo.
Fue ayer por la tarde cuando, una vez concluido el trámite de selección del despacho de abogados, la documentación fue remitida a la Embajada española en Bruselas, donde representantes legales de la legación diplomática y el bufete firmaron el preceptivo contrato, como señala la ley. El valor de la adjudicación asciende a 450.413,22 euros, a los que hay que sumar otros 94.568,78 en concepto de impuestos, lo que supone un total de 544.982 euros.
Aunque el Ministerio no lo explica en su nota, fuentes jurídicas aclararon a ABC que ese medio millón de euros es el presupuesto máximo, pero en realidad se cobra conforme a una tarifa horaria, por lo que dependerá del tiempo empleado. Esto significa que, si tras la vista del próximo martes, el juez belga inadmite el escrito de Puigdemont este importe será mucho menor, pues el trabajo del abogado habrá terminado.
El bufete Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick asumirá así la representación procesal del Estado y del magistrado Llarena bajo la dirección técnica que ejercerá la Abogacía del Estado. Se defenderá así la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la justicia española ante los tribunales belgas, una defensa que incluye la del instructor del Supremo tras la rectificación asumida por la ministra de Justicia. Dolores Delgado había supeditado inicialmente la personación del Estado en Bélgica a que el juez belga que tiene que decidir sobre la admisión mencionara algún dato relativo al sumario del 1-O, diferenciando así entre la soberanía jurisdiccional española y el «ámbito privado» de Llarena.
En las próximas horas, los servicios jurídicos del Estado y el que será el representante de los intereses de España y de Llarena trabajarán contrarreloj codo con codo para, de cara a la vista convocada para el martes, hacer valer la inmunidad judicial ante el cuestionamiento ante la justicia belga de las decisiones judiciales españolas, cuya revisión compete sólo a nuestros tribunales. Como informó ayer ABC, España quiere que Bélgica zanje de una vez por todas las sospechas que los independentistas han sembrado sobre nuestro Poder Judicial.
El hermetismo fue la tónica ayer en un Ministerio sobre el que los últimos días sobrevuela la polémica. Pese a que el interventor certificó el compromiso de gasto por la mñana, el nombre del despacho de abogados estuvo blindado hasta última hora de la tarde. No en vano esta misma semana Delgado abroncó a altos cargos de su Ministerio y a la Abogacía del Estado por la filtración de informaciones en las que se ponían de manifesto las discrepancias de la titular de Justicia con los servicios jurídicos del Estado y con su propio equipo sobre la defensa de Llarena, algo que la Abogacía aconsejó desde el primer momento.
[Fuente: Por Nati Villanueva, ABC, Madrid, 31ago18]
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