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27jul18
La Audiencia Nacional investiga a CDC y PDECat por tráfico influencias, cohecho y blanqueo de capitales
El juez José de la Mata amplía la investigación en la causa del llamado 3% en la Audiencia Nacional (AN) incluyendo como personas jurídicas imputadas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales a Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) y a su formación heredera, el PDeCAT, al que considera “un mero continuador de la anterior”. El magistrado de la AN emplaza a estas sociedades mercantiles para que designen abogado y procurador.
De la Mata concluye que la fundación del PDeCAT, en julio de 2016 se corresponde con “la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente”, que ya fue condenada como partícipe a título lucrativo en el caso Palau este año.
“La creación del PDeCAT se podría identificar con una mera transformación o incluso con un simple cambio de apariencia, del partido que impulsa su creación, CDC, para eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir”, sostiene el magistrado instructor que también lleva la causa de los Pujol.
El magistrado investiga a altos cargos de la vieja CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas catalanas, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a Fundaciones ligadas a dicha formación (CATDEM -la antigua Trias Fargas- y FORUM BARCELONA), “en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de “dirigir” los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con “donaciones” al partido, recoge el auto que ha difundo la Audiencia Nacional.
Según la instrucción de De la Mata, los pagos se obtenían por las fundaciones y, por ende, por CDC, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios, con “vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia y, en otras simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos”. El juez calcula que las donaciones irregulares ascienden a más de un millón de euros. En el caso Palau, el partido, en fase de liquidación pendiente de las causas con la justicia, fue condenado a devolver más de 6 millones de euros obtenidos de forma ilícita.
Según el juez esas irregularidades se han prolongado en el tiempo de forma sistémica y han permanecido inalterables pese a los cambios de personas que ha habido en la estructura política.
El instructor de la AN apunta que los responsables de CDC “estaban en conocimiento de las irregularidades advertidas en relación con la operativa de financiación que se investiga en esta causa”. Concluye que esta formación política “carecía de normativa de control interna, y conocía, al menos a través de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, las irregularidades que pudieran derivarse de los pagos a través de los cuales sus Fundaciones vinculadas, derivan a favor del partido buena parte de las aportaciones económicas que reciben en concepto de donación”.
El juez afirma que pese a ser conocedores de esta operativa de financiación Ilícita, en las que se utilizaba a las fundaciones vinculadas al partido como “sociedades Interpuestas” a través de las cuales, empresas adjudicatarias de contratos públicos hacían llegar al partido comisiones, que simulan corresponderse con donaciones, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido, no habrían emprendido ninguna Iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante 11 años.
De la Mata arguye que CDC “no disponía de un sistema o incluso un mero protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se derivaran derechos y obligaciones de contenido económico que pudiera ser sometido a verificación e informe”.
El PDeCAT, en un comunicado, ha manifestado “su más absoluta disconformidad e incredulidad” por la decisión del juez al considerar que los hechos que se investigan son previos a la constitución del partido. Además, señalan que la imputación se basa en “apriorismos sin consistencia jurídica” que extienden “una sombra de duda con objetivos que no tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción”. Con todo, señalan que colaborarán con la justicia.
[Fuente: La Vanguardia, Barcelona, 27jul18]
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