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28jun18
La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Trapero por organización criminal y sedición
Josep Lluís Trapero se sentará en el banquillo de los acusados por su presunta participación en el proceso independentista de Cataluña. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado su procesamiento por organización criminal y dos delitos de sedición, en el marco de los hechos ocurridos en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre del pasado año, frente a la Consejería de Economía, y por la jornada del 1 de octubre, día de la celebración del referéndum ilegal.
El tribunal, presidido por la magistrada María José Rodríguez Duplá, desestimó el recurso de apelación presentado por el que fuera Mayor de los Mossos d'Esquadra contra el auto de procesamiento dictado por la juez instructora de esta causa, Carmen Lamela. Los jueces consideran que las medidas de seguridad desplegadas los días 20 y 21 de septiembre por los Mossos "enmascaraban una absoluta condescendencia con los hechos", en relación con los disturbios que se produjeron.
La Sala no pasa por alto "la pasividad" de la policía catalana y resalta que "no establecieran el perímetro de seguridad repetidamente solicitado por los mandos de la Guardia Civil" que ejecutaron la llamada Operación Anubis los citados días.
Los magistrados llegan a calificar de "asedio" la situación vivida por las personas que accedieron al edificio de la consejería para ejecutar una orden judicial e intervenir documentación relacionada con la organización del 1-O.
El tribunal achaca a Trapero la responsabilidad de los hechos al consentir ese "·asedio" y no frenar "los episodios violentos", ni afrontar "una eventual invasión del edificio por la muchedumbre".
"Un dispositivo engañoso"
En cuanto a la jornada del 1-O, la Sala considera que el Mayor de los Mossos cooperó con el proceso independentista "en ese eslabón del plan secesionista", en referencia a la celebración del referéndum ilegal, y que estuvo liderando "un dispositivo engañoso, meramente formal", cuyo objetivo era permitir la celebración de la consulta.
"Incumplió las órdenes emanadas del TSJ [Tribunal Superior de Justicia de Cataluña] y las decisiones del Tribunal Constitucional, para conseguir la celebración del referéndum ilegal, y en esa connivencia hizo de correa de transmisión con sus subordinados", advierte el tribunal en relación a Trapero.
Dicho esto, los magistrados alegan que el mecanismo de comunicación que se siguió entre los agentes de servicio y sus mandos para posibles incidencias fue "lento", "ineficaz" e "inadecuado", además de considerar que su "designio" era "posibilitar el referéndum".
La movilización de los agentes el 1-O fue "escasa", en palabras de los magistrados, que recuerdan que eran 7.000, cuando en jornadas electorales se ha llegado a 12.000. Es más, destacan que se asignara sólo dos agentes en los grandes centros de votación donde se pusieron urnas.
Según considera la Sala, los Mossos obstaculizaron las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de evitar intervenir "cuando los agentes de la Policía eran agredidos" y de vigilar "sus movimientos".
La Consejería de Interior trabajó "en connivencia" con los Mossos
Igualmente, el tribunal ha ratificado el procesamiento de las otras tres personas procesadas en este procedimiento. Se trata del ex secretario general de Interior de la Generalitat, número dos de Joaquim Forn, César Puig; el ex director de los Mossos Pere Soler y la teniente Teresa Laplana.
Los dos primeros están procesados por organización criminal y un delito de sedición por el 1 de octubre. En el caso de Laplana, fue procesada por sedición por los hechos del 20 y 21 de septiembre.
El tribunal deja claro que los máximos responsables de la Consejería de Interior trabajaron "en connivencia y colaboración con la estructura de mando del cuerpo de los Mossos d'Esquadra y de los organizadores y grupos de defensa del referéndum ilegal".
Ahora será el Ministerio Fiscal el que deba presentar su escrito de acusación y solicitar la apertura del juicio oral. Conviene recordar que fue la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que inició este procedimiento, el 22 de septiembre de 2017, tras presentar una denuncia por los disturbios de Barcelona.
[Fuente: Por María Rescuero, El Mundo, Madrid, 28jun18]
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