Equipo Nizkor - El juez Llarena prohíbe a Jordi Sánchez que acuda a su investidura y Torrent aplaza sin fecha el pleno.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha denegado el permiso solicitado por el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana Jordi Sànchez para asistir al Pleno de investidura del Parlament de Cataluña que debía celebrarse este viernes. Ni siquiera le autoriza a que lo haga de forma telemática. El magistrado, que no es la primera vez que rechaza una solicitud similar, ha hecho hincapié en el riesgo de reiteración delictiva, es decir, en el peligro de que Sánchez retome el 'procés' en el punto que lo dejó la aplicación del artículo 155 si es elegido para presidir la Generalitat. Roger Torrent, presidente del Parlament, ha suspendido el pleno y ha anunciado una "respuesta".

En un comunicado de la Cámara, Torrent ha lamentado la "vulneración de derechos" por parte del tribunal, y ha defendido que debería haber permitido a Sànchez estar en la Cámara en virtud de la resolución de marzo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Torrent también ha anunciado la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Mesa del Parlament a las 10.30 horas de este viernes para "dar respuesta" a la decisión del Supremo. Según el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, hay un acuerdo para que la institución se querelle contra Llarena por no seguir las recomendaciones de la ONU. El caso es que se repite la situación que ya se vivió con Puigdemont a finales de enero y con el primer intento de investir a Jordi Sànchez en marzo.

Por lo que se refiere al auto de este jueves, el juez fundamenta su rechazo a la solicitud del candidato en el papel desempeñado por este en el desarrollo del 'procés'. Recuerda que la ANC, que Sànchez presidió hasta que aceptó ir en la candidatura de Puigdemont a las elecciones del 21-D como número dos, estuvo desde el primer momento en el conciliábulo entre partidos políticos y organizaciones civiles para impulsar una hoja de ruta del 'procés' que condujera a la independencia de Cataluña.

Llarena recuerda que en abril de 2015 la ANC elaboró un documento recogiendo sus compromisos hasta 2018, en el que se comprometía a velar por el cumplimiento de las resoluciones del Parlamento de Cataluña relativas al impulso del proceso, con especial atención "a las leyes de desconexión, a la convocatoria y realización de un referéndum vinculante en los términos establecidos, y la inmediata proclamación de la independencia en caso de victoria del SI". También desvelaba la importancia de los movimientos sociales, comprometiéndose a movilizar a la sociedad catalana y, ante la posibilidad de que la Generalitat de Cataluña fuera "intervenida políticamente y jurídicamente por el Estado español y/o algún partido soberanista ilegalizado", adelantaba que en esos escenarios "la ciudadanía emerge como el agente políticos que impulsa el proceso de independencia".

El rol de las asociaciones civiles soberanistas, continúa el juez, consistía en asumir "la responsabilidad de impulsar la mayor aceptación social de las iniciativas secesionistas, así como favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable, buscando, por último, una intensa movilización ciudadana que favoreciera que el Estado terminara por aceptar la independencia de Cataluña, ante las vías de hecho desplegadas". Y, en la eventualidad de que la independencia no fuera consentida por el Estado, y dado que la suspensión del autogobierno no podría tener carácter indefinido y mecho menos definitivo, el Libro Blanco del 'procés' ya preveía que "la secesión se alcanzará reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal y manteniendo una movilización ciudadana que terminaría por forzar al Estado a reconocer la nueva república".

En el auto se recogen declaraciones de Sànchez que ilustran todo lo anterior. En la Diada del 11 de septiembre de 2015 dijo: "Hemos decidido que nos vamos. Y lo haremos tan rápido como podamos, con la legitimidad de la calle y el mandado de las urnas". En la Diada de 2016 reclamó determinación para poner las urnas en 2017 y en noviembre del año pasado avisó de que Cataluña no permanecería indiferente ante las órdenes de detención o ante los juicios a sus cargos electos añadiendo que el momento de la verdad se acercaba.

El 20-S y el 1-O, dos momentos clave del 'procés'

Todos estos llamamientos, junto al diseño estratégico, cristalizaron en la movilización multitudinaria del 20 de septiembre ante la consejería de Economía de la Generalitat, que la Guardia Civil se disponía a registrar por orden del juzgado número 13 de Barcelona. Llarena recuerda que los encausados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium, pidieron a los catalanes que se movilizaran, "alentándoles diciendo que no podrían con todos ellos o que las fuerzas del dorden se habían equivocado y que habían declarado la guerra a los que querían votar" (estos registros formaban parte de las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado para tratar de evitar el referéndum ilegal que se celebró diez días más tarde). "A partir de esa incendiaria convocatoria -escribe el juez- lo que aconteció quedó lejos de la pacífica actuación que formalmente se reclamaba en algunos mensajes".

De hecho, en el auto se describe cómo "la muchedumbre rodeó los vehículos de la Guardia Civil, que terminaron devastados y destrozados, interior y exteriormente. Las armas que se encontraban en el interior de los coches policiales quedaron al albur del vandalismo desplegado. Sobrevino el lanzamiento de objetos contra los agentes y, ni hubo un control policial de que la muchedumbre no invadiera el edificio en cualquier momento, ni tampoco era seguro que los integrantes de la comisión judicial salieran del edificio en esas condiciones". Y durante el desarrollo de todos estos incidentes, según el juez, quedó claro el "control que ejercían los encausados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart". Es más, deja constancia de que Sànchez, en una de sus arengas a los concentrados, dijo que ni Rajoy, ni el Tribunal Constitucional, ni todas las Fuerzas de Seguridad del Estado podrían pararles.

Los dos encausados, Sànchez y Cuixart, aprovecharon después su notoria capacidad de movilización colectiva e impulsaron a todos los catalanes a que el 1-O acudieran a los diferentes centros de votación e impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido. Ese día, como consecuencia de dicha movilización, un número importante de ciudadanos hicieron frente a la labor de los policías, lo que -además de las lesiones sufridas por diversos ciudadanos fruto del uso de la fuerza policial- se materializó en numerosos actos de violencia que lesionaron a distintos agentes o causaron daños en su material.

Los indicios de reiteración que aprecia el juez

Tras su pormenorizado relato de todos los pasos que nos han conducido al momento en el que nos encontramos, el juez se fija en el párrafo del Libro Blanco del 'procés' que dice que "incluso en el caso extremo de suspensión del autogobierno (mediante la aplicación del artículo 155)… la voluntad popular y la voluntad institucional podrían seguir manifestándose una vez recuperada la autonomía y el funcionamiento ordinario de las instituciones".

A partir de ahí, detalla los indicios de reiteración: "1º) La existencia de un contexto político en el que concurren todavía sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse la independencia de Cataluña de manera inmediata, sosteniendo que debe lograrse perseverando en el mecanismo de secesión contrario a las normas penales que aquí se enjuicia y 2º) Que estos sectores se ajustan a un plan de secesión de contempla abordar ilegalmente una legislatura constituyente". El último indicio pero no menos importante es que "no puede eludirse que el Sr. Sànchez ha revalidado su objetivo delictivo integrándose en una candidatura que proclama precisamente continuar ejerciendo el método de actuación que se enjuicia". La reacción de Sànchez se ha producido ya a través de Twitter: "Hoy me pregunto si los catalanes volvieron a delinquir el 21-D depositando sus votos en las urnas".

12abr18

El juez Llarena prohíbe a Jordi Sánchez que acuda a su investidura y Torrent aplaza sin fecha el pleno

[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 12abr18]

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