Equipo Nizkor - Alemania impide juzgar por rebelión a Puigdemont.

Vaticinaba en el primer minuto de la jornada de ayer Gonzalo Boye, abogado del 'exconseller' Toni Comín, que iba a ser «un buen día». 19 horas después lo corroboraba, en cuanto se conoció la más sonora bofetada propinada hasta ahora al Gobierno y a la justicia española desde que optó por judicializar el proceso independentista. En una decisión más rápida de lo que se barruntaba, la justicia alemana ha frenado en seco los planes del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al impedir que el 'expresident' Carles Puigdemont pueda ser juzgado en España por rebelión, el mayor de los delitos que le imputaba el magistrado y por el que se enfrentaba a 30 años de cárcel. El revés judicial se convierte en árnica para el desnortado independentismo, que por un día traspasó la conmoción a la Moncloa y al bloque constitucionalista -que no supo decir nada más allá de acatar el veredicto alemán-, y sacude las negociaciones de la investidura, dando alas a reactivar la candidatura de un Puigdemont que ya no podrá ser inhabilitado.

Apenas dos días le han bastado a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el 'land' donde fue detenido Puigdemont el 25 de marzo, para determinar que los argumentos de Llarena para acusar de rebelión al líder de JxCat son "inadmisibles" y que casaban mal con el código penal alemán. El delito más parecido en la legislación germana es el de alta traición, que conlleva penas de prisión que podrían llegar hasta la cadena perpetua. Pero requiere de la existencia de violencia en las actuaciones de los acusados, extremo que el tribunal alemán no percibe en el Govern depuesto.

Motivos jurídicos

«Por motivos jurídicos, no puede aceptarse una extradición por rebelión porque los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente», zanjó la Audiencia regional germana sobre el que sin duda era el punto más controvertido del implacable auto de procesamiento del juez Llarena. Curiosamente, la misma interpretación es la que hizo ayer la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela al procesar por sedición (penada con hasta 15 años de cárcel) pero no por rebelión al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por entender que no hubo violencia en el 1-O ni en el asedio a la Conselleria d'Economia.

El derrumbe de esta viga de la argumentación del Supremo no evitará la probable extradición del 'expresident' a España, pero solamente se le entregaría para ser enjuiciado por malversación de fondos, equiparable al delito de corrupción en Alemania, que sí recibió ayer el aval del tribunal de Schleswig-Holstein, refutando además la tesis independentista de la persecución política: «Al perseguido se le acusa de un acto concreto castigado también por la legislación alemana, no por sus ideas políticas». La malversación en España está penada con un máximo de 8 años de cárcel.

La legislación sobre la euroorden de detención y entrega impide a un tribunal español juzgar a un reclamado por un delito distinto a aquellos por los que lo entrega el país en el que ha sido detenido, aunque esa misma normativa permitiría que el expresident fuese juzgado por rebelión en un futuro, tras cumplir una eventual condena por malversación. Otro de los posibles escenarios a partir de ahora es la retirada de la euroorden por parte de Llarena.

En paralelo, el dictamen alemán hace caer también por efecto dominó otras piezas no menos importantes del tablero jurídico-político. El líder de JxCat saldrá este viernes de la prisión de Neumünster tras pagar una fianza de 75.000 euros. Tumbada la causa por rebelión, la Audiencia regional considera que se reduce sustancialmente el riesgo de fuga que justificaba el encarcelamiento, aunque Puigdemont no podrá dejar Alemania sin autorización de la fiscalía y deberá presentarse semanalmente ante la policía de Neumünster.

Antes del 22 de mayo

Otra pieza abatida es el peligro de suspensión del cargo que pesaba sobre el 'expresident', pues solo los procesados por rebelión que estén en prisión preventiva son inhabilitados de forma automática. Es decir, Puigdemont podrá seguir siendo diputado mientras no tenga una condena firme, lo que permite a JxCat plantearse la opción de reintentar su investidura. Justo ayer, antes del espaldarazo germano, los posconvergentes reactivaron la candidatura de Jordi Sànchez, preso en Soto del Real, para forzar a Llarena a acatar o desoír el ambiguo capote de la ONU al exlíder de la ANC.

Pero retomar la 'vía Puigdemont' entraña el riesgo de no llegar a tiempo. El reloj de la investidura se parará el 22 de mayo y para entonces el 'expresident' tendría que haber sido extraditado y no haber dictado Llarena prisión preventiva. La decisión sobre la entrega puede prolongarse hasta tres meses, aunque la media se sitúa en 48 días. Solo si los plazos de acortasen podría volverse al plan a.

05abr18

Alemania impide juzgar por rebelión a Puigdemont

[Fuente: Por José Rico y Carles Planas, El Periódico, Barcelona, 05abr18]

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