Equipo Nizkor - Los letrados del Parlament concluyen que el plazo para nuevas elecciones en Cataluña aún no ha comenzado.

Los letrados del Parlament han concluido en su informe que el plazo de dos meses para ir a unas nuevas elecciones en Cataluña si la investidura sigue encallada aún no ha empezado a correr porque, para que así fuera, hubiera tenido que producirse una investidura fallida. Y eso no llegó a suceder ya que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, suspendió 'sine die' el pleno que había convocado para el pasado 30 de enero con el fin de someter a debate la candidatura de Carles Puigdemont con el fin de evitar las consecuencias judiciales que hubiera tenido su celebración. Los letrados creen que el plazo no debería activarse hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso del Gobierno o hasta que lo active el propio Torrent.

Los letrados, de hecho, aportan en su informe tres posibles vías de solución, habida cuenta de la situación de bloqueo en la que han caído las negociaciones entre las tres formaciones independentistas que respaldan la elección de Puigdemont. A tenor de sus más recientes declaraciones, ni siquiera se vislumbra un próximo desenlace ya que mientras JxCat lleva días publicitando la inminencia del acuerdo, ERC enfría todos sus anuncios y asegura que el pacto aún necesita tiempo para estar listo.

Si la parálisis persistiera y fuera imposible el acercamiento, los letrados contemplan la posibilidad de que sea Torrent quien active personalmente el inicio del plazo para la convocatoria automática de elecciones, lo que podría hacer mediante comunicación a la cámara en la que constate el bloqueo, o forzando un pleno con "un acto equivalente a la primera votación de investidura" que nunca llegó a producirse. En ausencia de normativa para iniciar la cuenta atrás de dos meses -señala el texto- los letrados aluden al precedente del dictamen del Consejo de Estado respecto a lo ocurrido en la Asamblea de Madrid en 2003, con el llamado "Tamayazo".

Entonces, el candidato del PSOE, Rafael Simancas, se postulaba como futuro presidente de la Comunidad de Madrid, pero dos de sus diputados se convirtieron en tránsfugas y perdió la mayoría. La votación no llegó a celebrase y se pidió un informe al Consejo de Estado que zanjó el asunto con un dictamen en el que se decía: "El intento frustrado de formalizar la propuesta de un candidato equivale a la primera votación de investidura en la que el candidato no hubiera obtenido la confianza de la Asamblea".

Una segunda vía sería que Torrent abriera una nueva ronda de contactos con los grupos para buscar otro nombre alternativo al de Carles Puigdemont. Los letrados también consideran que, si Torrent no impulsa el acto equivalente a una votación fallida sin justificación objetiva y transcurrido un plazo razonable, "se podría estudiar la posibilidad de que los grupos parlamentarios impulsaran este acto equivalente mediante los instrumentos correspondientes".

Así pues los letrados señalan tres vías para que el bloque no se eternice: que Torrent comunique que hay un bloqueo político, que busque un candidato alternativo o que sean los grupos quienes tomen la iniciativa. También cabe la posibilidad de que sea el Tribunal Constitucional el que aclare qué hacer en última instancia cuando se pronuncie sobre la impugnación de la candidatura de Puigdemont que presentó el Gobierno por considerar que no podía someterse a la investidura.

Hasta que el TC no se pronuncie sobre esta impugnación en la que el Parlament se ha personado con alegaciones -afirman los letrados- "se puede considerar suspendido" el calendario de investidura que fija el reglamento del Parlament: diez días para una primera votación y un máximo de dos meses para encontrar presidente y evitar la convocatoria automática de elecciones. Y esta suspensión del calendario puede mantenerse hasta que la resolución del TC acuerde "la admisión o no de la impugnación" del pleno.

En el informe, se deja constancia de la excepcionalidad de la situación sobre la que se emite un dictamen puesto que "el aplazamiento de la sesión plenaria no se ha producido por una decisión arbitraria del presidente" del Parlament, "sino como consecuencia de una decisión ajena adoptada por otro órgano". Además, se considera que el hecho de dar por bueno que el plazo de dos meses ya ha empezado a correr a pesar del aplazamiento "podría causar un perjuicio irreparable al derecho de participación de los diputados" que apoyan al candidato designado, "especialmente teniendo en cuenta que no hay certeza respecto del pronunciamiento final del TC sobre la viabilidad de la candidatura".

Fuentes parlamentarias han explicado que los letrados han mostrado unanimidad en que la cuenta atrás no había empezado, pero han discrepado sobre si correspondía exclusivamente a Torrent activarla o no. La falta de consenso sobre este punto ha determinado que el letrado mayor, Antoni Bayona, no estampara su firma en el documento, de manera que sólo aparece la de secretario general, Xavier Muro.

09feb18

Los letrados del Parlament concluyen que el plazo para nuevas elecciones en Cataluña aún no ha comenzado

[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 09feb18]

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