Equipo Nizkor - El juez Llarena rechaza liberar a Jordi Sànchez y le reprocha su apoyo a Puigdemont.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se ha opuesto este martes a dejar en libertad al expresidente de la Assemblea Nacional Catalana y diputado Jordi Sànchez. Al igual que resolvió con el exconseller de Interior Joaquim Forn el instructor considera que no se puede dar por desaparecido el riesgo de reiteración delictiva en caso de ser excarcelado al tiempo que le reprocha haber revalidado su apoyo a la candidatura de Carles Puigdemont. Además, el magistrado explica que han aparecido nuevos elementos de su participación en los hechos investigados en esta causa.

El juez rechaza el argumento en el que Jordi Sánchez alega en su recurso que los hechos que se le atribuyen no son constitutivos de delito. En este sentido, indica que durante la instrucción han aparecido "nuevos elementos de soporte" sobre la participación de ANC y de su entonces presidente Jordi Sànchez en los hechos investigados.

Estos son, señala el juez, la agenda intervenida a Josep María Jové, "que evidencia no sólo la reunión de partidos políticos soberanistas y los representantes de ANC y Ómnium Cultural, sino que aquellos contemplaban la movilización ciudadana como un elemento estratégico para la consecución de la independencia".

El magistrado se refiere, además, a las numerosas intervenciones públicas en las que los representantes políticos y los de las asociaciones soberanistas "han proyectado la existencia de una actuación compartida, habiendo llegado a afirmar Sànchez en una ocasión que, sobre esta cuestión, hablaba en nombre del expresidente Puigdemont, o de los partidos soberanistas PDeCAT, ERC o la CUP, al tiempo que se ha proclamado garante de que se celebraría el referéndum del que derivaría la declaración de independencia, salvo que el gobierno del Estado lo impidiera con actos impropios".

Por último, también cita las convocatorias que se hicieron desde la ANC "para que los ciudadanos se congregaran en movilizaciones orientadas a dificultar la prohibición del referéndum o, incluso, dando pautas de cómo habrían de ocuparse los centros de votación en la madrugada del 1 de octubre, para imposibilitar con ello que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pudieran llevar a término las decisiones judiciales de impedir su celebración".

Respecto a la reiteración delictiva, el juez afirma que, a diferencia de algunos encausados, en Jordi Sánchez hay un mayor riesgo, ya que "no sólo no ha renunciado a la actividad pública que -desde diversos frentes- ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos, sino que ha revalidado su compromiso en una candidatura cuyo líder proclama el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades que este proceso penal contempla y que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la CE".

Por ello, a la hora de analizar cuál puede ser su futura actuación, el magistrado indica que "no sólo debe atenderse a este elemento, sino a la marcada determinación con la que el encausado ha perseguido la consecución de sus objetivos, lo que se refleja en su impulso de movilizaciones multitudinarias de ciudadanos que -como se dijo en el auto de 4 de diciembre de 2017- favorecieron un estallido social, y que específicamente estimularon o asumieron el riesgo de que se expandiera una irreparable reacción violenta contra la convivencia y contra la organización territorial del Estado".

En su auto, alude a la existencia de "un contexto político en el que concurren todavía sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse la independencia de Catalunya de manera inmediata y que debe lograrse perseverando en el mecanismo de secesión contrario a las normas penales que aquí se enjuicia.

Siguen así ajustados al plan de secesión que recoge el documento Enfocats, en el que se contemplaba abordar una legislatura constituyente con posterioridad a la desconexión del Estado español, y en el que se expresaba la necesidad de perseverar en la estrategia y en los objetivos aún en el supuesto de que el Estado interviniera las instituciones de la Comunidad Autónoma".

El juez recuerda que el solicitante "mantiene su ideario soberanista, lo que resulta constitucionalmente válido, pero imposibilita el convencimiento de imposible reiteración delictiva que se tendría respecto de quien profese la ideología contraria".

En el caso de Sànchez ocurre que fue el presidente de la asociación encargada de movilizar a la ciudadanía para acudir a votar en el referéndum el 1 de octubre a pesar de estar prohibido por orden judicial; y fue quien convocó el 20 de septiembre a las puertas de la Conselleria de Economía cuando la Guardia Civil había acudido a realizar un registro por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Fue precisamente por estos hechos lo que le llevaran a prisión incondicional por un presunto delito de sedición.

Sánchez es diputado por Junts per Catalunya y número dos de la lista después de Carles Puigdemont, que se encuentra en Bruselas (Bélgica) al existir sobre él una orden nacional de detención e ingreso en prisión. Sànchez solicitó su libertad tras declarar voluntariamente el pasado 11 de enero ante el magistrado. En su escrito entregado tras el interrogatorio, aseguraba que su manifestación de ir por las vías constitucionales y abandonar la unilateralidad no son afirmaciones "oportunistas ni mendaces" porque, al contrario, es la "verbalización de su sentir histórico sobre la forma en la que debía y debe desarrollarse el anhelo independentista".

Además, mantenía que sus postulados ideológicos no se han alterado pero acepta "el vigente marco constitucional, sin perjuicio del mantenimiento de la legítima voluntad de modificarlo por vías siempre legales, pacíficas y democráticas".

06feb18

El juez Llarena rechaza liberar a Jordi Sànchez y le reprocha su apoyo a Puigdemont

[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Barcelona, 06feb18]

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