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10ene18

El juez descubre que la Generalitat pagó parte del referéndum ilegal del 1-O con fondos del Estado

La investigación del 1-O ha revelado que el referéndum ilegal se financió con fondos del Estado y no sólo de la Generalitat. Esa sospecha llevó hace varias semanas al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona a ofrecer a la Abogacía del Estado la posibilidad de personarse en la causa en torno al referéndum. La Abogacía representa al Estado, es decir, a Hacienda, que habría sido la perjudicada por el desvío de los fondos públicos gestionados por el Gobierno central.

Según fuentes próximas a la investigación, la Abogacía del Estado aceptó personarse tras confirmar en el juzgado que lo que se había detectado era gasto de fondos del Estado y que el ofrecimiento no se hacía por el hecho de que el artículo 155 suponía hacer al Estado responsable también de los fondos de la Generalitat. El delito que podría haberse cometido es el de malversación de fondos públicos, castigado con penas de prisión. Ese delito también está incluido en las querellas presentadas en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. En sus resoluciones, el magistrado del Supremo Pablo Llarena incluye la malversación como uno de los delitos que imputa a los ex miembros del Govern.

Ni en el Supremo ni en la Audiencia se ha ofrecido personarse a la Abogacía del Estado, un trámite que puede producirse más adelante. Por el momento, la Abogacía se ha limitado a personarse en el juzgado de Barcelona y no tiene previsto pronunciarse sobre cuestiones de competencia entre los tres juzgados (Barcelona, Audiencia Nacional y Supremo) que se reparten la investigación

Según informa El País, los fondos del Estado desviados para el 1-O alcanzarían los tres millones de euros y provendrían del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el sistema ideado por el Gobierno central para ayudar económicamente a las autonomías. El gasto habría sido descubierto gracias a la documentación incautada por la Policía Nacional a los Mossos d'Esquadra cuando estos intentaban llevarlos a una incineradora.

[Fuente: Por Manuel Marraco, El Mundo, Madrid, 10ene18]
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