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14dic17
La justicia belga cierra oficialmente el proceso de extradición contra Puigdemont y los exconsejeros
La Justicia belga ha retirado este jueves, a petición de las autoridades españolas, la solicitud de extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica. Puigdemont, junto a Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, están investigados por la Justicia española por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación. De haberse mantenido la euroorden, se habría corrido el riesgo de que se concediera la entrega a España solo por alguno de esos delitos, lo que también hubiera limitado los cargos por los que se les podría llevar a juicio.
Antes de que toda la causa fuera asumida por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional solicitó cinco Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) pero el caso pasó después al Tribunal Supremo, que decidió retirarlas, petición que recogió la Fiscalía belga y se la trasladó al magistrado de la Cámara del Consejo de Bruselas, que ya ha cerrado el expediente en Bélgica. Con esta decisión se formaliza también la supresión de las medidas cautelares que les fueron impuestas por el juez de instrucción cuando se entregaron las órdenes europeas a las autoridades belgas el pasado 5 de noviembre, lo que les deja libertad para viajar fuera de Bélgica.
La audiencia se ha celebrado pasadas las 11:30 horas con la presencia de los abogados, pero no de los requeridos, y ha durado apenas unos minutos, ya que se trataba únicamente de un trámite para formalizar el cierre del caso. Ya el pasado 5 de diciembre, cuando el Tribunal Supremo informó a las autoridades judiciales belgas de su decisión de retirar las euroórdenes vía Eurojust, la Fiscalía de Bruselas informó de que las medidas cautelares impuestas a Puigdemont y sus exconsellers serían retiradas de manera "inmediata".
Llarena tomó su decisión para garantizar la homogeneidad de la acusación, es decir, que todos los exmiembros del Govern imputados por haberse saltado la Constitución y las leyes para conseguir la secesión de una parte del territorio español sean procesados y juzgados por los mismos delitos. Por eso, en el auto en el que la comunicó subrayaba que está investigando un "delito de naturaleza plurisubjetiva dotado de unidad jurídica inseparable", lo que requiere una "única contestación para evitar respuestas contradictorias". Y añadía que "la depuración de las distintas responsabilidades penales debe ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes".
Los recelos del juez del Supremo se basan tanto en el análisis de la legislación belga, en la que el delito de rebelión no está tipificado exactamente de la misma manera que en la española, como en las alegaciones de las defensas de los prófugos, que se basaron en esa disparidad jurídica. Si Bélgica hubiera denegado la entrega del expresident y los cuatro exconsejeros ni más ni menos que por el principal cargo que se les imputa, no sólo no podrían responder de la presunta rebelión sino que se daría la paradoja de que sí podrían ser enjuiciados por ese delito los exconsejeros que, en vez de huir, se quedaron en España.
Por eso, Llarena también esgrimía en su auto que la denegación parcial de la ejecución de las euroórdenes tal y como las emitió la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela introduciría "perturbaciones de defensa" para los imputados en esta causa que sí están en España, quienes "podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos, colocándose así en peor derecho que quienes se encuentran fugados".
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 14dic17]
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