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29nov17
El Supremo cita el viernes a ocho exconsellers y a 'los Jordis' para decidir sobre su libertad
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha citado a declarar el próximo viernes a partir de las 9.30 horas al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a los otros siete exconsejeros que no acompañan al expresidente Carles Puigdemont en Bruselas y a los expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural Jordi Sánchez, y Jordi Cuixart. Todos ellos han solicitado al juez que revise la prisión incondicional que les impuso la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, antes de que sus causas se acumularan a las que instruye Llarena sobre los miembros de la Mesa del Parlament.
Llarena tendrá que revisar la situación en la que se encuentran el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros de ERC -Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa- los exconsejeros del PDeCAT -Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borrás y Joaquim Forn- y los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los miembros del cesado Govern llevan en las prisiones de Estremera y Alcalá Meco desde el 2 de noviembre y 'los Jordis' fueron ingresados en la de Soto del Real el 16 de octubre. Si el juez del Supremo decidiera su puesta en libertad, podrían participar presencialmente en la campaña para las elecciones catalanas del 21 de diciembre, que comienza el próximo martes 5 de diciembre, ya que la mayoría de ellos figuran en las listas de las formaciones que concurren.
En los escritos que han dirigido al magistrado para solicitarle la citación, los investigados han ido acercándose a la denominada 'vía Forcadell' que facilitó la puesta en libertad por orden del propio Llarena de la presidenta de la Mesa del Parlamento de Cataluña, investigada igualmente por rebelión en el alto tribunal junto a otros exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Básicamente, se trata de que acaten el artículo 155 y renuncien a la vía unilateral hacia la independencia.
De todas formas, de la providencia dictada este miércoles por el juez se desprende que la declaración no entrará en el fondo del asunto, es decir, aparcará de momento la participación de los exconsejeros y 'los Jordis' en la organización de una estrategia para declarar la independencia de Catalunya fuera de las vías legales, sino para responder sobre las circunstancias de su encarcelamiento.
A priori, solo tendrán que responder por qué creen ya no hay riesgo de fuga, de reiteración delictiva ni de destrucción de pruebas. Y las respuestas serán las mismas que ya contenían los escritos presentados por sus defensas al juez: no hay riesgo de reiteración ni de destrucción de pruebas porque ninguno de ellos ejerce ya los cargos que desempeñaban cuando supuestamente cometieron los delitos de los que se les acusa -fueron cesados precisamente en aplicación del artículo 155 de la Constitución- y no hay riesgo de fuga por su arraigo familiar y por su participación en las elecciones autonómicas catalanas.
Cabe recordar que los cuatro exconsejeros de ERC expresaban en su escrito al juez el acatamiento del precepto constitucional, si bien afirmaban que no renuncian a sus convicciones políticas, que se comprometen a defender por "las vías del diálogo y la negociación", ni a luchar para que los catalanes puedan pronunciarse en un futuro referéndum sobre su relación con el Estado.Menos claros fueron los exconsejeros del PDeCAT, que también habían acatado el 155 en los recursos contra su prisión incondicional presentados en la Audiencia Nacional. En esta ocasión, sin embargo, su defensa no ha facilitado el escrito a la prensa y tampoco ha precisado si habían reiterado el acatamiento. Ello podría deberse a una estrategia electoral para poder rivalizar con el partido republicano, que esta vez no va a las elecciones de la mano de la antigua Convergència sino por separado, presentándose como los candidatos más firmes en la defensa de sus principios.
Ahora bien, si quieren salir de prisión todos ellos deberán tener muy presente la importancia que tuvo el turno de palabra que el juez Llarena dio a los miembros de la Mesa del Parlament cuando finalizó su interrogatorio, el pasado 9 de noviembre. En ese momento, los miembros de la Mesa reiteraron su compromiso de acatar el artículo 155 de la Constitución y aseguraron que si seguían en política lo harían sin volver a saltarse la Constitución. De hecho, pese a considerar a Forcadell como la persona que tuvo un "liderazgo" y una "actuación principal" en el proceso independentista, el magistrado subrayaba en su auto el acatamiento del precepto constitucional y que los investigados a los que había tomado declaración "o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".
Intervención coordinada de todos los investigados
En el auto en el que asumió la competencia sobre la investigación iniciada por Lamela en dos causas diferentes -la que investiga a los exconsejeros por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos y la dirigida contra los representantes de las organizaciones sociales por una posible secesión- Llarena justificaba su decisión al apreciar conexión material inescindible" con los hechos investigados a las personas aforadas y que esto puede apreciarse en algunos casos "desde un primer momento".
El magistrado entiende la "existencia de una compleja heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República Independiente". Y que para lograr este propósito, que permitió la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración de independencia -señala el juez-, los integrantes de dicha organización elaboraron una "premeditada estrategia perfectamente coordinada" en el que se repartieron papeles entre "autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles" y en el que participaron las asociaciones independentistas.
Además, el juez destaca en el auto que aunque es evidente que la intervención de cada uno de los investigados ha tenido una "sustantividad material propia", la necesidad de que se enjuicie conjuntamente se enmarca en que no se puede hacer un pronunciamiento si no se analizan "integralmente las actuaciones desarrolladas por aquellos y el cuadro de intenciones que les inspiraba". En este sentido, dijo que la intervención "coordinada" de los miembros del Govern y la de los presidentes de ANC y Òmnium en los hechos "es la que puede llenar de contenido el injusto contemplado en el delito de rebelión".
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 29nov17]
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