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28nov17
Junqueras y los exconsejeros de ERC encarcelados acatan el 155 y omiten la vía unilateral
El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Aunque afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, se compromete a defenderlas por "las vías del diálogo y la negociación".
Concretamente, en el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en la que están imputados los antiguos miembros del Govern, la defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa asegura que todos "aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica" y que "no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña".
Desde esa discrepancia, se acepta el 155 "por imperativo legal". La defensa hace constar en el escrito que "se denuncia que el 155 no permite cesar el Gobierno ni bloquear la actividad del Parlament y en este sentido se ha impugnado su aprobación atendiendo incluso al propio ordenamiento jurídico español. El 155 se ha aplicado de manera ilegal".
Eso sí, los exconsejeros recuerdan que "ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva", y en el caso de que "en el futuro" volvieran a ostentar algún cargo público "están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación". Con esta argumentación, desechan igualmente el riesgo de de destrucción de pruebas.
Respecto al riesgo de fuga, los políticos encarcelados recuerdan que todos ellos concurren a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, además de alegar su arraigo familiar y social. De esta manera, tratan de desmontar la afirmación de la juez Lamela de que de quedar en libertad existía riesgo de que se sustrajeran de la acción de la Justicia, tal y como hicieron el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y otros cuatro ex consellers.
Si su petición no prospera antes o su defensa no renuncia a los recursos presentados previamente ante la Audiencia Nacional, los cinco magistrados que forman la Sección Segunda de lo Penal de este otro tribunal revisarán el próximo lunes la prisión de los exmiembros del Govern. Estos recursos siempre siguen adelante, si no hay renuncia expresa por parte de quien los ha presentado. Teniendo en cuenta que la Sala de lo Penal ya falló en contra de los recursos interpuestos por los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los miembros del cesado Govern tienen puestas sus esperanzas en el Supremo.
Y es que las defensas intentan que el juez Llarena use el mismo criterio seguido con Carme Forcadell para que Junqueras, Romeva, Mundó y Bassa salgan de la cárcel. De ahí que todos ellos se comprometan al diálogo dentro de la Constitución que, recuerdan, "protege al disidente político dentro de sus principios de tolerancia al discurso político pacífico". Hay que recordar que el juez Llarena, en el auto por el decretó prisión eludible con fianza de 150.000 euros para Forcadell, recordó que en su declaración, la presidenta del Parlament y los otros miembros de la Mesa imputados no sólo "asumieron la intervención derivada de la aplicación del artículo 155", sino que se comprometieron a "renunciar a cualquier actuación fuera del marco constitucional", esto es, a la vía unilateral. Por ello acordó medidas cautelares menos gravosas que la prisión incondicional decretada por la jueza Carmen Lamela para los exconsellers.
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 28nov17]
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