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10nov17
El Govern tenía listos 41 decretos para invadir todas las competencias del Estado tras la DUI
El Govern de Carles Puigdemont tenía preparada una batería de decretos para engullir todas las competencias del Estado al día siguiente de la declaración unilateral de independencia (DUI). Desde la creación de un Banco Central y un equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al nuevo impuesto de las personas físicas no residentes, pasando por aspectos aparentemente menores como la apertura de un registro de vehículos y otro de personal de seguridad privada. También estaba preparada la elección automática de los jueces que debían conformar el Tribunal Supremo del nuevo país y la tramitación de medidas de urgencia para que la Generalitat se quedara con todos los funcionarios de la Administración General del Estado.
La lista de decretos fue encontrada por la Guardia Civil en el correo electrónico de uno de los principales arquitectos del proceso secesionista, Josep Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda de la Generalitat, mano derecha del exvicepresidente del Ejecutivo autonómico Oriol Junqueras y secretario general adjunto de ERC desde 2011. Fue detenido junto a otros 13 altos cargos autonómicos y empresarios en la operación Anubis que lanzó el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona el pasado 20 de septiembre para tratar de desbaratar los preparativos de la consulta independentista del 1-O.
Seis días antes de ser arrestado, el jueves 14 de septiembre, a las 13.33 horas, Salvadó recibió en su ordenador de la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat un correo de Dolors Antón, secretaria de Hacienda, con un texto de solo seis palabras: "Te paso el listado en WORD". Lo relevante era el documento adjunto, un archivo titulado "Normativa de desarrollo inmediato de la LTJR". Las cuatro mayúsculas se corresponden con las siglas de la Ley de Transitoriedad Jurídica de la República, la norma aprobada por Junts pel Sí y la CUP en la madrugada del 6 al 7 de septiembre que debía fijar la estructura legislativa básica del nuevo Estado hasta que entrara en vigor la supuesta Constitución de Cataluña. El Govern sería el encargado de desarrollar la Ley de Transitoriedad mediante normas de rango inferior.
Hasta ahora, se había especulado con la cantidad de decretos que había preparado el gabinete de Puigdemont, el grado de planificación del día después y hasta qué punto llegaría la ruptura. Los documentos incautados por la Guardia Civil han resuelto esas preguntas. El archivo que manejó Salvadó revela que, dos semanas antes del referéndum -la ley de la consulta especificaba que la DUI debía producirse dos días después de validarse los resultados-, el equipo de confianza de Junqueras ya manejaba 41 decretos que se dividían en dos bloques: generales (11) y sectoriales (30).
Entre los decretos de carácter general se encontraban los siguientes: "Decreto-ley de sucesión de ordenamientos jurídicos, administraciones y contratos"; "Decreto-ley de integración del personal de las administraciones del personal del Estado español en las administraciones de Cataluña, de incorporación del nuevo personal y de creación del registro de empleados públicos"; "Decreto-ley de creación del cuerpo de funcionarios en el ámbito del poder judicial y la administración de Justicia, la inspección de Trabajo y la Seguridad Social, las relaciones exteriores, la docencia universitaria y la marina mercante"; "Decreto de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Cataluña"; "Decreto por el que se establece la estructura de la presidencia de la Generalitat de Cataluña"; "Decreto de estructura de cada uno de los 13 departamentos actuales de la Administración General de Cataluña"; y "Decreto-ley que regula el procedimiento de subrogación en los contratos del sector público y patrimoniales formalizados por el Estado español".
El apartado de los decretos para el desarrollo legislativo sectorial era aún más ambicioso. Contemplaba la edificación de los pilares básicos de la Cataluña independiente, aunque con una sorprendente inspiración en el diseño institucional de España. El bloque incluía, entre otros, el "Decreto-ley del Banco Central de Cataluña"; "Decreto-ley de la Autoridad Catalana de Inversiones y Valores", equivalente a la CNMV; "Decreto-ley de creación del Fondo de Garantía de Depósitos, Inversiones y Seguros"; "Decreto-ley de la Autoridad Catalana de la Compentencia y los Mercados", copiado de la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC)"; "Decreto-ley de la Agencia Tributaria"; "Decreto-ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas no residentes"; "Decreto-ley del Servicio Exterior"; y "Decreto-ley por el cual se determina la transforación provisional del Colegio de Notarios de Cataluña en el Colegio de Notarios y Registradores de Cataluña y se adoptan otras medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito notarial y registral de Cataluña".
El Govern había descendido incluso a un menor nivel de detalle de la hipotética nueva República. En el documento que recibió Salvadó también figuraban dos acuerdos para el "proceso selectivo de magistrados para ingreso provisional en las salas Civil, Penal, Social y Contencioso Adminitrativo del Tribunal Supremo" y "de juez y magistrado, abogado [del Estado] y fiscal". Además, figuran un "Decreto-ley por el cual se regula el funcionamiento y la organización del Registro de entidades religiosas"; "Decreto de urgencia de creación del Instituto de Medicina Legal y Toxicología"; "Decreto de urgencia por el cual se regular el acceso al cuerpo de inspectores de Educación"; y otros cinco para la creación de sendos registros de "propiedad intelectual", "conductores e infractores", "vehículos y matriculación", "personal de seguridad privada" y "empresas de seguridad privada", entre otras normas. A pesar de la exhaustividad, el documento intervenido por la Guardia Civilaclaraba en su cabecera que la lista estaba "pendiente de actualización".
El poder de estas normas iba a ser absoluto. Como publicó este diario, el artículo 32 de la Ley de Transitoriedad Jurídica concedía al Govern una capacidad sin límites para aprobar todos los decretos que considerara por criterios de "necesidad y urgencia" que no especificaba. Durante los primeros 30 días, ni siquiera era necesario que fueran validados por el Parlament. La norma aclaraba incluso que no eran "susceptibles de control por parte del Consejo de Garantías Democráticas", equivalente al Tribunal Constitucional. Es decir, que el Govern habría podido aprobar la lista íntegra de 41 decretos sin ningún tipo de freno, aunque todos ellos iban directamente contra la línea de flotación de la Carta Magna. Su aprobación debía haber comenzado al día siguiente de la DUI. Pero Puigdemont optó por fugarse a Bélgica con medio Govern y el resto de consejeros abandonó ordenadamente sus despachos.
[Fuente: Por José María Olmo y Beatriz Parera, El Confidencial, Madrid, 10nov17]
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