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06nov17
Puigdemont quedará en libertad vigilada mientras se decide su entrega
A las 9 de la mañana de ayer domingo Carles Puigdemont y cuatro de sus antiguos consejeros se presentaron ante la Policía de Bruselas para responder ante la orden europea de detención de la que son objeto y poco antes de media noche salían del juzgado de guardia en libertad vigilada, bajo condiciones, a la espera de que se decida la cuestión de fondo que es su entrega a la Justicia española.
Su puesta a disposición de la Policía estaba pactada con sus abogados por lo que todo se ha hecho con la mayor delicadeza, para evitar escenas demasiado escabrosas. Los prófugos se desplazaron a la sede de la dirección general de la Policía Federal, que en ningún momento ha dejado de estar en contacto con el abogado de Puigdemont, el defensor de etarras Paul Bekaert, y fueron trasladados a los juzgados centrales en coches policiales sin identificación. Los agentes tardaron 17 minutos en completar los trámites y detener a Puigdemont, y a los cuatro exconsejeros que se encontraban con él: Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxel Serret. Los cuatro han quedado en libertad bajo condiciones: deben fijar un domicilio fijo en Bruselas, no pueden abandonar Bélgica sin permiso del juez de instrucción y están obligados a personarse en todas las diligencias que seguirán en el proceso.
La estrategia de su abogado consiste en utilizar todo tipo de argucias para prolongar su estancia en Bélgica o para intentar evitar definitivamente su entrega a la Justicia española. En contra de toda lógica -puesto que no lo entiende pero si el francés- el expresidente catalán ha pedido que su caso se dirima en neerlandés, lo que obligará a traducirlo todo y de propina le puede proporcionar un juez flamenco que podría ser más próximo con los medios independentistas catalanes. Eso explica también que su última publicación en las redes sociales se hiciera en esta lengua, precisamente para anunciar su intención de entregarse a la Policía belga.
Puigdemont pudo ser visto a través de una ventana del edificio de los juzgados mientras declaraba junto a su abogado, un experto en bloquear las órdenes europeas de detención. En las últimas horas no se había sabido nada del expresidente de la Generalitat ni de su paradero en Bruselas, ciudad en la que es posible que pase aún una temporada.
Y cuanto más tarde en dirimirse la cuestión de la entrega de Puigdemont, su presencia en este país está siendo cada vez más incómoda para el Gobierno belga. El nuevo encontronazo político es aún más grave que el del secretario de Estado de inmigración ofreciendo asilo político al ex presidente de la Generalitat, puesto que se trata del viceprimer ministro federal belga y titular de Interior, el independentista flamenco Jan Jambon. Este acusó a España en una entrevista televisiva de actuar de forma irregular y pidió la intervención de las autoridades europeas. «¿Qué han hecho mal? Simplemente aplican el mandato que recibieron de sus electores. Entonces, me estoy haciendo preguntas. Y esto sucede en un Estado europeo y noto que hay silencio por todos lados. Me pregunto a qué está esperando Europa. Si hubiera ocurrido lo mismo en Polonia o Hungría, creo que habría otras reacciones, porque existe la ley española, pero también el Derecho Internacional, la Convención Europea de Derechos Humanos y otras cosas. Y todo esto está por encima de la ley de un Estado miembro».
Simpatizante pronazi
Jambón, que además de partidario de la independencia de Flandes es un conocido simpatizante de organizaciones neonazis, que participa en ceremonias de las asociaciones de colaboracionistas flamencos, es el dirigente belga de más relevancia que ha entrado bruscamente en este debate, pero no el único. El ex primer ministro socialista Elio Di Rupo también ha dicho que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «se comporta como un franquista autoritario». A Jambón le respondió enseguida el jefe de la delegación española del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons quien dijo que las declaraciones del ministro belga son «irresponsables y peligrosas» e indignas de un ministro de un Gobierno de la UE. A Di Rupo y a su correligionaria francesa Ségolène Royal, que ha vertido opiniones similares, les respondió también preguntándole si no son conscientes de que «España es una democracia donde rige la separación de poderes» y recordándole que los socialistas españoles apoyan la decisión de los jueces.
[Fuente: ABC, Madrid, 06nov17]
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