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02nov17
El fiscal pide detener a Puigdemont y a los cuatro exconsejeros que no han ido a declarar
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la juez Carmen Lamela que emita una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que no han acudido este jueves a su citación por rebelión, sedición y malversación. Los cuatro exconsejeros a los que afecta la OEDE son Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). El fiscal pide que las órdenes se dirijan a las autoridades belgas al constar que han viajado a ese país.
De acordarlo la juez, una vez emitida la orden de detención, los huidos, que el miércoles por la noche decían estar en Bélgica, podrían ser detenidos en cualquier momento y ser puestos a disposición de un juez, que deberá decidir si les envía o no a la cárcel mientras se tramita la OEDE o adopta otro tipo de medidas cautelares. Lo que se espera es que sea el propio Puigdemont quien se entregue al juez, una vez dictada la resolución judicial que sustituye el procedimiento de extradición en la Unión Europea.
La OEDE podría ser solicitada por el fiscal si Puigdemont no aparece en respuesta a la citación que se le envió para declarar en la Audiencia Nacional por rebelión y sedición. De hecho, el procedimiento de la OEDE, que se aplica en España desde 2003, se actualizó en 2014 para incluir la obligación de que sea el fiscal quien solicite la entrega (antes de esa fecha, los jueces podían dictar la OEDE directamente) y para incorporar el llamado principio de proporcionalidad, por el que solo se pueden emitir las OEDE cuando en España se dan los presupuestos para la prisión provisional.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha advertido este mismo jueves a Puigdemont y los exconsejeros que le acompañan de que "su deber es comparecer". "En relación a las personas que no han comparecido… el deber es comparecer delante de la citación de un juez, en España o en cualquier otro país de la Unión Europea, y normalmente se cursa orden de detención si no acuden", ha explicado Lesmes, quien también es presidente del Tribunal Supremo. Lesmes ha señalado como "absolutamente normal" la rapidez con que se ha citado a declarar los exmiembros del Govern y de la mesa del Parlament, pues "ha habido una querella por delitos graves y lo que no puede ser es que se tarden semanas en realizar la citación de las personas querelladas".
Varios medios apuntan este jueves la posibilidad de que el expresidente de la Generalitat opte por entregarse a un juez belga contando con varios factores que podrían jugar en contra de su entrega a España.
En primer lugar, el político catalán sigue apelando a la supuesta "falta de garantías" para un juicio justo y escudándose en una supuesta persecución política, que nada tendría que ver con los delitos tipificados en el Código Penal de los que se le acusa. Puigdemont pude alegar miedo a que sus derechos fundamentales no sean respetados en España. El artículo 3 de la ley que regula este procedimiento establece que "la presente Ley se aplicará respetando los derechos y libertades fundamentales y los principios recogidos en la Constitución Española, en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950".
En segundo lugar, la rebelión no figura en la lista de 32 delitos que la norma europea establece como exentos de "control de la doble tipificación", es decir que ese delito esté recogido en los códigos penales de ambos países. Los jueces belgas podrían considerar que según la ley del país la conducta de Puigdemont y los demás consejeros huidos a Bélgica no es perseguible.
En cualquier caso, mientras llegan esas posibles decisiones de la justicia la defensa del expresidente hace todo lo posible para retrasar el procedimiento con la evidente intención de hacerlo coincidir con la campaña electoral en Cataluña y los comicios del 21 de diciembre, así como para seguir trabajando a favor de la internacionalización del conflicto, el objetivo que desde un principio han perseguido los secesionistas catalanes.
Por todo ello, el abogado Paul Bekaert ha explicado que centrará su estrategia en impugnar cualquier hipotética petición de extradición para su entrega a España que se pueda impulsar desde el Gobierno de Mariano Rajoy en lugar de solicitar el asilo. Bekaert, además, está agotando todas las posibilidades a su alcance para poder argumentar que su defendido no trata de escapar a sus responsabilidades sino que es el Estado español el que le pone trabas para afrontarlas. En esa estrategia se enmarca la solicitu de declarar por videoconferencia.
[Fuente: República de las ideas, Madrid, 02nov17]
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