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29oct17
La Fiscalía se querellará por rebelión contra Puigdemont y Forcadell en el Supremo y la Audiencia Nacional
La Fiscalía General del Estado presentará este lunes la querella que prepara por rebelión contra los artífices de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán. El ministerio público ha decidido este domingo que no solo registrará una querella en el Tribunal Supremo, como estaba previsto inicialmente, sino que también lo hará en la Audiencia Nacional, según ha informado 'El País'.
Ante el Tribunal Supremo, la Fiscalía denunciará a los responsables de la declaración que aún gozan de aforamiento, es decir a los miembros de la Mesa del Parlament que dieron trámite a la votación de la DUI, con Carme Forcadell a la cabeza. Junto a la presidenta destituida del Parlament, votaron a favor Lluís Guinó (JxSí), Anna Simó (JxSí), Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que es Pot) y Ramona Barrufet (JxSí). Todos ellos mantienen su aforamiento tras la disolución del Parlament porque permanecen en la Diputación Permanente.
En el caso de los no aforados, el ministerio público presentará una querella por delitos de rebelión ante la Audiencia Nacional. Esta afectaría a los ya destituidos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de los miembros del Govern.
El planteamiento inicial de la Fiscalía era presentar una querella por rebelión un delito penado con un máximo 30 años de cárcel, contra los aforados ante el Tribunal Supremo, para que la causa acabara arrastrando a los no aforados. Finalmente ha decidido actuar con dos querellas separando las causas.
El delito de rebelión, tipificado en el artículo 472 del Código Penal y siguientes, prevé penas de entre 15 y 25 años de prisión para quienes, "induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión", para "los jefes principales de ésta".
Quienes ejerzan "un mando subalterno" pueden ser castigados con condenas de prisión de diez a quince años, y los meros participantes se enfrentan a posibles castigos de cárcel de cinco a diez años.
La pena más alta, 30 años de cárcel, se plantea para aquellos jefes de rebeliones en las que se hayan esgrimido armas, causado estragos o ejercido la violencia.
El delito está previsto para aquellos que se alcen "violenta y públicamente" con una serie de objetivos, como la derogación, suspensión o modificación de la Constitución o la declaración de la independencia de una parte del territorio nacional.
Fue el delito por el que se castigó a los autores del golpe de Estado de 1981.
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 29oct17]
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