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27oct17
El Parlament proclama la independencia de Cataluña por 70 votos a favor y 10 en contra
Los diputados del PP, Ciudadanos y PSC han abandonado el hemiciclo para no participar en la votación de una propuesta de resolución que consideran ilegal por emanar de dos leyes, la del referéndum y la de Transitoriedad Jurídica, que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional. De hecho, antes de que comenzara la votación, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha recordado a los diputados que el TC alertó sobre las consecuencias penales que podrían derivarse de participar en un acto de este tipo.
Es más, el diputado de Junts pel Sí, Roger Torrent, ha pedido el voto secreto para la primera propuesta de resolución, que es la que firman su grupo y la CUP. Santi Rodriguez, del Partido Popular, le ha tenido que recordar que no se puede cambiar el sistema de votación de las resoluciones una vez empezada la votación. Y es que antes se han votado otras propuestas de resolución de grupos de la oposición que han sido, todas ellas, rechazadas.
La cuestión es que la CUP se ha sumado a la solicitud de Junts pel Sí lo que ha propiciado que Forcadell decidiera someter a votación también este asunto. El voto secreto está regulado por los artículos 97 y 99 del reglamento del Parlament y debe ser solicitado por un mínimo de dos grupos y aprobado por el pleno. Al ser respaldada la propuesta por la mayoría de la Cámara, se ha decidido proceder al voto en urna, es decir, secreto.
La propuesta de resolución contiene este contundente párrafo: "Constituimos la República catalana como estado independiente y soberano de derecho democrático y social".
En el texto presentado por JxSí y la CUP se indica que la constitución de la república catalana se "fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Cataluña". "Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, después de décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica". Tras asegurar que a raíz de la aprobación de la Constitución de 1978 Cataluña ha tenido un comportamiento "ejemplar" y "leal" hacia el Estado español, lamenta que la respuesta del Estado haya sido la denegación del reconocimiento de Cataluña como nación, concediéndole una autonomía limitada, más administrativa que política.
Además de recordar cómo se invalidó buena parte del Estatut que había sido aprobado en referéndum, apela de nuevo al derecho a la autodeterminación -que en ningún caso sería aplicable al caso catalán- y recuerda las cargas policiales del 1 de octubre, como si fueran motivo suficiente para legitimar la consulta ilegal. En ese punto, se acoge al supuesto 'mandato democrático' recibido de los votantes que participaron en el 1-O. Y, un poco más adelante, se establece la creación de una comisión de investigación sobre "la vulneración de derechos individuales y colectivos" por parte del Gobierno del Estado español en la jornada del supuesto referéndum.
La propuesta también insta a "impulsar la suscripción de un tratado de doble nacionalidad con el gobierno del Reino de España", y "dictar (…) las disposiciones necesarias para la adaptación, modificación, y inaplicación del derecho local, autonómico y estatal vigente antes de la entrada en vigor de la ley de Transitoriedad". Asimismo, plantea "promover ante todos los estados e instituciones, el reconocimiento de la república catalana" y a establecer "la relación de tratados internacionales". Concretamente, plantea la apertura de negociaciones con la UE para solicitar la adhesión, lo que viene a ser el reconocimiento de algo reiteradamente negado por el independentismo: la secesión supondrá que Cataluña quede inmediatamente excluida del club europeo.
[Fuente: República de las Ideas, Madrid, 27oct17]
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