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15oct17
Los independentistas sabían qué colegios iban a ser cerrados el 1-O
El informe de la Guardia Civil que instruye la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela sobre un delito de sedición cometido presuntamente por el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el 'major' de los Mossos, Josep Lluís Trapero, incluye un apartado en el que se transcriben las llamadas telefónicas grabadas por orden judicial a los detenidos el 20 de septiembre.
Y en ellas, los guardias que elaboran el documento constatan que el 1 de octubre los separatistas "habían montado un sistema de información que cubría los movimientos que realizaban tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía".
Con esta información, continúa el informe, los responsables del referéndum que se encontraban en cada colegio organizaban "la resistencia adecuada para evitar la entrada en el mismo y que se pudieran intervenir las urnas, en ocasiones montando barricadas, en otras colocando a ancianos y a niños en primera línea para disuadir a los agentes".
Y como ejemplo de esta organización, los agentes incluyen la transcripción de una llamada del exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal, que llama a una mujer para avisarle de que sabían que la Guardia Civil iba hacia el colegio electoral donde ella se encontraba, y que los independentistas "estaban montando un parapeto, un muro en la puerta. En 5 minutos va para allí la Guardia Civil", indica el informe, que transcribe la llamada telefónica.
Pero los agentes dan más ejemplos de este sistema para controlar los movimientos de la Guardia Civil y de la Policía. El mismo 1 de octubre, a las 17:40 horas, Joan Manel Gómez, vinculado al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT), y uno de los 14 detenidos el 20 de septiembre, llama a una persona a la que se dirige con el nombre de Jordi, y le anuncia que unos vecinos están montando una barricada para evitar el acceso de los guardias al colegio electoral: "La gente ha hecho una barricada en la entrada del pueblo, supone que esperando a que llegue la Guardia Civil".
"Vienen los guardias"
En la conversación, Joan Manel Gómez le pregunta a la otra persona si le habían dicho si iban los guardias. "Jordi le dice que les han enviado unos whatsapp diciendo que venían y que a los mossos se les ve nerviosos".
El informe también aporta otros casos concretos de gran interés, como el del Colegio de la Avenida Montserrat (Castellgalí): "Durante el transcurso del operativo dirigido a entrar en el local, un mando de los Mossos d'Esquadra allí presentes se dirigió al jefe del dispositivo de la Guardia Civil, recriminándole la actuación policial que se estaba llevando a cabo, llegando a preguntarle si la misma estaba amparada por alguna orden judicial".
Y en el CEIP El Pi Gros, de Sant Cebriá de Vallalta, los guardias encontraron allí a unas 150 personas que impedían la entrada a los agentes: "Tras realizar un primer intento de acceso al centro a las 09:00 horas, y observando la actitud violenta de los allí concentrados, se refuerza el dispositivo policial y se accede finalmente a las 12:35 horas".
Sin embargo, en las inmediaciones del lugar prestaban servicio dos Mossos d'Esquadra, que en el momento de la primera intervención, hacia las 9 de la mañana, uno de ellos, en concreto caporal (cabo) de los Mossos d'Esquadra, llegó a manifestar a un guardia civil que "no le reconocía como agente de la autoridad, y que únicamente reconocía y obedecía órdenes del major Trapero, así como tampoco reconocía al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".
En todos los casos denunciados en el sumario, la actitud de los integrantes de la policía autonómica catalana fue "totalmente pasiva", todo lo contrario que la de la Guardia Urbana de Barcelona, que sí ayudó a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
Pero el documento policial también informa de que el director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, llega a asegurar en una conversación que tras las 14 detenciones había aumentado "la contravigilancia a los que han estado expuestos".
"Como se observa", advierte la Guardia Civil, "la Generalitat utiliza a su policía autonómica para realizar funciones de protección y seguridad de sus miembros, no contra acciones de terceros que puedan infringir la ley para tratar de perjudicarles, sino contra la actuación de un juez o de una investigación policial", en referencia al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que ordenó los registros a las sedes de la Generalitat realizados por la Guardia Civil el 20 y 21 de septiembre.
"Ocultar el rostro"
En este sentido, el informe destaca que tras uno de los registros del 20 de septiembre, el letrado de la Administración de Justicia se vio obligado a reclamar "alguna prenda para ocultar su rostro", y evitar ser reconocido por las miles de personas concentradas en el exterior de la dependencia en la que se estaba realizando el registro.
Por todo ello, la Guardia Civil acusa a Trapero, que declara este lunes de nuevo en la Audiencia Nacional, de inacción en el referéndum del 1-O en Cataluña y de responder con ello a un plan premeditado "en conexión directa" con el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdedmont y Oriol Junqueras, respectivamente.
Para los agentes del instituto armado "es evidente" que esa inacción no pudo recaer en la voluntad individual de los policías catalanes, sino que "más bien respondió a un plan premeditado para evitar actuar y que no podía más que proceder de la cúpula policial de lo mossos", comandada por Trapero "y en conexión directa con miembros del comité estratégico", entre ellos Puigdemont y Junqueras.
Los 'jordis'
Después de Trapero será el turno de declarar de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, a los que también se les investiga por un delito de sedición.
Según la juez, "en la estrategia diseñada, su actividad -la de Sànchez y Cuixart-, tras la aprobación de las leyes de desconexión y de la Ley de convocatoria del referéndum, resultaba esencial para dirigir todas las sinergias independentistas en una misma dirección que culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que "comulgaba con la tesis soberanista".
También ha sido citada la intendente de los mossos Teresa Laplana, que el pasado viernes pidió declarar por videoconferencia por problemas de salud, y tres testigos: la secretaria judicial que asistió al registro de la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre, y que, ante el asedio, tuvo que salir del edificio por un teatro anexo camuflada entre el público, y dos guardias civiles.
La Fiscalía ya avanzó el mismo lunes tras la primera declaración de los imputados en la Audiencia Nacional que "velará porque en la nueva citación se aperciba a los investigados de que, en caso de no comparecer el día y hora señalados sin causa justificada, serán conducidos por la fuerza pública a presencia del juzgado".
[Fuente: Por Tono Calleja, Vozpópuli, Madrid, 15oct17]
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