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29sep17
La Generalitat se querella contra el Fiscal General del Estado a dos días para el 1-O
A menos de dos días para el 1 de octubre, el Gobierno de la Generalitat ha decidido querellarse contra el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza y contra el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, al considerar que las instrucciones dadas para impedir la celebración del referéndum están "fuera de la ley".
El consejero de Justicia catalán, Carles Mundó, ha anunciado en rueda de prensa que la primera querella será presentada ante el Tribunal Supremo (TS) y la segunda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), aunque no ha sabido concretar si ya han sido transmitidas a la autoridad judicial. El motivo esgrimido para presentar ambas querellas es la comisión de presuntos delitos de prevaricación y usurpación de funciones en el intento de frenar el 1-O.
Por otro lado, la Generalitat ha recurrido también ante el TSJC las medidas ordenadas por la magistrada Mercedes Armas -que investiga a Carles Puigdemont y a sus consejeros por el 1-O- para impedir que se celebre la consulta del domingo. El Govern considera que la orden dictada para que la Policía clausure los colegios vulnera la legalidad y no tiene fundamento jurídico.
Sin embargo, el anuncio de Mundó se ha conocido al tiempo que trascendía la instrucción interna emitida por el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en la que da orden a todas las unidades de la policía autonómica catalana para que el domingo requisen las urnas y se aseguren de que las puertas de los colegios electorales están cerradas antes de las 6 horas.
En cualquier caso, los agentes no podrán emplear las defensas policiales ante la "desobediencia pasiva" de los congregados, si bien podrán requerir el apoyo de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil si la situación se complica.
El recurso presentado por el Gobierno de Puigdemont contra la decisión de la magistrada sostiene que las medidas cautelares puestas en marcha también vulneran el principio de proporcionalidad al afectar al orden público y a los derechos fundamentales de los ciudadanos catalanes.
Mundó ha asegurado que la magistrada puede revocar su decisión tras la presentación del recurso. En caso de no hacerlo, ha dicho, "será ella la que habría de responder de los eventuales perjuicios de mantenerla". El escrito resalta el hipotético quebranto del principio deproporcionalidad por afectar gravemente al funcionamiento de los servicios públicos.
Protección de Datos
El responsable del departamento de Justicia catalán también ha salido al paso de la advertencia lanzada esta mañana por la Agencia Española de Protección de Datos, que prevé multas de hasta 300.000 euros para los participantes en las mesas electorales.
Mundó ha replicado que la Agencia Catalana de Protección de Datos es la competente en su territorio y que, en cualquier caso, los ciudadanos no pueden ser objeto de las hipotéticas sanciones porque no son titulares de los ficheros. "Es un intento de asustar a la gente a través de afirmaciones que no son ciertas", ha zanjado Mundó.
"Decálogo de violaciones"
Por otro lado, el titular de Justicia de la Generalitat también ha recitado un "decálogo" de lo que la administración catalana considera "violaciones de la legalidad contra el referéndum" por parte de un Gobierno que "se esconde detrás de las togas".
A ojos de la administración catalana se persigue por la vía penal "un hecho que no es delito". Además denuncia el despliegue de agentes policiales puesto en marcha en las últimas semanas así como la designación de un coronel de la Guardia Civil para coordinar el operativo.
Mundó también ha denunciado durante su comparecencia la intervención de las cuentas catalanas por parte del Ministerio de Hacienda así como la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional de la denuncia por sedición presentada por la Fiscalía.
Por otra parte, ha criticado "los registros sin orden judicial y la apertura de correo postal; la citación de más de 700 alcaldes; el cierre de páginas web; las amenazas a los medios y el decomiso de propaganda electoral; la prohibición y suspensión de actos políticos en Madrid y en Vitoria; y la ocultación de los motivos de las detenciones y de la ubicación de los arrestados" la pasada semana.
[Fuente: Por Diego Mospeceres, Vozpópuli, Madrid, 29sep17]
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