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24sep17
El Gobierno se prepara para la declaración unilateral de independencia
A una semana de la prevista celebración del referéndum ilegal en Cataluña, el Gobierno se prepara para hacer frente a una posible declaración unilateral de independencia. Una vez pasada la pantalla del bloqueo material de la celebración de la consulta, la siguiente es la de dicha declaración, siempre según la versión de La Moncloa.
Según esta previsión del Ejecutivo, dentro de una semana no será posible una votación uniforme y homologable en toda Cataluña y, por tanto, un recuento de votos que pueda servir para determinar claramente si una mayoría de catalanes está por la independencia. Sí habrá, según esas previsiones, una enorme movilización ciudadana alrededor de los locales previstos para la votación, muy superior a la que se ha producido en los últimos años con motivo de la Diada.
Incluso, según los informes que maneja La Moncloa, no es descartable que esas concentraciones multitudinarias se prolonguen más allá de la noche del domingo, en una especie de reedición del 15-M, pero con una organización nada espontánea y en diferentes lugares. Esa movilización se estructura a través de mensajes que, de forma capilar, se expanden, de manera que, por ejemplo, permitieron las concentraciones inmediatas el miércoles en los lugares en los que se producían las detenciones y los registros. Una versión avanzada del "¡pásalo!" de los días posteriores al 11-M de 2004.
Si eso ocurre, la información del Gobierno apunta a que Carles Puigdemont podría optar por la declaración unilateral de independencia en los días posteriores. Ese acto no tiene en sí mismo efectos jurídicos, salvo el mantenimiento de la situación de ilegalidad, prolongada a otras actuaciones, extendida en el tiempo y, sobre todo, con miles de personas en las calles. Por supuesto, el Gobierno ya ha controlado que no haya el más mínimo riesgo de reconocimiento internacional que lo valide.
Esa hipótesis se basa, por ejemplo, en la redacción inicial de borradores de la ley de transitoriedad a los que accedió el Gobierno y que hablaban en disposiciones transitorias de dicha declaración unilateral, con su entrada en vigor si no se podía celebrar la consulta. "Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento", aseguraba y el propio Oriol Junqueras advirtió de esa posibilidad en una conferencia en marzo de este año. Se basa también en la abierta presión de las CUP y las organizaciones que impulsan el referéndum y solo los más "moderados" del PDeCAT prefieren que antes haya unas nuevas elecciones catalanas con ese punto único en el programa de la declaración de independencia.
Coincide esta previsión con el análisis que hace la dirección del PSOE y la idea transmitida esta semana por diputados del PDeCAT en el Congreso.
El temor obvio es el de los actos de violencia y, por eso, el Gobierno ha desplazado los efectivos de policía y Guardia Civil a Cataluña.
Mariano Rajoy ha tratado con Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Ciudadanos) sobre las medidas a adoptar en todo momento, incluyendo la aplicación del 155. La previsión del Gobierno, según la versión que transmite a sus interlocutores, es que el uso de ese artículo de la Constitución requiere no menos de seis días, porque es preciso un plazo de audiencia al presidente de la Generalitat y un debate y votación en el Senado. Por esa razón, el Gobierno ha buscado vías alternativas para lograr los mismos efectos que con el 155 y este lunes se cumple el plazo mínimo para su hipotética aplicación antes del referéndum.
Así, la seguridad ya está 'de facto' en manos de la Guardia Civil y la Policía Nacional porque actúan como policía judicial a las órdenes de la Fiscalía y el juez. Y los Mossos intervienen también a las órdenes de la autoridad judicial. Ese control se reforzará si se abre causa en la Audiencia Nacional por sedición, según la previsión del Gobierno.
Con esa competencia el Gobierno ha podido intervenir para impedir materialmente la celebración del referéndum, incautando las papeletas y las tarjetas censales. Le queda bloquear la apertura de los colegios electorales y las urnas que, según fuentes del Gobierno, podrían estar ya controladas. Esa actuación ha sido reforzada por el Tribunal Constitucional al aplicar por primera vez y en contra de la opinión inicial del PSOE, la reforma de su ley orgánica que le permite actuar directamente para ejecutar sus decisiones. De esa forma, el Constitucional ha disuelto de hecho la Sindicatura Electoral, órgano que pretendía equipararse a las Junta Electorales para dar apariencia de legalidad al referéndum, lo que elimina cualquier apariencia de legalidad del proceso. La próxima semana, la Agencia de Protección de Datos volverá a actuar contra el uso fraudulento del censo.
La otra competencia autonómica que de hecho ha pasado a manos del Estado es la de las finanzas. Se ha hecho por la vía de la ley de estabilidad que, por cierto, fue apoyada en su momento por Convergència, hoy PDeCAT. Una orden ministerial resuelve lo que con el 155 exigiría un procedimiento largo y un debate parlamentario.
Y este viernes, el Gobierno ha dado otro pasito usando la inspección del Ministerio de Educación para controlar el uso de los colegios para apoyar la movilización ciudadana en Cataluña.
Salvo imprevistos, si esa hipótesis que maneja el Gobierno se cumpliera, sí sería posible la aplicación del 155 de la Constitución, porque ya no habría un plazo perentorio como el que hay ahora hasta el 1-O y para extender el control al resto de competencias autonómicas, más allá de las afectadas directamente por el referéndum ilegal.
El PSOE asume esta posibilidad, según fuentes de su dirección, y mantiene su idea de buscar el diálogo en la nueva comisión del Congreso, según el compromiso arrancado por Sánchez a Rajoy.
[Fuente: Por Fernando Garea, El Confidencial, Madrid, 24sep17]
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