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21sep17
El TC multa con 12.000 euros diarios a Jové y a los miembros de la sindicatura electoral
Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) han impuesto una multa como medida coercitiva de 12.000 euros diarios a los miembros territoriales de la sindicatura electoral encargados del seguimiento del referéndum del 1 de octubre por negarse a obedecer sus resoluciones sobre el 1-O. El alto tribunal también multa con 6.000 euros diarios a los miembros de las demarcaciones del órgano que debería velar por las garantías del referéndum.
Asimismo, el alto tribunal sanciona con 12.000 euros diarios al secretario general de la Vicepresidència i de Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, detenido ayer, y con 6.000, a la jefa de área de Processos Electorals, Rosa Maria Vidal, por su actuación en la preparación del referéndum ilegalizado por el mismo tribunal.
24 horas para renunciar o pagar
Los magistrados dan 24 horas desde la publicación en el BOE, es decir hasta las 10 de la mañana del próximo sábado para renunciar a los respectivos cargos o empezar a pagar las multas y se dirige a la Agencia Tributaria para que en el caso de no hacerlo ni pagar procedan a tomar las medidas necesarias para hacer efectivos dichos pagos.
Esta medida supone que, por primera vez, el alto tribunal ha aplicado la reforma de la ley orgánica que regula su funcionamiento y que le dota de la posibilidad de imponer sanciones para obligar a que se cumplan sus fallos.
Tres votos concurrentes
La medida acordad cuenta con tres votos concurrentes, lo que significa que se está de acuerdo con la medida pero no con el razonamiento jurídico, de los magistrados progresistas Fernando Valdés, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol
El Ejecutivo ha argumentado ante el TC que los síndicos están actuando para desarrollar una convocatoria suspendida, lo que incumple la anulación cautelar de su nombramiento y de la propia consulta independentista acordados por el TC. Para que cesen en su actividad el abogado del Estado pedía sanciones y, por primera vez, el TC ha ido más allá de la denuncia ante el fiscal y ha impuesto esta multa a los juristas afectados.
El Constitucional les preguntó a los síndicos, el pasado 13 de septiembre, si están o no cumpliendo la suspensión de su nombramiento que el alto tribunal acordara. Aquella oportunidad de presentar alegaciones era un primer paso antes de adoptar medidas contra los síndicos. Al no haber recibido respuesta satisfactoria, el TC incluyó esta cuestión en su orden del día del pleno de esta semana.
[Fuente: Por José María Brunet, La Vanguardia, Barcelona, 21sep17]
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