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16sep17
El Gobierno da paso a las medidas coercitivas contra la insumisión de los secesionistas
Cuando Carles Puigdemont, reciba su próxima nómina como presidente de la Generalitat, el pagador no será la Administración autonómica, sino el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro. Ese será uno de los efectos del paquete de medidas y controles a Cataluña que el Gobierno aprobó ayer en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. En cuanto se publique la orden en el BOE, el Ministerio de Hacienda será el que se haga cargo del pago de nóminas de funcionarios de la Generalitat, servicios sociales como Sanidad, Dependencia o Educación, subvenciones, inversiones no ejecutadas o deudas de proveedores.
El Gobierno ha dado paso así a las medidas coercitivas, anunciadas desde hace tiempo, pero que ahora, en plena escalada de insumisión y desobediencia legal de los independentistas, empiezan a hacerse realidad. El sistema de control de gasto aprobado por el Gobierno este viernes está previsto en la Sección «Medidas coercitivas» de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y prevé la aplicación del artículo 155 de la Constitución si se mantiene la rebeldía de la Comunidad.
La Generalitat informará la semana que viene al Ministerio de las cuantías que necesita en cada partida para que sea Hacienda la que pague directamente utilizando los recursos del sistema de financiación que corresponden a Cataluña, de unos 1.400 millones al mes, calculó el ministro Cristóbal Montoro en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El Gobierno catalán deberá informar mes a mes al Ministerio de sus necesidades.
Los tributos
De esta forma, los 167.095 funcionarios de la Generalitat, así como los 26.353 de las universidades pasarán a depender financieramente del Ministerio de Hacienda. Si se suman empresas públicas y altos cargos, el total llega a 227.578 funcionarios. Quedan fuera solo los empleados públicos de los ayuntamientos.
Los recursos del sistema de financiación que intervendrá Hacienda incluyen la recaudación de tributos compartidos (IRPF, IVA y Especiales) y también atañen a los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que ya venía controlando el Ministerio de una forma similar desde noviembre de 2015. En definitiva, Hacienda gestionará los pagos de la mayor parte de los recursos de financiación de Cataluña, aunque no todos, ya que queda fuera de este control los impuestos propios o cedidos a la Generalitat (como Patrimonio, Sucesiones o tributos creados por la administración catalana).
Vigilancia de los bancos
Estos impuestos, que suman unos ingresos de unos 250 millones al mes en palabras de Montoro, tendrán otro tipo de vigilancia. La Generalitat, al ir a la entidad financiera correspondiente a realizar un pago con estos fondos o a sacar el dinero, deberá presentar certificados firmados por la Intervención General que recojan en qué se gastará estos recursos. Junto a los interventores, serán los bancos los que vigilen que no se financie la consulta independentista. Si detectan un pago irregular, tendrán que informar al Ministerio.
Junto a ello, la Generalitat deberá congelar el resto de su gasto. Montoro dio ayer 48 horas a la Generalitat, desde que se publique el acuerdo en el BOE, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad de créditos sobre las partidas que no controlará el Ministerio, salvo si justifica razones «de urgente y extraordinaria necesidad». ¿Y si la Generalitat no cumple? «¿Qué va a pasar, que nos van a decir que no paguemos los servicios públicos, los funcionarios?», respondió Montoro para añadir que «si la Generalitat no adopta este acuerdo de no disponibilidad, el ministro lo adoptará en su sustitución».
Dicho de otra manera, la obligación aplica las medidas coercitivas previstas por la ley de Estabilidad, que en caso de no acatarse darían pie a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el que el Gobierno «podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso» de sus obligaciones. Así lo establece la Ley de Estabilidad, que se aprobó en 2012 con los votos de PP, UPyD y la propia CiU, tras la reforma constitucional pactada por los populares y socialistas.
El cerco se estrechará también sobre la deuda. Hacienda autorizará toda operación de endeudamiento a corto plazo de la Generalitat, es decir, préstamos bancarios o retirada de fondos. Antes la obligación regía para los préstamos a más de un año, pero ahora cualquier operación deberá estar sujeta a la autorización de la Intervención General. Ante la duda de si el Govern cuenta con un fondo de reptiles, como deslizó un portavoz de ERC, Montoro lo rechazó: «No nos consta». De existir, con las nuevas medidas, la Generalitat debería pedir autorización al Estado para sacar estos fondos.
Como colofón, Cataluña deberá informar por el punto Face de facturas electrónicas de los pagos a proveedores y servicios y tendrá que avisar a Hacienda de cualquier abono pendiente para que los asuma.
El paquete de medidas aprobado por el Gobierno responde a la carta del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en la que rechazaba enviar el informe semanal de gastos al Ministerio, una medida aprobada en julio para evitar que se destinaran fondos públicos a la consulta independentista. «Ni un euro va a ir a organizar una consulta ilegal», zanjó Montoro. De hecho, el ministro también apuntó que las donaciones privadas a tal fin también constituyen delito, por lo que vigilarán que no se produzcan a través del celo de las entidades financieras.
El armazón de controles que regirá ahora ya existía desde noviembre de 2015 solo sobre los préstamos concedidos por el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Hacienda paga desde entonces directamente a aquellos proveedores del FLA de la Generalitat. Ahora estos límites se extienden a la mayor parte de recursos de financiación y servicios públicos del Gobierno catalán.
El Ejecutivo, además, ha llevado a la Fiscalía la actuación de la interventora general de la Generalitat, por acatar la orden de «un superior situado fuera de la legalidad», en referencia a la decisión de Junqueras de no enviar más información a Hacienda.
En La Moncloa se quiso dejar claro que se está aplicando la ley de Estabilidad Presupuestaria, aunque el «botón» del artículo 155 de la Constitución, el que permitiría suspender competencias, puede haberse encendido. Nadie quiere adelantar acontecimientos, pero ayer era una posibilidad que ganó enteros. «Hemos acordado un sistema de control de pagos, y no afecta al ejercicio de competencias», remarcó Montoro. Desde la Generalitat, se acusó al Gobierno de aplicar el 155 por la puerta de atrás y anunció una batalla jurídica ante la UE.
Comparecencia de Montoro
El presidente Rajoy informó ayer directamente a los líderes del PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, sobre las medidas de intervención aprobadas en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Acto seguido Montoro anunció que la próxima semana comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar el alcance de este sistema de control sobre Cataluña.
Puede ser esa semana, que se presenta «intensa», según La Moncloa, cuando el Gobierno se vea obligado a tomar nuevas medidas si continúa la insumisión de los independentistas. El portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, hizo un llamamiento a la «cordura» y pidió a todos los españoles confianza en «la fuerza de la democracia».
[Fuente: Por Javier Tahiri y Mariano Calleja, ABC, Madrid, 16sep17]
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