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15sep17
El Gobierno interviene los pagos ‘esenciales’ de la Generalitat para evitar desvíos de fondos al 1-O
El Ejecutivo ha aprobado un mecanismo de control de pagos para Cataluña, de forma que el Estado pagará servicios públicos esenciales -Educación, Sanidad y nóminas- para garantizar que no se destine "ni un euro" a financiar "una actividad ilegal" como el referéndum secesionista del 1 de octubre. Aunque el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha sugerido que cada cual puede calificarlo como quiera, él ha evitado el término "intervención" aunque se le parece mucho o, al menos, es un primer paso en esa dirección.
De hecho, el Gobierno ha dado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, 48 horas de plazo -a contar desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y del Consejo de Ministros- para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad -un recorte del gasto- sobre todo el presupuesto catalán que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales. De no hacerlo, Montoro tomará las riendas de las cuentas catalanas, tal y como ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El mecanismo de control del gasto supone cancelar la transferencia mensual de 1.400 millones del sistema de financiación autonómica y se aplicará de la siguiente manera: en primer lugar, “la comunidad autónoma deberá comunicar al Estado todos los préstamos pendientes”. Por otro lado, ha continuado el titular de Hacienda, “insistiremos en que la Generalitat no pueda librar ningún tipo de pago que no esté suficientemente acreditado y trabajaremos para que no se pueda materializar ningún pago de ese tipo” y, por último, “todas las facturas de los proveedores de los servicios públicos de la comunidad autónoma deberán presentarse ante la dirección general del Estado”.
Estas tres vías de actuación, según el ministro, “son unas acciones que lo que hacen es garantizar el servicio público al máximo y están hechas a favor de los ciudadanos catalanes”. Y es que, según ha subrayado, “mientras se sigan negando a cumplir con la ley, ponen en riesgo la prestación de servicios públicos”. Por ello, el tiempo de aplicación de este control de pagos dependerá de la mayor o menor persistencia de la “excepcionalidad” instaurada por la Generalitat.
“Cada mes Cataluña está recibiendo 1.400 millones de euros por el tamaño de su presupuesto. Pero la condicionalidad es la misma, un control de legalidad. Y hay que preguntarse: ¿A quién le molesta el control de legalidad? ¿Qué cosa rara quiere hacer con el presupuesto público?”, ha detallado el ministro para justificar que, a partir de ahora, Hacienda esperará a que la Generalitat le diga qué necesita pagar y cuándo y librará el pago directamente, sin pasar por la caja de la comunidad. Este sistema no afecta a otras fuentes de ingresos como los tributos propios y cedidos, tales como los impuestos sobre patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales y medioambientales.
En definitiva, según Montoro, “el Estado sustituye a la Comunidad Autónoma no totalmente, pero sí en la mayoría de los pagos esenciales”. “No estamos sustituyendo competencias”, ha querido subrayar y cuando se le ha preguntado qué diferencia hay entre las medidas que ha acordado este viernes el Consejo de Ministros y la intervención, su respuesta ha sido: “Yo lo he llamado control de pagos, si usted lo califica de intervención, yo no lo voy a calificar, porque la prensa ya lo irá definiendo en diferentes ámbitos”. Menos prudente ha sido el PP catalán, que ha publicado un tuit proclamando directamente la intervención.
El ministro de Hacienda ha anunciado además que ha enviado a la Fiscalía la decisión de la interventora de la Generalitat de acatar la orden del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, de no informar de los gastos del Ejecutivo que preside Carles Puigdemont. Montoro ha criticado con dureza la decisión de Junqueras y ha recordado que “lo que establecimos en el mes de julio era una ampliación de las condiciones de información que ya habíamos establecido en el mes de noviembre de 2015, y lo hicimos en el mes de julio acogiéndonos a la legislación de los mecanismos de financiación del Gobierno”.
De lo que se trataba entonces como ahora era de garantizar que ninguna partida presupuestaria se destinara a la preparación y celebración del referéndum. “Esto no es admisible, ni legítimo, ni fiable”, ha dicho sobre la suspensión de los informes y ha añadido: “No podemos confiar con unas autoridades que dicen que están comprometidas con los objetivos del control de déficit, pero a su aire”. Y ha insistido, en alusión al 1-O, en que “si una actividad es ilegal, ningún euro público puede ir a financiarla, pero tampoco privado. En el sentido que no puede haber ningún privado que diga, ‘no te preocupes, que yo te lo hago’. Por lo tanto, un referéndum ilegal no puede tener ninguna financiación, sea pública o privada”.
El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha remachado la argumentación de su compañero de gabinete: “Como ha dicho el ministro de Hacienda, con estas medidas lo que estamos haciendo es preservando el derecho de todos los catalanes. Esta es la situación en la que estamos y es la situación en la que nos vamos a mover”.
La oferta de diálogo de Puigdemont, un “sarcasmo”
Por cierto que Méndez de Vigo ha tachado de “sarcasmo” y “añagaza” la nueva oferta de diálogo lanzada por Puigdemont que, según se ha sabido este viernes, ha enviado una carta al Rey y al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la que reclama negociar un referéndum. El portavoz ha rechazado que el presidente de la Generalitat pueda ofrecer ahora diálogo “a estas alturas de curso” y cuando lleva meses en una “desobediencia palmaria y continuada”. Ha recordado que Puigdemont podía haber acudido al Congreso para explicar sus planes pero esquivó esa cita en la sede de la soberanía nacional. A su juicio, “lo único que le ha interesado negociar es el referéndum, sí o sí”, algo a lo que no puede acceder el Ejecutivo porque no es competente para disponer de la soberanía nacional.
El Gobierno -ha añadido- mantiene su oferta de diálogo permanente, pero siempre en el marco de la ley como también defienden otros partidos, la comunidad internacional o las asociaciones de jueces. “Realmente es un sarcasmo venir a contar que quienes se han negado al diálogo ahora vengan a decir que quieren diálogo”, ha insistido. Preguntado por qué el Gobierno no impidió el acto de apertura de la campaña por el referéndum del 1 de octubre celebrado ayer en Tarragona con presencia de Puigdemont, Méndez de Vigo ha dejado claro que el Ejecutivo no puede prohibir ningún acto, ya que ello corresponde a las autoridades judiciales.
Montoro, por otra parte, ha anunciado que comparecerá la próxima semana en el Congreso para explicar la medida de control del gasto de la Generalitat.
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 15sep17]
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