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06sep17
La ley del referéndum enfrenta a la mayoría soberanista y a los letrados del Parlament
La Mesa del Parlament ha admitido a trámite este miércoles la ley del referéndum impulsada por JxSí y la CUP para amparar el referéndum previsto para el 1 de octubre. La decisión ha provocado tensiones con los letrados de la Cámara ya que un informe firmado por el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, advierte a la Mesa del posible delito en el que se incurriría si se aprueban las leyes del Referéndum y de Transitoriedad.
El informe lleva fecha de este miércoles, 6 de septiembre, e insiste en que las leyes de la desconexión están íntimamente relacionadas con las resoluciones del Parlament suspendidas o anuladas por el Tribunal Constitucional. Por ello, la admisión a trámite y posterior votación de ambos textos “puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales advertidas en las resoluciones”.
Los dos grupos parlamentarios independentistas, Junts pel Sí y la CUP, han presentado la solicitud para la admisión a trámite, que solo hace referencia a la ley del referéndum y no a la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, poco antes de que la Mesa se reuniera de forma extraordinaria antes de arrancar el pleno del Parlament.
En su escrito, ambas partes solicitan que, de acuerdo al artículo 37 del Reglamento de la Cámara catalana (“Las funciones del presidente y la Mesa del Parlamento son: (…) Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, de conformidad con las normas establecidas“) se proceda a “cualificar y admitir a trámite” la proposición de ley del referéndum de autodeterminación en “trámite de urgencia extraordinaria”. Fuentes parlamentarias de Junts pel Sí han explicado que esta solicitud presentada por los dos grupos independentistas es una “manera de asumir la responsabilidad política” de la admisión a trámite de esta ley.
Si bien en esta solicitud no aparece la ley de “desconexión” con el Estado, las mismas fuentes aseguran que ello “no descarta” que no se pueda aprobar en el pleno de esta semana o en el convocado de forma extraordinaria para el próximo viernes, 8 de septiembre. “Paso a paso”, señalan.
Una vez que se ha iniciado el pleno, las portavoces de los dos grupos impulsores de la alteración del orden del día, Marta Rovira (JxSí) y Anna Gabriel (CUP) han defendido su propuesta. La primera se ha acogido al “derecho interno” y al “derecho internacional” para justificar el debate que se quiere llevar a cabo contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente en el Estado español. Según Rovira, el Estado “está obligado a respetar y promover internacionalmente el ejercicio del derecho de autodeterminación de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas y porque se comprometió a ello explícitamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos“.
Gabriel ha esgrimido el argumento de que “no hemos encontrado otra manera de hacer valer la voluntad mayoritaria de este país ante un Estado fuertemente deslegitimado” que solo ha respondido recurriendo a “amenazas y prohibiciones”. Según Gabriel, la aprobación de una ley para hacer posible el referéndum del 1 de octubre ya es “una cuestión no sólo de contestar la demofobia del Estado español sino, sobre todo, un acto de dignidad colectiva“. La mayoría parlamentaria que suman los dos grupos ha impedido que prosperaran las protestas del resto de la Cámara. Todos los grupos salvo los dos que representan al independentismo han rechazado la inclusión de la ley del referéndum en el orden del día.
En nombre de Ciudadanos, ha tomado la palabra Carlos Carrizosa, que ha denunciado el atropello al que se están sometiendo los derechos de los diputados al imponer un trámite de urgencia que prácticamente silencia el debate. “Todo lo que estamos haciendo hoy aquí, con esta vulneración de reglamentos, están convirtiendo el Parlament en el TNC (Teatro Nacional de Catalunya). La han convertido en un mero teatro”.
Ferran Pedret del PSC ha recordado que “una ley, para ser legal, debe seguir unos procedimientos establecidos por la Constitución”. Y Joan Coscubiela (ICV-EUiA) ha reprochado que “el único efecto que tendrá hoy (la sesión parlamentaria) es que degradará el Parlament de Cataluña hasta cotas impensables y deslegitimará el referéndum”. “Proceso bucanero” y “cacicada” son términos que ha utilizado el portavoz para referirse a lo que está ocurriendo en la Cámara, tras hacer esta reflexión: “Esto no es democracia. ¿Son conscientes de que a partir de ahora todo el mundo que tenga mayoría en este Parlament puede saltarse las leyes y dejar en suspense los derechos del resto de grupos y de ciudadanos?”
JcSí y la CUP quieren evitar el trámite del Consell de Garanties
La inclusión de la ley del referéndum en el orden del día del Pleno se hace en aplicación del artículo 81.3 del Reglamento de la Cámara: “El orden del día del Pleno puede ser alterado si este lo acuerda, a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros del Parlamento, y cuando así lo obliga el cumplimiento de una ley. Si debe incluirse un asunto, este debe haber cumplido los trámites reglamentarios que lo permiten, salvo un acuerdo explícito en sentido opuesto, por mayoría absoluta”.
Durante su intervención, Marta Rovira ha apelado a este artículo y ha solicitado que se ponga a votación la ley, justo antes de la sesión de control, y se “garantice su substanciación hasta el final”, pasando directamente al trámite de debate y votación final del texto, sin tener que abordar el debate a la totalidad de la ley o la posibilidad de pedir dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, que ha recordado que “no es vinculante” por lo que ha admitido que hubiera sido ignorado en cualquier caso.
Pero, para “respetar el derecho de participación de los grupos”, Rovira sí ha pedido que se abra un periodo de enmiendas de dos horas; y ha recordado a los grupos que tienen la posibilidad de acudir a las vías internacionales o a los tribunales de justicia ordinarios si así lo consideran.
Por lo que se refiere a la aplicación del mencionado artículo del Reglamento, el 81.3, cabe destacar que los servicios jurídicos del Parlament entienden que de llevarse a cabo se conculcarían los procedimientos y requisitos parlamentarios inexcusables para cualquier ley. Una tesis, que a su parecer, abona también el Consell de Garanties Estatutàries.
[Fuente: República de las ideas, Barcelona, 06sep17]
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