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23jul17
El nuevo plan de Rajoy: de apelar a la legalidad a la asfixia económica del independentismo
Todo esto empezó por una cuestión de dinero. Artur Mas fue a visitar a Mariano Rajoy en septiembre de 2012 para reclamar el pacto fiscal. El ex presidente catalán quería que Catalunya recaudase y gestionase todos los impuestos devengados en su territorio. Como los vascos. El presidente español se negó y ofreció a Mas una solución mucho menos atractiva para frenar la sangría de las arcas públicas catalanas: financiación a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Cinco años después, Carles Puigdemont planea celebrar un referéndum independentista. El Gobierno central se opone a esa cita del 1 de octubre. El equipo de Rajoy se ha cansado de apelar a la legalidad y a la Constitución, de explicar cómo funciona el Estado de Derecho y de recurrir al Tribunal Constitucional. Los jueces han inhabilitado a Mas y a los ex consellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por organizar el 9N.
Pero todas esas medidas no han servido para frenar ni al independentismo ni a Puigdemont. El sucesor de Mas insiste en que la consulta se celebrará, aunque sea al margen de la legalidad española, porque el Govern ya solo responde a la legalidad catalana. El presidente de la Generalitat tampoco parece preocupado por una posible inhabilitación, aunque va con cuidado y aún no ha firmado nada que le pueda comprometer.
Ahora, a poco más de dos meses de ese 1 de octubre el asunto ha vuelto a ser económico. El Gobierno ha puesto en marcha la Operación Bolsillo, destinada a asfixiar económicamente al independentismo. La Operación Bolsillo se ha desarrollado, de momento, en tres etapas, y está dando al Ejecutivo central mejores resultados que su anterior estrategia de apelar a la legalidad.
Las penas de inhabilitación de Mas, Homs, Rigau y Ortega fueron acompañadas de multas que oscilan entre los 24.000 y los 36.500 euros, pero no se les persiguió por un delito de malversación de caudales públicos. Por eso, fue toda una sorpresa cuando el Tribunal de Cuentas anunció a finales de mayo que iniciaba un procedimiento por presunta responsabilidad contable contra los cuatro organizadores del 9N.
La idea no fue del Gobierno. El proceso arrancó a raíz de la denuncia de Societat Civil Catalana. Después se han sumado el fiscal del Tribunal y el abogado del Estado. La reclamación se eleva a 5,2 millones de euros, que es lo que se calcula que malgastaron los ex miembros del Govern en organizar aquella consulta de noviembre de 2014.
La aparición del Tribunal de Cuentas en escena abrió una brecha en el seno del Govern. A principio de julio, el entonces conseller de Empresa, Jordi Baiget, reconocía en una entrevista en El Punt Avui que podría soportar ir a prisión, pero no que se procediese contra su patrimonio. La Operación Patrimonio, la segunda fase de la Operación Bolsillo, estaba en marcha.
Puigdemont cesó a Baiget. Después otros consellers de su partido, el PDeCAT, dejaron también el Govern. Neus Munté, Jordi Jané y Meritxell Ruiz abandonaron el Ejecutivo catalán, ya sea por sus dudas sobre el 1-0, ya sea por miedo a perder su patrimonio. Fueron reemplazados por otros consellers que apoyan el procés sin fisuras.
Pero a esas alturas, el Gobierno de Rajoy ya había visto que el ataque al bolsillo es más efectivo que los llamamientos a respetar la Constitución. Por eso, el viernes lanzó por sorpresa una nueva amenaza de tipo económico: si el Govern gasta un solo euro en la organización del 1 de octubre, el Ministerio de Hacienda le cerrará el grifo del crédito, dejará de prestarle a través del FLA el dinero que necesita para pagar las nóminas de los funcionarios, las farmacias, los hospitales...
Hasta ahora, el Gobierno había defendido que no dejaría de prestar dinero a la Generalitat para no desamparar a los catalanes, pero ahora, ante la inminencia del 1-0 ha cambiado de opinión. En los últimos cinco años la Generalitat ha recibido 67.000 millones de ese fondo. En 2017, el Gobierno le prestará otros 3.600 millones.
En este nuevo escenario, Puigdemont corre el peligro de quedarse sin un euro para pagar las facturas. La amenaza gubernamental se materializará si, por ejemplo, firma el contrato de compra de las urnas. El Ejecutivo central mirará con lupa cada paso del de Puigdemont y le exigirá certificados semanales de sus compras, después de haber detectado un pago de más de 6.000 euros para financiar el referéndum, lo que va en contra de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.
La reacción inicial de Junts pel Sí ha sido la de pedir explicaciones en el congreso. ERC y PDeCAT han solicitado la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro . Puigdemont ha estallado en Twitter y ha reclamado al Ejecutivo que devuelva a los catalanes el dinero del rescate bancario o del de las autopistas de Madrid. Pero eso les servirá de poco. Rajoy ha movido la ficha de la Operación Bolsillo y ha puesto al Govern en una situación complicada. Ahora, le toca jugar a Puigdemont, quien tendrá que calcular muy bien cómo y cuándo da su siguiente paso. La partida continúa.
[Fuente: Por Leonor Mayor Ortega, La Vanguardia, Barcelona, 23jul17]
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