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21jul17
El Tribunal de Cuentas estalla contra Puigdemont
El presidente de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Felipe García, ha estallado contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de que éste tildase a la entidad de "indecente" por haber abierto un procedimiento contra el ex presidente Artur Mas y los ex consellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por organizar la consulta del 9N.
Los afectados podrían incurrir en responsabilidad contable y verse obligados a restituir de su bolsillo a las arcas públicas 5,2 millones de euros. En un comunicado, García lamenta las "descalificaciones" vertidas por la Generalitat: "Llama la atención la gravedad de las descalificaciones realizadas por la máxima autoridad de una Comunidad Autónoma contra la Institución que se limita a cumplir con el mandato constitucional y aplicar la legislación vigente".
En ese escrito, que es ya de por sí poco habitual, el presidente de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas recuerda que la entidad "es el órgano competente para instruir y resolver a través de un procedimiento jurisdiccional los daños ocasionados a los fondos públicos".
También relata que el Tribunal, que preside Ramón Álvarez de Miranda, actúa a "instancia de parte". En el proceso abierto por la consulta del 9 de noviembre de 2014, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas ha iniciado las actuaciones a raíz de la denuncia de Societat Civil Catalana a la que luego se sumaron el fiscal de la entidad y el abogado del Estado.
"El Tribunal actúa de acuerdo con su competencia y mediante el procedimiento establecido. Hasta este momento no se ha adoptado medida alguna que pueda afectar a los denunciados y será, por tanto, el Delegado Instructor quien a la vista de sus averiguaciones y de la documentación existente podrá declarar o no alguna providencia que pudiera incidir en los presuntos responsables", añade García.
El procedimiento no ha hecho más que empezar y puede alargarse meses e, incluso, años, ya que tras la instrucción, que arrancará en septiembre, puede abrirse un juicio y contra la resolución caben dos recursos, el último de ellos ante la sala de lo contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo.
[Fuente: Por Leonor Mayor Ortega, La Vanguardia, Barcelona, 21jul17]
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