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17jul17
Así actuará "en 24 horas" el Estado para impedir la compra de urnas para el 1-O
Hasta la fecha, el Tribunal Constitucional ha tomado partido contra el proceso soberanista actuando y suspendiendo a instancias del Gobierno central declaraciones, votaciones, ponencias, comisiones de estudio, partidas presupuestarias. Desde que el 23 de enero de 2013, el Parlament aprobara la declaración de soberanía, que rápidamente fue impugnada ante el tribunal, no ha habido paso desde el independentismo al que no le haya seguido la correspondiente réplica del TC a instancias del Gobierno central, por lo que la compra de urnas, el próximo martes, no producirá un efecto diferente. Probablemente, y "en 24 horas", tal y como advirtió la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, el TC volverá a actuar y la Fiscalía entrará en juego activando, por segunda vez, las medidas coercitivas que le concede la nueva ley del alto tribunal.
De hecho, la respuesta no es un secreto, y ya fue adelantada por el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en una de sus comparecencias posteriores al Consejo de Ministros. Fue el pasado 5 de mayo, justo después de conocer que el Govern había activado el proceso de licitación pública para la compra de urnas que luego quedó desierto por problemas "técnicos" de los licitantes. El ministro advirtió que si ese "anuncio del anuncio" se traducía en "hechos", la Fiscalía actuaría a instancias del TC.
La Fiscalía Superior de Catalunya actuó y presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y el ya exsecretario general Francesc Esteve. Se les acusó de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos. Aunque el concurso quedó desierto y la dirigente catalana reclamó retirarla, la querella sigue su curso ante los hechos consumados.
Pero el Govern sigue adelante, en sus trece, y comprará las urnas, esta vez por procedimiento negociado, es decir, por adjudicación directa, una fórmula igual de válida para la contratación de servicios, pero menos transparente. Aunque se desconocen los detalles del procedimiento, sea cual sea producirá efectos jurídicos similares, al devenir igualmente una contratación pública. De esta forma, el Estado iniciará, una vez se haya consumado la compra, la vía para la réplica judicial correspondiente.
En cuanto a cuál será esta vía, el Gobierno ya ha dado algunas pistas. En primer lugar, apuntan directamente y de nuevo, al Tribunal Constitucional. Así, hace apenas unos días, fuentes del Ejecutivo aseguraban que la empresa o empresas que vendan las urnas al Govern para la celebración del referéndum del 1-O no podrán cobrarlas y, además pueden enfrentarse a responsabilidades legales.
Desde el Ejecutivo de Rajoy se remiten constantemente al TC como cauce al que acudir contra cada paso de los independentistas, y en el caso de las urnas recuerdan que las partidas de los presupuestos catalanes (la famosa disposición adicional 40) para este propósito están suspendidas por el alto tribunal. Las mismas fuentes insisten en que el Gobierno utilizará la vía del Tribunal Constitucional, y no otras, para responder los pasos que pueda ir haciendo la Generalitat y el Parlament para hacer realidad el referéndum.
Y en ello ha vuelto a insistir hace solo unas horas el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. En una entrevista en el diario El Mundo, cuando le preguntaban sobre las respuestas al desafío independentista, volvía a descartar caminos como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la asunción del mando de los Mossos d'Esquadra para impedir que se celebre la jornada de votación, ni aplicar la ley de Seguridad Nacional, algo que sólo se ha hecho una vez en democracia, como consecuencia de la huelga de controladores aéreos de 2010.
El TC parece ser la clave, ya que en febrero de este año advirtió de que actuaría no sólo en contra de cualquier paso de la Generalitat encaminado a celebrar el referéndum, sino también en contra de las empresas que colaboren para alcanzar ese fin. Moncloa puso el foco sobre ellas horas después de que el Ejecutivo catalán anunciara que tenía intención de licitar la compra de 8.000 urnas para la consulta. El TC citó en su resolución a "dirigentes políticos", "funcionarios" y también a "las empresas".
En febrero de este año, el tribunal anulaba la hoja de ruta aprobada por el Parlament en el mes de octubre, resolución que acordaba celebrar el referéndum sobre la independencia de Catalunya en 2017, y autorizaba a la Fiscalía a abrir una nueva vía penal contra la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell y a proceder contra cuatro miembros de la Mesa.
La resolución incluso iba más allá al advertir directamente al president Puigdemont de las consecuencias, incluso "penales", de una posible desobediencia en este sentido, y le instaba a "abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento" a la resolución aprobada, y de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esos apartados de dicha Resolución".
En todo caso, está por ver qué pasa concretamente el martes y si la cosa va realmente más allá de un nuevo anuncio o se dan a conocer los preceptivos pasos para el procedimiento de compra, con el necesario informe jurídico y el pliego de cláusulas del contrato correspondiente. También habrá que estar atentos a quién aparece como firmante del acto jurídico que supondrá el inicio de la compra de las urnas por parte del Ejecutivo catalán.
Los últimos cambios en el Gabinete de Puigdemont y las condiciones impuestas por el vicepresidente republicano, Oriol Junqueras, presuponen que la primera decisión en firme encaminada hacia la celebración del 1-O serán colegiadas, por lo que en el contrato de compra podría aparecer las firmas de todo el Govern. Aunque con la remodelación del Govern, las competencias de procesos electorales pasan a la vicepresidencia de Junqueras, este explicó "todos los miembros del Govern acordarán conjuntamente y firmarán los acuerdos necesarios para que los catalanes voten el 1 de octubre".
En ese caso, es fácil presuponer que en las sucesivas querellas que se deriven, una vez anulado el procedimiento público por parte del TC, se sucederán las respectivas querellas por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos, los mismos cargos que ya pesan contra Meritxell Borràs y Francesc Esteve.
[Fuente: Por Luis B. García, La Vanguardia, Barcelona, 17jul17]
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