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03abr17
La Fiscalía vigila todos los movimientos de la Generalitat para ir a la desconexión
La Fiscalía ha aumentado su labor de vigilancia sobre las medidas de gobierno y sobre la producción normativa de las instituciones catalanas para frenar el avance de los proyectos independentistas. Esta información, que publica este lunes 'La Vanguardia', conecta con otra de 'El País' que afirma que el ministerio público envió el viernes a la Guardia Civil a una veintena de empresas tecnológicas para recabar información.
La fiscalía quiere conocer los contratos de consultoras y de empresas de ciberseguridad sobre los contratos con la Generalitat para levantar dos de las estructuras del futuro Estado catalán: los servicios de inteligencia y la agencia tributaria. Las empresas -afirma el diario- disponen de ocho días para entregar a la Guardia Civil toda la información de que dispongan sobre estas adjudicaciones. En caso de no hacerlo en tiempo y forma, se les advierte de que pueden incurrir en delitos de desobediencia y de malversación de caudales públicos.
El requerimiento reclama notificación de cualquier contrato que sea de interés para la investigación, incluso aquellos datos que conozcan de acuerdos del Ejecutivo catalán con compañías de la competencia. Pero no sólo eso. También se exige a las empresas que identifiquen a las personas de su nómina que estén involucradas en el proceso y al responsable de la Generalitat que "contrató, supervisó y mantuvo los contactos" con los jefes de los proyectos o personal contratado para desarrollar los servicios en cuestión.
'La Vanguardia', por su parte, asegura que la nueva estrategia puesta en marcha implica que ya no es necesario esperar a las resoluciones del Tribunal Constitucional para impulsar la apertura de diligencias contra quienes promuevan acciones de respaldo de los proyectos de ruptura entre Cataluña y el Estado español. La primera consecuencia de este cambio sería que a los delitos de desobediencia y prevaricación, de los que la Fiscalía venía acusando a los dirigentes que han incumplido las resoluciones del TC, se podría añadir ahora el de malversación de fondos públicos.
En dicha información se recuerda que la Fiscalía del Estado ya estuvo a punto de incluir la malversación entre las acusaciones a los imputados por el 9-N, en especial en el caso de Francesc Homs, juzgado en el Tribunal Supremo (TS) por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación. Si al final los fiscales no acusaron por este delito fue porque no quisieron contemplar un tipo penal que lleva aparejada pena de prisión.
'La Vanguardia' sitúa al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al frente del nutrido grupo de fiscales que analiza prácticamente a diario la información disponible sobre los movimientos del Govern y el Parlament con el fin de impedir que se lleven a cabo actuaciones de desarrollo de los anunciados planes de desconexión con España. Ya en marzo del 2016, Javier Zaragoza, que entonces era fiscal jefe de la Audiencia Nacional, abrió dos investigaciones sobre los pasos administrativos que había dado el Govern para levantar los servicios de inteligencia y la Agencia Tributaria para un futuro estado catalán. Esta investigación ha sido prorrogada por Maza. Una de las actuaciones que se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía es el registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior porque existe la sospecha de que tenga relación con la celebración del referéndum.
[Fuente: República de las ideas, Madrid, 03abr17]
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