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19dic12
Artur Mas ya tiene hoja de ruta: referéndum en 2014, más 'embajadas' y blindar la lengua
Fumata blanca para Artur Mas. Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) alcanzaron ayer un acuerdo de legislatura para garantizar la gobernabilidad de la Generalitat, tras una segunda reunión entre el president en funciones y el líder republicano, Oriol Junqueras. Todos cedieron y todos ganaron. Es decir, todos contentos. El calendario está claro ahora: el próximo viernes, Mas será investido president; el día 24 firmará el decreto de nuevo Gobierno; y el día 26, o el 27, tomará posesión el nuevo Gabinete, en el que se prevén cambios sustanciales.
Fuentes cercanas a las negociaciones admitieron a El Confidencial que el tira y afloja entre los dos partidos fue "muy duro". Mas se encontraba entre la espada y la pared. La negativa del PSC a un acuerdo de legislatura le dejó prácticamente en brazos de Esquerra, ya que con su tradicional socio, el Partido Popular (PP), los puentes están rotos. En esta tesitura, CiU partía con la desventaja de que necesitaba el acuerdo, mientras que Esquerra negociaba con la fuerza que le dan sus 21 diputados y el ser la segunda fuerza parlamentaria, además de saber que con socialistas y populares no cabía pacto posible.
En el acuerdo firmado, los dos partidos se comprometen a realizar una declaración de soberanía del pueblo de Cataluña en el primer pleno ordinario de la próxima legislatura, además de aprobar una ley de consultas y abrir diálogo con el Gobierno central para que permita celebrar un referéndum independentista en 2014, "con la excepción de que el contexto socioeconómico y político requieran una prórroga. En todo caso, la fecha será pactada, como mínimo, por las dos partes firmantes". Para ello, se creará el Consejo Catalán para la Transición Nacional "como órgano de impulso, de coordinación, de participación y de asesoramiento del Gobierno de la Generalitat en relación con las actuaciones del proceso de consulta y transición nacional y con el objetivo de garantizar su impulso y su materialización". Ese año tiene un significado especial, ya que se cumplirán 300 años de la conquista de Barcelona por las tropas de Felipe V. Fue el 11 de septiembre de aquel año, fecha que quedó incorporada al calendario de Cataluña como la Diada, el día patriótico por excelencia de la comunidad.
Era la propuesta estrella de CiU y de ERC; la discordancia la provocaba la fecha de su celebración. Los republicanos consideraron que el año 2014 era inamovible, aunque los convergentes querían dejar en el aire el día de la consulta. Este fin de semana, el líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, quemó su último cartucho para evitar atarse a una fecha, argumentando que en la resolución parlamentaria que habían aprobado CiU, ERC e ICV se preveía la celebración del referéndum "preferentemente" durante la legislatura que ahora comienza, lo cual no quería decir que fuese "obligatoriamente".
Pero Esquerra apretó mucho en este tema. Al principio, había previsto exigir que el referéndum fuese en 2013, pero tanto por la premura de tiempo (es preciso aprobar antes la ley de consultas, ya que con las leyes vigentes no se puede convocar) como por el significado de 2014, acordó posteriormente que ese es un buen año para convocar la consulta por la independencia. A la postre, Oriol Junqueras le ganó por la mano a Duran Lleida, consiguiendo la luz verde del mismísimo Artur Mas.
La estrategia antes del pacto
Antes del acuerdo, ERC ya había jugado a pactar. A primera hora de la tarde, los restantes partidos de la oposición (PSC, PP, ICV y Cuitadans) presentaron en el Parlamento catalán una instancia para poner en marcha de nuevo las comisiones de investigación sobre las cajas de ahorro y sobre la sanidad. Esquerra, como buen socio, ya se había desmarcado del tema y no suscribió las peticiones de los restantes grupos parlamentarios.
Esta circunstancia da una idea de por dónde irán los tiros durante los próximos cuatro años: los republicanos no molestarán a los convergentes y, a cambio, podrán presumir ante su electorado de haber forzado a CiU a recular en algunos temas. No fue la única concesión de los convergentes. El Gobierno catalán aprobó en su última sesión, celebrada ayer mismo, un nuevo impuesto sobre los depósitos bancarios, otra de las reivindicaciones de ERC. Era un guiño a los republicanos, ante la decisiva reunión que Mas y Junqueras iban a celebrar horas más tarde. Para el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, la larga mano de Junqueras se adivinaba tras la decisión del Gobierno catalán en funciones. Es más, acusó al líder republicano de ser "el president en la sombra".
Un impuesto que había rechazado Convergència
Se da la circunstancia de que Convergència había rechazado el establecimiento de ese impuesto en la anterior legislatura, cuando se discutió en el pleno. En aquel momento, Mas se apoyaba en el PP para poder sacar adelante sus medidas. Pero ahora las circunstancias son diferentes y CiU necesita perentoriamente el apoyo de ERC para poder gobernar, por lo que, o traga, o se encuentra en una precaria minoría para gobernar los próximos cuatro años. Además, tras las negociaciones de CiU y ERC, apuntan fuentes nacionalistas, se deja la puerta abierta a modificar el impuesto de sucesiones (que sólo afecta a las 500 familias más ricas de Cataluña) o a contemplar el establecimiento de tasas o impuestos que graven capitales o grandes fortunas.
Paralelamente, el Gobierno catalán ha solicitado al Consejo de Garantías Estatutarias un dictamen sobre las tasas judiciales que prevé el Ministerio de Justicia que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón. Si este organismo considera que esas tasas invaden competencias de Cataluña, la Generalitat llevará el asunto al Tribunal Constitucional.
Una estrategia dura
La estrategia de Cataluña, a partir de ahora, será muy clara: aprobar leyes e impulsar iniciativas que interesen a Cataluña como nación, yendo más allá de la propuesta electoral de Mas de, simplemente, "crear estructuras de Estado". Evidentemente, ello provocará máxima tensión con el Gobierno central, pero tanto en ERC como en el núcleo duro de Convergència se parte de la base de que el Gobierno de España aprieta tanto que ahoga y de que o Cataluña toma sus propias medidas para salir adelante, o "desaparece". "No podemos seguir en España. Cataluña ha de tener los instrumentos suficientes para funcionar por sí misma, sin el encorsetamiento del Estado, ha de marcar su propia hoja de ruta", señala una fuente convergente.
Las fuentes consultadas echan en cara al Ejecutivo central que no sólo está empeñado en una "recentralización del Estado", invadiendo competencias de las comunidades, sino que, además, margina a Cataluña en sus planes. Uno de los argumentos más recurridos es el del expolio fiscal. Según los estudios que han realizado varias instituciones, el déficit fiscal de Cataluña con el Estado es de 16.000 millones de euros al año, es decir, 16.000 millones de euros que salen de impuestos recaudados en Cataluña y que no vuelven en forma de inversiones, ya sean sociales, financieras o estructurales.
Pero, además, acusan al Gobierno central de incumplir sistemáticamente las inversiones en infraestructuras que había firmado hace algunos años. A los 960 millones de euros que se le reclamaban de las inversiones que tenía que haber hecho en 2009, hay que sumar ahora otro pico, con lo que las deudas de infraestructuras comprometidas podrían alcanzar los 1.600 millones de euros el próximo año. Según Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, para el próximo año se deberían invertir 1.990 millones en esta comunidad (el equivalente al 18% del PIB), pero sólo se han presupuestado 1.262 millones, por lo que el déficit aumentará en 728 millones. Valls afirmó este lunes que, en cinco años, la deuda acumulada del Estado con Cataluña en materia de infraestructuras se eleva a 2.658 millones de euros, al incumplir reiteradamente la disposición adicional tercera del Estatuto, que preveía unas inversiones en Cataluña proporcionales a su peso en el PIB español durante siete años.
La 'guerra' de la lengua y más embajadas
A las diferencias numéricas, hay que añadir la tensión que ha supuesto la ley de educación que ha anunciado el ministro José Ignacio Wert, la cual, advierten los nacionalistas, invade competencias y relega al catalán a "la cuarta división, dejándolo como idioma residual". Esta ley, de aprobarse, dinamitaría el actual sistema de inmersión lingüística, considerado como uno de los grandes logros de la comunidad durante las últimas décadas. "El sistema catalán es uno de los mejores del mundo y ha sido alabado incluso desde la UE. Se ha demostrado que funciona, y funciona bien. Además, los niños catalanes son los que mejor nota sacan en castellano, con una media superior a comunidades monolingüísticas, como Castilla. Por tanto, la inmersión lingüística seguirá aplicándose", señala una fuente de Convergència.
La guerra de la lengua va emparentada con la intención de los nacionalistas catalanes de reforzar todos sus signos identitarios. Durante la pasada legislatura, Artur Mas se avino a cerrar algunas de las embajadas de la comunidad debido a la presión del PP, pero ahora ERC quiere potenciar de nuevo estas embajadas, posición en la que coincide con CiU.
[Fuente: Por Antonio Fernández, Barcelona, El Confidencial, Madrid, 19dic12]
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