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09ene05
Las 507 cajas de la discordia.
Son 507 cajas de un total que sobrepasa las 20.000. Los legajos que reclama la Generalitat de Cataluña son poco más del 2,5% de la documentación almacenada en Salamanca dentro del Archivo General de la Guerra Civil. En esas cajas se encuentran los fondos que pertenecieron a la Generalitat (entre los que se encuentran algunos documentos fundacionales de dicha institución) y que fueron expoliados por las tropas de Franco cuando entraron en Barcelona en enero de 1939.
Ahora, una comisión de expertos ha elevado un informe al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recomendando su restitución. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunció el 28 de diciembre que la decisión está tomada y que sólo falta un dictamen jurídico sobre el procedimiento a seguir. La noticia ha desencadenado una agria polémica. "Se ha dejado pudrir la situación", comenta al respecto Borja de Riquer, uno de los 17 miembros de esa comisión que aprobó con 14 votos afirmativos y 3 abstenciones el informe, y añade: "Nunca se encargó un estudio para ver qué se podía hacer con ese archivo". Rosa López Alonso, representante de la Asociación de Archiveros de Castilla y León, muestra su pesadumbre: "Toda esta polémica está haciendo daño a los archivos en general. Ojalá termine cuanto antes".
En el informe también se pide, en compensación, que el centro de Salamanca reciba la dotación que necesita para acometer una ampliación cuyas líneas generales se detallan en el mismo documento. La idea es concentrar en Salamanca una enorme cantidad de información relacionada con la represión franquista que ahora se encuentra dispersa en dependencias militares y archivos de toda España. En cuanto a los legajos de la Generalitat, quedará en el archivo copia autentificada de cada uno de los papeles.
El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, del Partido Popular, ha mandado vallar por lo pronto la entrada del edificio donde se encuentran depositadas las 507 cajas de la discordia y las Cortes regionales han aprobado una Ley de Archivos y otra de Patrimonio Cultural con las que pretenden "blindar" la situación.
El informe de los expertos no ha servido, pues, para poner fin a esta asperísima polémica que dura ya casi diez años y que se remonta más lejos aún. En marzo de 1995, la ministra de Cultura, Carmen Alborch, anunció que iba a devolver los papeles a la Generalitat. El alcalde de Salamanca por aquel entonces, el socialista Jesús Málaga, respondió convocando una manifestación en la plaza Mayor de la ciudad a la que asistieron más de 55.000 personas. La polémica fue subiendo de tono en los años posteriores y las sucesivas comisiones convocadas durante la etapa de gobierno del PP por las ministras Esperanza Aguirre y Pilar del Castillo no sirvieron para apaciguar los ánimos. Antes, en marzo de 1980, Manuel Fraga ya presentó en el Congreso una proposición no de ley que instaba al Gobierno de Adolfo Suárez a devolver la documentación de la Generalitat.
La diferencia ahora es que este último grupo de expertos ha aconsejado que las cajas se devuelvan a sus propietarios originales. Para Federico Mayor Zaragoza, presidente de la comisión, resulta "justo y legítimo restituir la documentación". "Nuestras conclusiones se basan en principios, en los mismos principios que mantuve mientras me encontré al frente de la Unesco. Las obras de arte y los documentos incautados deben restituirse a sus legítimos propietarios siempre que sea posible. La institución o país que cumple con su deber de devolución tiene que ser compensada con copia exacta del original o con parte de las obras devueltas".
El problema al que se han enfrentado los expertos de la comisión ha sido el de defender un archivo que, como escriben, es un "referente insustituible en la configuración de la memoria histórica de los españoles" y que, por tanto, se trata de "un bien social y cultural digno de la mayor protección" y ante el que "deben tomarse medidas que eviten que la restitución de documentos incautados produzca menoscabo en su integridad" y, al mismo tiempo, "buscar la forma de dar justa respuesta a las reivindicaciones legítimas" de la Generalitat de recuperar sus papeles.
"Las conclusiones a las que se ha llegado con estos documentos no son extrapolables", explica Tomás de la Quadra-Salcedo, jurista, ex ministro socialista y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III. "La Generalitat fue restablecida como tal en la transición mediante una norma con rango de ley. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con el Gobierno vasco: no hay continuidad entre el actual y el de la etapa previa al franquismo. El hecho de que se restableciese la Generalitat implica que también hay que reintegrar a esa institución todos los documentos que le pertenecen". Pero ése sería el único caso en el que se puede justificar la devolución de papeles.
"Si un ayuntamiento reclamara documentos incautados de su archivo durante la guerra", continúa De la Quadra-Salcedo, "es verdad que el principio archivístico de procedencia opera de su parte. Pero nunca serían documentos fundacionales, así que la posible tensión entre esa procedencia y la función pública que los documentos cumplen en el Archivo General de la Guerra Civil favorecería al actual depositario". A propósito de los partidos políticos, "hubo una ley específica y ese asunto parece que está cerrado", y en el caso de los sindicatos, "el plazo de reclamación de los originales puede llegar a ser de seis años y, si se hizo cuando pudo hacerse, es decir, después de la promulgación de la Constitución, el plazo terminó en diciembre de 1984". De la Quadra-Salcedo insiste también en tener en cuenta que "estas 507 cajas se van a ceder de un ente público a otro y que por tanto se respeta la Ley de Patrimonio Histórico. En caso de que un particular o una asociación privada quisiera interponer reclamaciones, esta misma ley bloquearía la devolución".
Es el dictamen jurídico el que produce reparos en los miembros de la comisión que no se pronunciaron afirmativamente. "No hubo votación del informe jurídico", comenta Julio Valdeón, el historiador designado por la Junta de Castilla y León para la comisión. "Era nuestra tercera reunión y se nos pidió que nos diéramos prisa porque había que terminarlo todo antes de final de año, y no pudimos leer el último informe. Tuvimos que conformarnos con un resumen que nos hizo sobre la marcha el profesor De la Quadra-Salcedo".
"Estoy decepcionado radical y absolutamente con el señor Mayor Zaragoza, que sólo vino a la tercera reunión y no prestó ninguna atención al mínimo rigor formal. Ha sido una encerrona y una farsa", dice Eugenio García Zarza, representante en la comisión por el Ayuntamiento de Salamanca. Para Antonio Morales Moya, que ha representado a la Universidad de Salamanca, la decisión ha sido "una mala solución". "En el aspecto político habría que haber buscado un acuerdo que hubiese satisfecho a todas las partes. En lo técnico, no se quiso valorar que una comisión de la Unesco defendió en un informe para casos similares que se debe conservar la integridad de los archivos para que sirvan de testimonio de la represión".
"Decir que la comisión de expertos era una comisión de adeptos supone ignorar cuál ha sido nuestra conducta", dice Juan Pablo Fusi, catedrático de Historia Contemporánea en la Complutense de Madrid, y Borja de Riquer comenta que los documentos de la Generalitat "proceden de cientos de incautaciones distintas en 17 provincias y se llevaron a cabo de forma caótica muchas veces". Y por eso considera que "la unidad no está en los propios documentos; la única unidad es que se encuentran ahora en el mismo edificio".
"Los que no quedaron satisfechos acuden a razones de procedimiento para formular sus críticas, pero hubo debate y el informe es muy preciso", explica Joan Rigol, ex presidente del Parlamento de Cataluña, para luego referirse al futuro: "El centro de Salamanca está en un punto de partida envidiable para convertirse en una referencia de proyección internacional". Rosa López Alonso recuerda que no sólo hay que preservar los documentos en los que se basó la represión, sino también los que ésta produjo, y hay que hacerlo correctamente en beneficio de las víctimas del franquismo y de sus familiares.
Antonio González Quintana, archivero y ex director del Archivo de Salamanca, refiere algunos episodios por los que han pasado otros papeles. "A la familia de Primo de Rivera se le devolvió documentación que llegó a Salamanca desde Madrid. Estos papeles probablemente procedían de una incautación previa de las autoridades republicanas a la familia del líder falangista". Cuando la guerra terminó, "un gran volumen de documentos se trasladó de Salamanca a Madrid, donde se proyectó un Archivo Histórico de la Guerra de Liberación que terminó incorporándose al Archivo General Militar que hoy se encuentra en ávila". Pero existen también papeles que se encuentran "en el limbo administrativo, fuera de reglamentación". "Es el caso de muchos juicios sumarísimos de aquella época, que están repartidos por todas partes y mal conservados. Si se juntara todo esto con los papeles que salieron de Salamanca para la Causa General y otros depósitos, el volumen de documentación del nuevo archivo sería mucho más del que tienen ahora".
Pero eso será el futuro. El presente es mucho más complicado y la discordia no cesa. De hecho, el profesor Morales Moya teme que los problemas no hayan hecho nada más que empezar. "¿Usted cree que tal como siguen las cosas las cajas van a salir del archivo así sencillamente?". ¿Será entonces necesario que el Gobierno tenga que mover a la policía...? "Esperemos, por el bien de todos, que nunca lleguemos a ese punto".
[Fuente: Por Andrés Padilla, El País, Madrid, Esp, 09ene05]
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