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28nov12
La venta de Banco de Valencia cuesta cerca de 8.500 millones a las arcas públicas
Un año y una semana después de intervenir el Banco de Valencia por insolvencia, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se ha desprendido de la quebrada filial de Bankia, que ha sido comprada por La Caixa. Pero el precio pagado a cargo de las arcas públicas ha sido muy caro: cerca de 8.500 millones en ayudas procedentes del Estado y de Bruselas, parte de las cuales son a fondo perdido.
Aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, como antes hiciera su predecesora, Elena Salgado, haya reiterado en numerosas ocasiones que el rescate de la banca no costará nada al contribuyente, lo cierto es que el último banco nacionalizado va a salir caro al ciudadano. El FROB, que intervino el Banco de Valencia el 21 de noviembre de 2011, le prestó en primer lugar una línea de crédito de 2.000 millones para garantizar la posible retirada de dinero de sus depositantes.
A la vez, aprobó una inyección de capital público de hasta 1.000 millones, que finalmente se ejecutó el pasado mes de junio tras la autorización por parte de la Junta general de accionistas. Y ahora, ha decidido concederle otros 4.500 millones para convencer a alguno de los potenciales compradores de la bondad de la compra. Esa liquidez en forma de recursos propios procede del rescate de la Unión Europea que, por tanto, tendrá que ser devuelta pasados unos años.
Esos 5.500 millones totales solo le servirán al FROB para que el Estado se quede con cerca de un 10% del Banco de Valencia, que en febrero del próximo año pasará a manos de La Caixa. Una contraprestación muy cara para el contribuyente, pero la única viable para evitar la liquidación de la filial de Bankia. Según indican fuentes financieras, el Banco de España no había recibido ninguna oferta vinculante con la excepción de la caja catalana, pese a ofrecer hacerse cargo de las pérdidas futuras de la cartera de crédito.
Es decir, pese a ofrecer un Esquema de Protección de Activos (EPA) sobre la casi totalidad de la cartera de crédito, que asciende a 15.200 millones a 30 de septiembre. O lo que es lo mismo, el mismo sistema que el organismo supervisor propuso en la subasta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que finalmente solo recibió una oferta compradora: la de Banco Sabadell. El importe neto de la EPA concedido a La Caixa no se ha hecho público, pero puede ser de más de 1.000 millones, ya que cubre el 72,5% de las minusvalías de una cartera que no se ha determinado.
La negativa de BBVA, de Banesto y de Bankinter a poner encima de la mesa una propuesta de adquisición vinculante se explica porque, pese a esa garantía sobre la posible morosidad de los créditos, la evolución de los negocios ordinarios también es negativa. Banco de Valencia registra pérdidas en su actividad tradicional de las oficinas, por lo que el riesgo no cubierto es grande, según indican fuentes conocedoras de las cuentas de la entidad participada años atrás por Bancaja.
Liquidación y rentabilidad
Por ese motivo, la pregunta es ¿por qué el Banco de España no ha optado por liquidarlo? La respuesta es que la factura sería más cara debido a que el FROB debería devolver los 11.500 millones de dinero de la clientela y los 6.400 millones depositados en bancos centrales y en entidades de crédito. Fuentes bancarias indican que "habría un grave problema de financiación" porque, además, la entidad tiene que hacer frente a deuda subordinada -preferentes y obligaciones- por importe de 415,8 millones.
Sin embargo, la operación puede ser rentable para La Caixa. La entidad va a recibir Banco de Valencia totalmente recapitalizado gracias a esos nuevos 4.500 millones. Una cifra que supera en 1.038 millones las necesidades adicionales de capital -3.462 millones- detectadas por Oliver Wyman en su reciente test de estrés sobre la banca española. Ese sobrante lo podrá destinar a pagar los 1.000 millones de ayudas públicas que recibió Banca Cívica y que ahora tiene que devolver La Caixa.
Además, la institución quedará limpia de los activos adjudicados y préstamos inmobiliarios fallidos, ya que el 90% de toda esta morralla (5.500 millones brutos) se traspasará al banco malo o Sareb. Una entrega de activos tóxicos que hasta puede ser favorable al comprador debido a que el precio de transferencia será en línea o incluso ligeramente superior al fijado por Oliver Wyman en sus tasaciones.
De todo ello se encargará el equipo de Fainé y Juan María Nin a partir de febrero, fecha en la que está previsto que se hagan con la gestión del Valencia. En ese momento, tendrán que decidir si lo someten a un nuevo ajuste de capacidad tras el cierre este año de 70 oficinas y la salida de hasta 485 personas. Será apenas un año después de haber afrontado con más problemas de los previstos la integración de Banca Cívica.
[Fuente: Por Agustín Marco, El Confidencial, Madrid, 28nov12]
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