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05may07
Zapatero ha engañado las victimas con promesas que no ha cumplido.
El Proyecto Ley de la Memoria Histórica sigue inmovilizada en el Congreso de los Diputados por no llegar a un acuerdo compartido con los socios preferentes del Gobierno, ERC e IU-ICV. La discrepancia principal sigue siendo la anulación de las sentencias dictadas por el franquismo; los alemanes lo hicieron en 1998. "Si Alemania pudo hacerlo, ¿por qué España no?". Dice Joan Tardà (ERC) El Gobierno sigue como táctica de culpabilizar más las víctimas que los verdugos, ya que todos los Proyectos hasta ahora propuestos van en esta dirección. Por ejemplo, según el Boletín Oficial de las Cortes Generales, 5 de septiembre de 2006, establece medidas proteccionistas a favor de los militares que intervinieron, jurídicamente, en los famosos juicios Sumarísimos de Guerra: Los nombres de estas personas serán protegidos por la Ley, sorprendente ¿no?. Cosa que pone en evidencia el principio más fundamental de los Derechos Humanos, que es "el respeto a la vida". Derechos que fueron pisoteados durante 37 años con toda impunidad por estos ilustres juristas. Este "Proyecto de Ley" no cierra heridas sino las abre. Con esta resolución el gobierno es más complaciente con los verdugos que con las víctimas.
Con referente la modificación de indemnizaciones adoptadas a favor de quienes acrediten haber sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios o Batallones Disciplinarios, durante tres o más años, tuvieran cumplida la edad de sesenta años en 31 de diciembre de 1990, tendrán derecho a percibir por una sola vez una indemnización de acuerdo con la siguiente escala:
- Tres o más años de prisión 6.010.12 euros
- Por cada tres años completos adicionales 1.202.02
Esta prestación tampoco responde lo que esperaban las víctimas, pues se limita ampliar dicha prestación a quienes quedaron marginados en 1990 por no tener la edad de sesenta y cinco años requerida anteriormente.
Lo que me sorprende de esta propuesta que no se tenga en cuenta los que sufrieron (como yo) veinte años de cárcel. Al margen del sufrimiento de estar tantos años privados de libertad, nos vimos obligados a trabajar en prisión cobrando un salario de miseria para no morir de hambre. Algunas de aquellas explotaciones eran empresas privadas, que tenían el apoyo incondicional de la Dirección General de Prisiones, es decir, el Estado.
A pesar que el Ministro del Trabajo, José Antonio Giron, como se venia diciendo en la prensa franquista que los presos tenían los mismos derechos que los obreros libres, pero la realidad demuestra que nunca fue así.
Durante la transición con el pacto "del borrón y cuenta nueva", se paso de la dictadura a la democracia en puntillas, ignorando los problemas sociales. No se tuvo ni tan siquiera en cuenta el momento de valuar las pensiones, los cuantiosos beneficios que obtuvo el Estado por la explotación de los presos, lo suficiente para resolver con creces este litigio. Desde el momento que el Gobierno democrático reemplazó la dictadura, debía haber otorgado pensiones contributivas que era lo mínimo que podía haber hecho, pues se trataba de nuestro dinero, ganado con el sudor de nuestra frente.
Actualmente percibimos el SOVI como compensación por veinte años de trabajos forzosos.
La mayoría de los expresos explotados han muerto, actualmente, quedan pocos sobrevivientes que poblaron aquellos tenebrosos establecimientos: "San Miguel de los Reyes (Valencia), Alcalá de Henares, Burgos, Dueso (Santander), Reformatorio de Adultos de Ocaña, etc." Lugares que se hicieron famosos a causa del hambre y malos tratos.
Seria hora que la Comisión Interministerial tuviera en cuenta este problema humano antes que los símbolos.
[Fuente: Por Juan Busquets, Picauville, Fra, 05may07 vía AFARIIREP]
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